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Bolivia enfrenta perspectivas favorables de reforma económica y social

Bolivia enfrenta perspectivas favorables de reforma económica y social

Nuevo reporte explica por qué es improbable que endeudamiento, resiones externas cambien programa del gobierno

Para publicación inmediata: 13 de marzo, 2006

Contacto: Lynn Erskine, 202-293-5380 x115

Washington, DC:  El nuevo gobierno boliviano, encabezado por el presidente Evo Morales, tiene una buena oportunidad de cumplir sus promesas de revertir el fracaso económico de largo plazo del país y de ayudar a los pobres, según un nuevo reporte del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR – Center for Economic and Policy Research).  El trabajo, titulado “Los desafíos de Bolivia,” se enfoca en el sector externo del país y evalúa su vulnerabilidad ante presiones asociadas a la deuda pública externa, el alivio de deuda, a donaciones, subvenciones y financiamiento externo y al comercio.

El nuevo gobierno de Bolivia tomó posesión en enero, con un fuerte mandato de reformar -- para aumentar el crecimiento económico y mitigar la pobreza.  El PIB real per cápita en Bolivia es, hoy en día, menos de lo que era hace 27 años y el 63 por ciento del país vive por debajo de la línea de pobreza, a pesar de que el país ha llevado a cabo numerosas reformas estructurales abogadas por las instituciones multilaterales de préstamo y después de haber operado bajo acuerdos con el FMI casi continuamente durante los últimos 20 años.

“No existe duda en cuanto al fracaso de las políticas del pasado,” mencionó Mark Weisbrot, coautor del trabajo y codirector de CEPR. “La cuestión principal es sobre si el nuevo gobierno será capaz de buscar políticas económicas que sean potencialmente más exitosas -- y yo pienso que las perspectivas son buenas.”

Entre las razones por las cuales las perspectivas son favorables se encuentran:

  • Un incremento en ingresos por concepto de la venta de gas natural ha mejorado la situación fiscal de Bolivia, debido a una controversial ley de hidrocarburos aprobada el año pasado, la cual aumenta las regalías que deben pagar los inversionistas extranjeros y abre la posibilidad de renegociar contratos.  El déficit presupuestario del gobierno para el año 2006 es de 3,0 por ciento del PIB, por debajo de un 8,8 por ciento en 2002.
  • La cancelación de deuda por parte del FMI y del Banco Mundial elimina el 36 por ciento de la deuda externa boliviana.  Si el Banco Interamericano de Desarrollo también cancela, entonces cerca del 70 por ciento de la deuda externa de Bolivia habría sido cancelada.
  • El actual acuerdo que el país tiene con el FMI caduca a finales de este mes (marzo 2006).  Por razones que se explican en el reporte, es improbable que el FMI juegue su papel tradicional de “guardián” de préstamos, subvenciones y donaciones provenientes del exterior.
  • El impacto de la preferencias comerciales bajo la Ley de promoción comercial andina y de erradicación de la droga (ATPDEA, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) — ya sea que Bolivia firme o no un nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos — será probablemente mínimo, ya que dichas preferencias afectan a menos de 2 por ciento de las exportaciones bolivianas.

Como medida de precaución y para facilitar la transición del país hacia el tipo de préstamos no concesionarios y hacia el crédito interno, el reporte recomienda que el gobierno boliviano trate la manera de fijar una línea de crédito con el gobierno venezolano.  Los créditos que Venezuela ha otorgado, gracias a excedentes en sus reservas internacionales, a Argentina y a Ecuador han sido recursos muy importantes de financiamiento para estos países y estarán, casi por seguro, a disposición de Bolivia en caso sea necesario.  El abrir una línea de crédito con anticipación — la cual no se espera utilizar en un futuro cercano — reduciría de manera importante, algunos de los riesgos asociados con la inestabilidad financiera. 
 
Otra de las acciones que podrían mejorar aún más la situación fiscal del gobierno boliviano, a corto y largo plazo, sería la de revertir el proceso de privatización del sistema público de pensiones del país.  Como lo ha mencionado el FMI, dicha privatización ha resultado en enormes — y de largo plazo — costos de transición ya que los ingresos provenientes de los impuestos sobre planillas laborales no está disponible para cubrir los gastos relacionados a las pensiones de los jubilados actuales.  Al regresar a un sistema de reparto (“pay-as-you-go”) como el que tiene Estados Unidos, el déficit fiscal del gobierno podría ser reducido substancialmente.

Para leer el reporte (en español), por Mark Weisbrot y Luis Sandoval, diríjase a:


  El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR -- Center for Economic and Policy Research) es un centro de investigación, independiente y no partidario, establecido con el propósito de promover el debate democrático sobre los temas económicos y socialesmás importantes que afectan el diario vivir de la población.

 

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