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Todavía un escándalo: la presencia de Washington en Nicaragua 20 años después del caso Irán-Contra

3 de noviembre, 2006   Mark Weisbrot   En inglés

Todavía un escándalo: la presencia de Washington en Nicaragua 20 años después del caso Irán-Contra

por Mark Weisbrot

Este artículo se publicó en los siguientes fuentes: 

Bergen Country Record (NJ) - 3 de noviembre, 2006
Passaic County Herald (NJ) - 3 de noviembre, 2006
Common Dreams - 3 de noviembre, 2006
Znet - 5 de noviembre, 2006 

Imaginemos a Osama bin Laden visitando Estados Unidos diez o quince años en el futuro, diciéndole a los ciudadanos estadounidenses por quién deberían votar para evitar grandes consecuencias en contra de su bienestar.  Esto nunca pasaría, pero en Nicaragua algo muy similar está ocurriendo en la antesala a las elecciones presidenciales de este país el 5 de noviembre.

El ex teniente coronel estadounidense Oliver North, quien ayudó a organizar y recaudar fondos para una organización terrorista que destruyó Nicaragua en los años 80s, regresó a la ‘zona cero’ de ese país a finales de octubre para aconsejar a los nicaragüenses no reelegir a Daniel Ortega.

La primera vez que Daniel Ortega llegó al poder fue durante la revolución Sandinista de 1979, que derrocó la brutal dictadura, apoyada por Washington, de Anastasio Somoza.  La familia Somoza había estado en el poder desde la invasión y ocupación de los marines estadounidenses que duró desde 1927 hasta 1933.

Pero la CIA pronto llegó con armas y dinero para los defensores de la derrocada dictadura, la odiada Guardia Nacional de Somoza.  Pronto, luego de que empezaran a ser conocidos como ‘contras,’ comenzaron a matar trabajadores de salud, profesores, y funcionarios electos. La CIA hasta llegó a preparar un manual que abogaba por el asesinato de estos últimos.  Los contras preferían atacar a estos “blancos débiles” antes que atacar a las fuerzas armadas.  En este sentido, eran una organización terrorista; también usaban métodos de tortura y violaciones como armas políticas.

Estas atrocidades llevaron a que los contras fueran repudiados internacionalmente por grupos en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y el Observatorio de las Américas.  Los Sandinistas llevaron a Estados Unidos a la Corte Mundial por sus acciones terroristas – la misma corte donde Estados Unidos había ganado contra Irán solo unos años antes en el caso de los rehenes estadounidenses.  El veredicto de la corte fue a favor de Nicaragua, ordenando reparaciones estimadas en 17 mil millones de dólares.

La atrocidad de los crímenes cometidos y la intervención directa de la administración de Reagan causó indignación en millones de estadounidenses, mucho más después de que Ortega fue electo democráticamente en 1984.  Liderados por activistas de la comunidad religiosa, cerca de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses se organizaron en contra del financiamiento de los contras por parte de Estados Unidos y convencieron al Congreso para que acabara con dicho financiamiento.  Aquí es donde Oliver North aparece: en nombre de la administración de Reagan, ilegalmente vende armas a Irán y usa las ganancias para seguirle dando apoyo económico a los contras.  Esto se convirtió en el infame escándalo “Irán-Contra” que se hizo público hace veinte años.

North fue sentenciado por varios graves delitos en conexión a su actividad en los crímenes en el caso denominado Irán-Contra, pero nunca estuvo en la cárcel porque él apeló su sentencia y logró que ésta fuera revocada en base a un aspecto técnico.  En 1990, un pueblo desgastado por la guerra, decidió no votar por los Sandinistas, quienes perdieron las elecciones en medio de comentarios por el presidente George H. W. Bush con los que dejaba claro que la violencia continuaría en caso que los Sandinistas fueran reelectos. 

La economía nicaragüense nunca logró recuperarse de la guerra y el embargo estadounidense.  Hoy es el segundo país más pobre del hemisferio, con un ingreso por persona por debajo de lo que fue en 1960.

Ahora Washington está tratando de sacarle provecho a su pasado terrorista, usando una variedad de amenazas, para lograr lo  mismo que en 1990.  El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, advirtió que las “relaciones con nuestro país fueron limitadas y afectadas cuando los Sandinistas llegaron el poder” y la Congresista Republicana Dana Rohrabacher advirtió sobre la posibilidad de otro embargo e impedir el envío de vitales remesas que los nicaragüenses en Estados Unidos hacen a sus familiares en Nicaragua.  El Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, ha roto protocolo al advertir abiertamente que Estados Unidos “reevaluaría sus relaciones” con Nicaragua si gana Ortega, quien se encuentra en primer puesto en las encuestas con 35 por ciento de intención de voto.

La intervención de funcionarios estadounidenses ha sido tal que hasta la Organización de Estados Americanos públicamente les reprochó su actitud y les pidió que no se metieran en las elecciones.  Mientras tanto, millones de dólares en dinero proveniente de impuestos pagados por ciudadanos estadounidenses están siendo usados como fondos para una supuesta “promoción de la democracia” en Nicaragua, fondos que anteriormente se han usado para influenciar las elecciones en este país.  Hay propagandas de televisión que muestran cuerpos inertes, cadáveres de la guerra de los años 80s como una advertencia de lo que podría suceder si los nicaragüenses votan por el candidato “equivocado”. 

Desde entonces, Ortega ha perdido a muchos de sus aliados del pasado, que ahora le reprochan por haber “pactado” con el corrupto ex-presidente Arnoldo Alemán y de esta manera socavar la democracia. Un grupo Sandinista reformista participa en las elecciones presidenciales y su candidato es Edmundo Jarquín quien mantiene un 14 por ciento de la intención del voto.

Pero pase lo que pase en los resultados presidenciales en Nicaragua, la intervención de Washington en estas elecciones seguirá siendo – como lo fue en los 80s – una desgracia internacional para Estados Unidos.


Mark Weisbrot es director adjunto del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research—CEPR) en Washington, EE.UU

 

 

 

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