Washington, DC — Un nuevo informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) ofrece un análisis de las disputadas elecciones en Venezuela y esboza un camino a seguir para los actores internacionales, en particular Estados Unidos.
El informe recomienda que la administración Biden y otros actores internacionales apoyen los esfuerzos de Brasil, México y Colombia para llegar a un acuerdo negociado y permitan el avance de esfuerzos diplomáticos durante los cuatro meses previos a enero de 2025, cuando está previsto que comience el nuevo mandato presidencial en Venezuela. Los líderes de estos tres países cuentan con décadas de experiencia en el tratamiento de problemas análogos al actual conflicto en Venezuela, incluyendo conflictos electorales propios.
Desde las elecciones del 28 de julio, se han difundido dos series contradictorias de resultados: una del Consejo Nacional Electoral del país, según la cual el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó por nueve puntos porcentuales; la otra, de la oposición venezolana, según la cual Edmundo González ganó por un margen de 37 puntos.
La oposición ha publicado miles de supuestas actas de escrutinio que parecen respaldar su afirmación; la autoridad electoral venezolana aún no ha publicado un desglose detallado de los resultados. Sin estos resultados detallados, es imposible verificar de forma independiente el anuncio de una victoria de Maduro por parte de las autoridades venezolanas.
Como señaló el CEPR antes de las elecciones, ni el gobierno ni la oposición aceptarían la victoria del otro, ya que ambas partes tenían razones válidas para cuestionar la imparcialidad de la votación. El informe señala que, aunque “se ha prestado mucha atención a los desafíos que la oposición venezolana ha enfrentado antes de las elecciones, ha habido poca discusión sobre el impacto de las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos, y algunos de sus aliados europeos, y sobre cómo estas han hecho que sea prácticamente imposible tener una elección demócratica, o libre y justa en este momento”.
Las sanciones influyen en las elecciones por la destrucción masiva que han causado, estimada en mayor que el colapso económico padecido por Estados Unidos durante la Gran Depresión. También han causado al menos decenas de miles de muertos, lo que reduce claramente las posibilidades de reelección del presidente en funciones. Y lo que quizá sea aún más importante, millones de votantes venezolanos eran conscientes de que estas sanciones letales probablemente continuarían si reelegían el actual gobierno.
Aunque Estados Unidos ha mostrado cierto apoyo a la negociacion iniciada por estos países, su compromiso sigue siendo incierto, y podría cambiar tras la celebración de las elecciones estadounidenses. El informe muestra que los 25 años de intervención estadounidense en Venezuela, así como “[l]a historia de las dos últimas décadas de política exterior estadounidense en el hemisferio” harían que “cualquier observador racional desconfiara del papel potencial de Washington en un esfuerzo multilateral para resolver una crisis política, especialmente una en la que ya está profundamente comprometido a apoyar a un bando contra el otro”.
El informe señala que “volver a políticas anteriores fracasadas” no ayudará a resolver el conflicto y “ciertamente costará muchas vidas, y causará mucho más sufrimiento adicional”. Por todas estas y otras razones, el informe subraya que es especialmente importante apoyar los esfuerzos de Brasil, Colombia y México para contribuir a una solución negociada del conflicto. Los líderes de estos tres países “tienen décadas de experiencia lidiando con problemas análogos al actual conflicto en Venezuela, incluyendo desafíos electorales propios”. Estados Unidos debería apoyar los esfuerzos diplomáticos que se desarrollen en los cuatro meses que faltan hasta enero de 2025, cuando está previsto que comience el nuevo mandato presidencial en Venezuela.
