13 de marzo, 2006
Bolivia enfrenta perspectivas favorables de reforma económica y social
Nuevo reporte explica por qué es improbable que endeudamiento, resiones externas cambien programa del gobierno
Para publicación inmediata: 13 de marzo, 2006
Contacto: Lynn Erskine, 202-293-5380 x115
Washington, DC: El nuevo gobierno boliviano,
encabezado por el presidente Evo Morales, tiene una buena oportunidad
de cumplir sus promesas de revertir el fracaso económico de largo plazo
del país y de ayudar a los pobres, según un nuevo reporte del Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR – Center for Economic and Policy Research). El trabajo, titulado “Los desafíos de Bolivia,”
se enfoca en el sector externo del país y evalúa su vulnerabilidad ante
presiones asociadas a la deuda pública externa, el alivio de deuda, a
donaciones, subvenciones y financiamiento externo y al comercio.
El nuevo gobierno de Bolivia tomó posesión en enero,
con un fuerte mandato de reformar -- para aumentar el crecimiento
económico y mitigar la pobreza. El PIB real per cápita en Bolivia es,
hoy en día, menos de lo que era hace 27 años y el 63 por ciento del
país vive por debajo de la línea de pobreza, a pesar de que el país ha
llevado a cabo numerosas reformas estructurales abogadas por las
instituciones multilaterales de préstamo y después de haber operado
bajo acuerdos con el FMI casi continuamente durante los últimos 20 años.
“No existe duda en cuanto al fracaso de las políticas
del pasado,” mencionó Mark Weisbrot, coautor del trabajo y codirector
de CEPR. “La cuestión principal es sobre si el nuevo gobierno será
capaz de buscar políticas económicas que sean potencialmente más
exitosas -- y yo pienso que las perspectivas son buenas.”
Entre las razones por las cuales las perspectivas son favorables se encuentran:
- Un incremento en ingresos por concepto de la venta
de gas natural ha mejorado la situación fiscal de Bolivia, debido a una
controversial ley de hidrocarburos aprobada el año pasado, la cual
aumenta las regalías que deben pagar los inversionistas extranjeros y
abre la posibilidad de renegociar contratos. El déficit presupuestario
del gobierno para el año 2006 es de 3,0 por ciento del PIB, por debajo
de un 8,8 por ciento en 2002.
- La cancelación de deuda por parte del FMI y del
Banco Mundial elimina el 36 por ciento de la deuda externa boliviana.
Si el Banco Interamericano de Desarrollo también cancela, entonces
cerca del 70 por ciento de la deuda externa de Bolivia habría sido
cancelada.
- El actual acuerdo que el país tiene con el
FMI caduca a finales de este mes (marzo 2006). Por razones que se
explican en el reporte, es improbable que el FMI juegue su papel
tradicional de “guardián” de préstamos, subvenciones y donaciones
provenientes del exterior.
- El impacto de la preferencias comerciales bajo la Ley de promoción comercial andina y de erradicación de la droga (ATPDEA, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) — ya sea que Bolivia firme o no un nuevo Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos — será probablemente mínimo, ya que dichas preferencias
afectan a menos de 2 por ciento de las exportaciones bolivianas.
Como medida de precaución y para facilitar la
transición del país hacia el tipo de préstamos no concesionarios y
hacia el crédito interno, el reporte recomienda que el gobierno
boliviano trate la manera de fijar una línea de crédito con el gobierno
venezolano. Los créditos que Venezuela ha otorgado, gracias a
excedentes en sus reservas internacionales, a Argentina y a Ecuador han
sido recursos muy importantes de financiamiento para estos países y
estarán, casi por seguro, a disposición de Bolivia en caso sea
necesario. El abrir una línea de crédito con anticipación — la cual no
se espera utilizar en un futuro cercano — reduciría de manera
importante, algunos de los riesgos asociados con la inestabilidad
financiera.
Otra de las acciones que podrían mejorar
aún más la situación fiscal del gobierno boliviano, a corto y largo
plazo, sería la de revertir el proceso de privatización del sistema
público de pensiones del país. Como lo ha mencionado el FMI, dicha
privatización ha resultado en enormes — y de largo plazo — costos de
transición ya que los ingresos provenientes de los impuestos sobre
planillas laborales no está disponible para cubrir los gastos
relacionados a las pensiones de los jubilados actuales. Al regresar a
un sistema de reparto (“pay-as-you-go”) como el que tiene Estados
Unidos, el déficit fiscal del gobierno podría ser reducido
substancialmente.
Para leer el reporte (en español), por Mark Weisbrot y Luis Sandoval, diríjase a:
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