21 Enero 2010
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 20 de enero de 2010
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Ayer, seis días después del terremoto en Haití, el comando sur del ejercito de los Estados Unidos finalmente empezó a distribuir botellas de agua y comida desde un avión C-17 de las fuerzas aéreas. Previamente, el secretario de defensa de los Estados Unidos Robert Gates descartó tal método debido a su “preocupación con la seguridad.”
El periódico The Guardian informa que hay personas muriéndose de sed y si no reciben agua limpia pueden haber epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, aumentando dramáticamente el número de muertos.
Pero ahora los Estados Unidos esta mandando 10.000 soldados y aparenta priorizar la “seguridad” en lugar de las necesidades que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, la ONU planea aumentar su presencia actual con 3.500 soldados.
El domingo por la mañana la reconocida organización humanitaria, Doctores Sin Fronteras, se quejó que el ejército de los Estados Unidos desvió hacia República Dominicana un avión, el cual tenía un hospital portátil. El desvío causó una demora de 24 horas y un desconocido número de vidas.
Jarry Emmanuel, el oficial responsable de logística del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo el domingo que “hay 200 vuelos entrando y saliendo todos los días, lo que es una cantidad increíble para un país como Haití.” “Pero la mayoría de los vuelos son del ejército de los Estados Unidos.”
Sin embargo, el Teniente General P.K. Keen, comandante asistente del comando sur, informa que hay menos violencia en Haití ahora que antes del terremoto.
El Doctor Evan Lyon, miembro de la organización Partners in Health, famosa por sus esfuerzos heroicos en Haití, se refirió a la “desinformación y rumores… y racismo” en torno al tema de seguridad.
“Hemos conducido por la ciudad hasta las 2:00 y 3:00 de la mañana todas las noches, evacuando pacientes, moviendo equipo. No hay guardias de la ONU. No hay presencia del ejército de los Estados Unidos. No hay policías haitianos. Y tampoco hay violencia. No hay inseguridad.”
Para entender la obsesiva “preocupación con la seguridad” del gobierno de los Estados Unidos hay que examinar su reciente historia en Haití.
Mucho antes del terremoto, la grave situación de Haití ha sido comparable a la situación de personas sin hogar en las calles de las ciudades de los Estados Unidos, las cuales son de raza negra y demasiado pobres para gozar de los mismos derechos legales y constitucionales como cualquier otro ciudadano común. En el 2002, cuando un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos temporalmente derrocó al gobierno de Venezuela, la mayoría de los gobiernos del hemisferio respondieron rápidamente y ayudaron restablecer el orden democrático. Pero tan solo dos años después, cuando el presidente democrático Jean-Bertrand Aristide fue secuestrado por los Estados Unidos y exiliado en África, no hubo la misma reacción internacional.
A diferencia de los dos siglos de saqueo y explotación de Haití desde su independencia tras una rebelión de esclavos en 1804—o su brutal ocupación por soldados de los Estados Unidos entre 1915 a 1934, o las innumerables atrocidades cometidas por dictaduras con apoyo de Washington—el golpe de estado del 2004 no pertenece a la historia. Sucedió hace tan solo seis años y tiene relevancia directa a lo que sucede ahora.
Los Estados Unidos, Canadá y Francia conspiraron al intentar derrocar al gobierno democrático de Haití durante cuatro años, cortando la mayoría de su asistencia internacional para destruir la economía y asegurar que el país sea ingobernable. Y lo lograron. Si te preguntas ¿por qué no hay instituciones del gobierno haitiano ayudando después del terremoto? ésta es una gran razón. Y si te preguntas ¿por qué hay tres millones de personas amontonadas en el área del terremoto? es porque las políticas del gobierno de los Estados Unidos ayudaron a destruir la agricultura de Haití; como por ejemplo mediante la importación de arroz subsidiado de los Estados Unidos.
El primer gobierno democrático de Aristide fue derrocado en 1991, después de solo siete meses, por comandantes militares y escuadrones de la muerte con vínculos con la CIA. Ahora Aristide, con el apoyo de la mayoría de Haití, quiere volver a su país. Pero los Estados Unidos no quiere que regrese y el gobierno de Preval, que es completamente influenciado por Washington, excluyó al partido de Aristide—el más grande de Haití—de las próximas elecciones (originalmente programadas para febrero).
Tal vez el temor a la democracia de Washington explica porque ahora los Estados Unidos está mandando 10,000 soldados y priorizando la “seguridad” en lugar de otras necesidades.
Dependiendo de su duración, esta ocupación militar preocupará al resto del hemisferio—al igual que las sospechas y el descontento generado por la expansión de la presencia militar de los Estados Unidos en Colombia. Además, organizaciones no gubernamentales se han quejado sobre otros aspectos de la reconstrucción: quieren que se cancele el resto de la deuda externa de Haití y también quieren donaciones en vez de préstamos (el FMI propuso un préstamo de US$100 millones). La reconstrucción necesitará miles de millones de dólares y aún queda por verse si Washington fomentará un gobierno capaz y estable o si lo impedirá al apoderarse del proceso de reconstrucción y dirigir la asistencia internacional a través de ONGs—continuando con su histórica oposición a la democracia en Haití.
Pero lo más urgente es la necesidad inmediata de distribuir agua. La fuerza aérea de los Estados Unidos tiene la capacidad de distribuir suficiente agua para todos los más afectados hasta que el suministro por tierra se normalice. Cuanto mayor sea la disponibilidad de agua, menor será la probabilidad de disturbios por este escaso recurso. Alimentos y suministros médicos también pueden ser distribuidos por el aire. Estas operaciones deberían ser aumentadas inmediatamente. No hay tiempo que perder.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
