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Washington, DC — Luego de ocho meses después de que el entonces presidente, Evo Morales, fue víctima de un golpe de estado en medio de acusaciones de fraude electoral, The New York Times publicó que las denuncias de fraude en las elecciones de octubre de 2019 de la Organización de Estados Americanos (OEA) “estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.”
El artículo del Times se concentra en un nuevo estudio de Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez. El estudio utiliza datos electorales que no habían estado disponibles fuera de la OEA y refuta las acusaciones de la OEA que los resultados de la elección fueron alterados de forma fraudulenta. Son ya meses y la OEA se ha resistido a publicar sus bases de datos y su metodología. Los autores del estudio demuestran que pudieron predecir el resultado final con una precisión a tres centésimas de un punto porcentual, utilizando datos de las elecciones anteriores y de los votos disponibles antes de la interrupción del conteo rápido.
“Para quienes observaron de cerca las elecciones de 2019, nunca hubo duda alguna de que las acusaciones de fraude por parte de la OEA eran falsas,” dijo Jake Johnston, investigador asociado del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y coautor de un informe de 82 páginas sobre la elección boliviana y la auditoría de la OEA. “Pocos días después de la elección, un oficial de alto nivel dentro de la OEA en un mensaje privado que me envió reconoció que no había ocurrido un cambio ‘inexplicable’ en la tendencia, pero la Organización continuó repitiendo sus aseveraciones falsas durante varios meses casi sin réplica y sin transparencia alguna.”
Los analistas del CEPR utilizaron los datos públicamente disponibles y publicaron informes en noviembre de 2019 y marzo de 2020. El 21 de octubre de 2019 en los que llegaron a conclusiones similares respecto a la falsedad de las acusaciones de la OEA: apenas un día después de la elección boliviana, la OEA denunció – sin aportar ninguna evidencia – un cambio “drástico” e “inexplicable” en la tendencia de la votación luego de la interrupción de la transmisión de los resultados electorales. En ese momento, el CEPR hizo notar rápidamente que las cifras simplemente no sustentaban los alegatos de la OEA. Sin embargo, el 10 de noviembre – el día que la OEA publicó una auditoría de la elección reiterando un cambio inexplicable en la tendencia – las fuerzas armadas bolivianas pidieron la renuncia de Morales y el presidente solicitó asilo a México. Un gobierno que jamás fue electo se mantiene en el poder con el apoyo de los militares. La represión militar a las protestas en contra del golpe resultó en docenas de muertos y centenas de detenidos.
Comparando el último tramo de votos contabilizados con el 95 por ciento inicial, la OEA había alegado que hubo un quiebre dramático de la tendencia que favorecía a Morales. El nuevo estudio halló que este alegato resultó de un “error de programación” por parte de Irfan Nooruddin, un profesor de la Universidad de Georgetown a quien la OEA contrató para realizar el análisis estadístico. Los autores del estudio descubrieron que solo podrían replicar los análisis de la OEA si es que omitían un subconjunto de actas; si dichas actas se incluyen en el análisis, los autores concluyen que no hay ninguna evidencia de “discontinuidad” en los resultados de la elección. “En este caso, no hay ni un salto ni un surgimiento en la tendencia a favor de votos a favor del MAS en el último cinco por ciento de los votos contabilizados,” concluyen los autores.
“La OEA carga con la responsabilidad de un deterioro significativo de la situación de derechos humanos en Bolivia desde que se dio el golpe a Morales,” indicó el Codirector de CEPR Mark Weisbrot. Dijo que no es la primera vez que la OEA ha tenido un rol perjudicial en una crisis electoral y citó como ejemplo las elecciones de 2010 en Haití. “Si se les permite a la OEA y al Secretario General Luis Almagro que se vuelvan a salir con las suyas en el caso de una falsificación tan políticamente motivada, sería una amenaza no solo a la democracia boliviana sino a la democracia de cualquier país en el que la OEA se inmiscuya en el futuro.”
“Aunque la evidencia cuantitativa fue apenas uno de los hallazgos del informe de auditoría de la OEA,” escriben los autores del estudio, “tuvo – y continúa teniendo – un rol desproporcionado en la crisis política de Bolivia. Contribuyó a condenar a Morales ante la opinión pública. Hemos descubierto que esta parte clave de la evidencia es defectuosa y debe ser excluida.”
Sin embargo, el artículo del NY Times otorga a la OEA el beneficio de la duda, al permitir que la Organización – y al jefe de su departamento de cooperación y observación electoral, Gerardo de Icaza – señale acríticamente sus otros alegatos de irregularidades electorales. Cita a de Icaza diciendo, “La estadística no sirve para demostrar fraude ni para demostrar que no lo hubo. Sí lo demuestra la evidencia dura como son actas falsas y servidores informáticos ocultos. Y eso fue lo que encontramos.”
El análisis de 82 páginas de CEPR del Informe Final de la OEA sobre la auditoría electoral sostiene que la firma auditora investigó al servidor “no autorizado” que fue objeto de una alerta y determinó que ningún dato había sido alterado o manipulado. La auditoría de la OEA nunca mencionó la alerta ni la subsecuente investigación. El análisis del CEPR resalta que las actas “falsas” corresponderían a casos en los que personas apoyan en el llenado de actas en zonas con bajos niveles de alfabetismo o con pocos hispanohablantes. Las actas sólo están disponibles en español.
“La OEA ya había sido sorprendida en una mentira obvia y omitió corregir sus publicaciones, aún después de que sus acusaciones habían sido refutadas reiteradamente,” dijo Weisbrot. “Por lo tanto, simplemente no hay razón alguna para aceptar ciegamente el resto de las acusaciones de la OEA.”
El informe de 82 páginas de CEPR publicado en marzo analiza el resto de las acusaciones de la auditoría electoral de la OEA. El informe revela que la OEA no proporcionó ninguna evidencia de que las supuestas irregularidades afectaron al resultado de la elección o de que las supuestas irregularidades fueron un intento de hacerlo. Lejos de ofrecer una evaluación neutral e independiente que podía haber aportado mayor claridad en el medio de un ambiente altamente polarizado, la auditoría fungió como un aparente intento de la OEA para justificar sus acciones previas – incluyendo sus acusaciones reiteradas de un cambio “inexplicable” en la tendencia de la votación. Los hallazgos estadísticos previos del CEPR fueron replicados y confirmados por dos investigadores del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Idrobo, Kronick y Rodríguez compararon tendencias electorales en EEUU y en Bolivia, y mencionan que, en EEUU, “Los votantes jóvenes y no-blancos, quienes tienden a votar a favor de los demócratas, tienen mayor propensión a votar en papeletas provisionales o papeletas por correo, las cuales, a su vez, son más propensas a contabilizarse tardíamente. También en Bolivia, las diferencias de composición de los votantes explicarían el movimiento de los votos tardíos.” Los autores afirman que “la votación a favor de [Morales] aumentaba conforme pasaba el tiempo durante toda la noche…”
Las nuevas elecciones presidenciales se fijaron para el 6 de septiembre de 2020. La OEA ha sido nuevamente invitada como observadora.
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