Extenso informe del CEPR desvirtúa el resto de supuestas evidencias de la OEA sobre las elecciones de Bolivia

June 12, 2020

Contact: Dan Beeton,

Washington, DC — El 7 de junio el diario New York Times publicó un artículo sobre un nuevo estudio que confirma que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo afirmaciones falsas sobre el conteo de votos en las elecciones del 2019 en Bolivia. Dichas afirmaciones ― basadas en un análisis estadístico “defectuoso,” según el Times ― alimentaron una narrativa de fraude electoral que contribuyó a la salida forzada del presidente Evo Morales. En respuesta al estudio los voceros de la Organización decidieron apuntar a otras presuntas irregularidades en la elección. Según el Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, “Las evidencias sólidas como declaraciones falsas y estructuras informáticas escondidas” demuestran que hubo fraude.

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) examinó éstas y todas las presuntas irregularidades en un extenso informe de 82 páginas y múltiples anexos. Este informe se publica hoy por primera vez en español y desvirtúa las irregularidades presentadas por la OEA como evidencia de una supuesta alteración dolosa del resultado de las elecciones. Las principales conclusiones sobre la auditoría de la OEA son las siguientes:

Se basa en análisis estadísticos y muestrales defectuosos y con supuestos incorrectos;
Tergiversa las irregularidades inocuas del llenado de una misma persona de los nombres y apellidos en dos o más actas rurales como si constituyeran falsificaciones (solo existe un caso con firma falsificada de las 226 con irregularidades);
Omite mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente al de las actas contiguas sin irregularidades y, por ende, omite indicar su irrelevancia en los resultados de la elección presidencial;
Entierra u oculta por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo;
Atribuye la quema del material electoral y de las sedes electorales como irregularidad de las víctimas de dichas acciones;
Omite que en el caso del conteo oficial (Cómputo) no hubo ninguna estructura informática escondida;
A pesar de contar con todos los logs, no señala evidencia de que las base de datos del conteo oficial (Cómputo) se hayan alterado fraudulentamente;
No presenta información que indique que los problemas con el TREP (el conteo preliminar), ya sean reales o supuestos, hayan afectado al Cómputo (conteo oficial);
No proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una falsa narrativa de fraude. Por ejemplo, omite indicar que, durante la interrupción, la empresa auditora investigó el servidor “no autorizado” y determinó que no se habían alterado ni manipulado los datos electorales.

Aunque la versión original fue publicada en inglés hace tres meses, la OEA ha decidido no responder a ninguno de los cuestionamientos trascendentales que plantea el informe del CEPR. Adicionalmente, otros análisis de Walter Mebane de la Universidad de Michigan, Jack Williams y John Curiel del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Massachussets Institute of Technology, y el más reciente, de Nicolás Idrobo y Dorothy Kronick de la Universidad de Pensilvania y de Francisco Rodríguez de la Universidad de Tulane, junto con una carta firmada por más de 100 economistas y estadísticos han llegado a la misma conclusión: la OEA no demostró que hubo fraude en el conteo de los últimos votos de la elección presidencial del 20 de octubre.

Este es el séptimo informe de CEPR sobre el informe deficiente de la OEA y sus indefendibles declaraciones iniciales que deslegitimaron el resultado de las elecciones, incitaron a la protesta y viabilizaron el golpe de estado en contra de Evo Morales. Sobre la base del deficiente informe de la OEA, la Fiscalía ha justificado la solicitud de prisión preventiva de decenas de funcionarios electorales.

En diciembre de 2019, algunos miembros del Consejo Permanente de la OEA impidieron que los autores del Informe, el investigador Jake Johnston y el economista David Rosnick, presentaran sus hallazgos, como lo había solicitado el representante del Gobierno mexicano ante el organismo.

“Los autores de la auditoría de la OEA tergiversaron datos y evidencia en un aparente intento de sustentar sus declaraciones anteriores,” declaró Johnston. “Esperamos que las revelaciones del New York Times sobre las deficiencias del componente estadístico del Informe Final de la OEA generen una mayor curiosidad intelectual de todas las partes y que se lo examine por completo con todo el rigor académico y forense del caso”.

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