21 Agosto 2009
Mark Weisbrot
21 de agosto, 2009, The Guardian Unlimited
En inglés
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Siete semanas después de que las Fuerzas Armadas hondureñas depusieran al Presidente democráticamente electo de ese país, sigue creciendo la división entre Estados Unidos y América Latina – a pesar que es difícil obtener tal impresión de los medios de comunicación.
La estrategia del régimen golpista es obviamente hacer rodar el reloj en el tiempo que le quedaba al presidente Manuel Zelaya en el poder. Se tiene pautado que se lleve a cabo las elecciones presidenciales el 29 de noviembre, a las cuales Zelaya no se podría presentar debido al límite de un mandato en Honduras,
En respuesta a tal estrategia, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emitió una declaración el 10 de agosto dónde indicaba que no reconocería ningún gobierno que resultara electo bajo el régimen golpista. Es importante destacar que esta decisión se tomó de manera unánime, incluso por países aliados de Estados Unidos como Colombia y Perú.
Luego el 17 de agosto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien cada vez le molestan más las tácticas de retrasar los procesos, emitió una declaración conjunto con el presidente mexicano Felipe Calderón indicando su inconformidad con los retrasos. Calderón es un presidente de la derecha y fue uno de los pocos aliados del presidente George W. Bush en la región.
El próximo paso sería que la Organización de Estados Americanos (OEA), dónde están representados todos los países en el hemisferio – excepto Cuba, tomara posición. Sin embargo, este organismo opera principalmente por consenso, y supuestamente Estados Unidos ha bloqueado la medida. Por supuesto que Washington no se puede ver como si fuese voz única y es por eso que ha reclutado algunos gobiernos de derecha, según indicaron algunas fuentes involucradas en las discusiones de la OEA, entre estos Canadá y Panamá, así como un par de otros Gobiernos de países pequeños que se pueden sobornar u obligar a que se unan a esta pequeñísima coalición liderada por Washington.
Los millones de estadounidenses que dieron sus votos, contribuciones y energía a la campaña presidencial de Barack Obama con la esperanza que cambiaría la política exterior estadounidense probablemente no esperaban ver que este Gobierno se pusiera a cazar a aliados de la derecha para ayudar a bloquear el esfuerzo llevado por América latina para bloquear un golpe de Estado efectuado por los militares. Sin embargo, eso parece ser la realidad. De hecho, el Departamento de Estado estadounidenses aún no ha determinado que lo que ocurrió es un golpe de Estado. Aún no se tiene claro cómo se debería catalogar cuando fuerzas armadas irrumpen en la residencia de un presidente electo y lo obliguen a punta de fusil, en pijamas, a abordar un avión con destino al exterior.
Hace unos días un funcionario del Gobierno de Zelaya le indicó a los medios de comunicación que el avión había aterrizado en la base aérea de Palmerola en Honduras, hogar de 600 efectivos militares estadounidenses, en ruta al exterior. Según The Associated Press, el funcionario ofreció eso como evidencia de que Estados Unidos estaba involucrado en el golpe. Autoridades estadounidenses inmediatamente negaron ofrecer declaraciones pero luego publicaron un comunicado que indicaba que Estados Unidos “no tenía conocimiento ni tomó parte en las decisiones hechas relacionadas con el aterrizaje, reabastecimiento de combustible y despegue del avión”.
No parece una historia creíble. Para poder creer esta negativa habría que creer que el ejército estadounidense tiene total confianza en las fuerzas de seguridad hondureñas que les permite monitorear y controlar el espacio aéreo de esta base donde se encuentran 600 efectivos militares estadounidenses. Difícil de creer, especialmente luego de las preocupaciones derivadas después del 11 de setiembre relacionadas con ataques terroristas en contra de personal militar estadounidense desplegado en el exterior.
De lo único que podemos estar seguros es que ningún gran medio de comunicación de Estados Unidos le dará una segunda mirada a este tema. La actitud generalizadas en la prensa acerca del rol de Estados Unidos en el golpe militar es, “no queremos saber nada de so, ni hablar de eso”. Lo mismo ocurrió con el golpe de Estado que sacó al presidente venezolano Hugo Chávez del poder en 2002, cuando el Departamento de Estado reconoció que el Gobierno estadounidense le había pagado a personas y organizaciones involucradas en el golpe, así como documentos de la CIA que demostraban conocimiento previo del golpe, aunado a que la Casa Blanca mintiera acerca del golpe, ofrecieron evidencias sustanciales acerca de la participación estadounidense en el mismo. Pero ningún periódico importante le dio credibilidad a esa posibilidad. La participación de Estados Unidos en la salida del presidente democráticamente electo Jean Bertrand Aristide, tanto en 1991 como en 2004, también ha sido casi complemente ignorada, a pesar de la cantidad de evidencia incriminatoria.
Al mismo tiempo, el miércoles 19 de agosto, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Honduras: Crisis amenaza Derechos y amienta la represión”, donde se documentó los abusos policiales y la brutalidad empleada en contra de manifestaciones pacíficas, arrestos arbitrarios en masa y otros abusos a los derechos humanos cometidos en la dictadura. El Gobierno de Obama se ha mantenido callado frente a estos abusos, así como con la muerte de activistas y censura e intimidación a los medios de comunicación. Hasta la fecha, ningún medio de comunicación se ha molestado con intentar obtener una declaración confirmada.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
