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El "escándalo de la maleta" es otra metida de pata en la política exterior de EE.UU.

10 de enero, 2008, Mark Weisbrot   En inglés

El “escándalo de la maleta” es otra metida de pata en la política exterior de EE.UU.

por Mark Weisbrot 

10 de enero, 2008, Alternet

En inglés
Lea el artículo en publicación original aquí

 
El ahora infame “escándalo de la maleta” ha alienado profundamente al nuevo gobierno argentino y posiblemente dañe aún más la reputación de Washington en América Latina.

El 20 de diciembre el gobierno estadounidense presentó cargos en contra de cuatro venezolanos y un uruguayo por supuestamente actuar como agentes extranjeros sin notificar al gobierno estadounidense.  Los cargos se derivan de un incidente que ocurrió el 4 de agosto cuando Guido Antonini Wilson, un venezolano-estadounidense con doble ciudadanía, fue detenido por oficiales de la aduana argentina con cerca de 800 mil dólares en efectivo contenidos en una maleta.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el dinero estaba destinado a la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue electa a la presidencia de Argentina el 28 de octubre.  Es claro que aunque las acusaciones fueran ciertas, este incidente no significaría una violación a las leyes estadounidenses; como tampoco lo haría el que dicho dinero, según acusaciones del FBI, proviniera del gobierno venezolano.  Lo que hace que éste sea un caso federal son los cargos que indican que los acusados, supuestamente actuando en nombre del gobierno venezolano, trataron de convencer a Antonini de guardar silencio respecto al supuesto origen y destino del dinero.

De esta manera, a estos individuos se les acusa por no haber notificado a la Fiscalía General de EE.UU. que estaban actuando como agentes de un gobierno extranjero (Venezuela).

Las acusaciones han alienado profundamente al nuevo gobierno argentino, que según la mayoría de observadores se encaminaba a ensanchar sus relaciones con Estados Unidos.  La presidenta Fernández inmediatamente rechazó las acusaciones, tildándolas de “basura”, y su gobierno acusó a Washington de utilizar “juegos sucios” para intimidarla a ella e intentar crear divisiones entre Argentina y Venezuela.  Su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, exigió que Estados Unidos entregara al fugitivo Antonini, a quien el gobierno argentino ha repetidamente intentado extraditar desde Estados Unidos.

El caso es claramente una gran metida de pata para la política exterior del gobierno de Bush.  El incidente no causará peores daños a las relaciones con Venezuela, que han estado por los suelos desde que la administración Bush apoyó un fallido golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez en 2002.  Pero las relaciones entre Estados Unidos y Argentina habían sido cordiales y estaban en camino hacia una mejora, a pesar del profundo resentimiento del país sudamericano en contra de un Fondo Monetario Internacional (FMI) manejado por Washington, por su actuación durante la severa crisis económica en Argentina entre 1998 y 2002.

No sólo Argentina, sino la mayoría de los países de la región, probablemente recibirá este proceso judicial como una flagrante interferencia política por parte del gobierno de  Estados Unidos en los asuntos internos de sus vecinos.  Nadie creerá, ni debiera de creer, que se trata simplemente de “hacer que se cumplan las leyes estadounidenses”, como ha declarado el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, ante los medios.

Edmund McWilliams, un alto funcionario jubilado del servicio exterior acá en Washington, ha citado otros casos en donde “el Departamento de Justicia subordinó el objetivo de buscar justicia a los objetivos de política exterior del gobierno (estadounidense)”.  McWilliams mencionó también que este proceso judicial “pudo haber ocurrido por instigación del propio gobierno”.

De hecho, parece ser que así fue.  Nunca se han iniciado procesos legales invocando esta ley (18 USC § 951) o el estatuto sobre conspiración que la acompaña (18 USC § 371), sin que exista por lo menos otra acusación que involucre algún tipo de supuesto espionaje y alguna clase de asunto que potencialmente afecte la seguridad nacional de Estados Unidos.  En este caso, la base del supuesto crimen es solamente, en realidad, la falta de notificación a la Fiscalía General.  Y puede ser que el caso tenga aún menos fuerza: casi todas las acusaciones se centran en el cargo de conspiración, lo que indica que probablemente el gobierno no tenga ninguna evidencia de que los acusados estaban actuando bajo las órdenes del gobierno venezolano.

Los detalles de este caso en particular tampoco suenan del todo bien.  El testigo clave es el hombre con la maleta (Antonini), a quien no se le han presentado cargos.  Dado que enfrenta cargos por lavado de dinero en Argentina, Antonini bien puede estar considerando que su condición actual de libertad depende de que él diga y haga todo lo que el gobierno estadounidense quiera.

Hasta el momento, la fiscalía no ha presentado ninguna evidencia que muestre que el gobierno argentino o el gobierno venezolano hayan estado involucrados en lo que sea que el hombre de la maleta hacía con el dinero.  Otros detalles tampoco coinciden: Cristina Kirchner no tenía oposición seria en las elecciones (el candidato que finalizó en segundo lugar obtuvo el 23 por ciento de los votos, mientras que ella obtuvo el 45 por ciento).  Y  además, ¿por qué enviar a un sospechoso empresario de Estados Unidos a que pase por la aduana argentina, cuando el dinero bien pudo haber sido colocado de manera segura en una pieza de equipaje diplomático de Venezuela, equipaje que no puede ser registrado por ley?

La decisión política de procesar este caso es un ejemplo más de las fracasadas políticas de Washington hacia América Latina, que ha ido causando su propio aislamiento en repetidas ocasiones al intentar aislar a Venezuela de sus vecinos.  George W. Bush se lanzó a la presidencia como el candidato “unificador, y no el divisor”, y continúa unificando cada vez más al mundo – pero en su contra.


Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C.  Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Michigan.  Es coautor, con Dean Baker, de Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000) y ha escrito numerosos trabajos de investigación sobre política económica. También es presidente de la organización Just Foreign Policy.

 

 

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