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Drama de rehenes muestra las fisuras de la política de Washington hacia Colombia

15 de enero, 2008, Mark Weisbrot   En inglés

Drama de rehenes muestra las fisuras de la política de Washington hacia Colombia 

Por Mark Weisbrot 

15 de enero, 2008, WashingtonPost.com

En inglés
Lea el artículo en la página web original aquí

Tiene los ingredientes de una típica telenovela latinoamericana: rehenes que permanecen durante años en una zona profunda de la selva colombiana, ansiosa espera, encuentros bañados en lágrimas, y lo más espectacular de todo, el niño: Emmanuel.  Nacido hace tres años y medio en cautiverio, de una relación entre un guerrillero de las FARC y la cautiva Clara Rojas, con su pequeño brazo roto al nacer por una difícil cesárea en condiciones selváticas, sobreviviente de leishmaniasis y entregado a una familia rural pobre que lo transfirió al Estado – de alguna manera sobrevivió y fue hallado justo a tiempo de reunirse con su madre que por fin saboreaba la libertad que esperó durante años.

Pero para aquellos que tuvieron el tiempo de mirar más allá de los titulares, hubo también importantes realidades políticas que el drama resaltó.  La más importante fue que una vez más la administración Bush planteó una posición sobre un prolongado conflicto armado que pone a Washington al margen de la comunidad internacional.Primero los hechos: Clara Rojas era candidata a la vicepresidencia cuando fue secuestrada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2002; al mismo tiempo, las FARC también secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Consuelo González, una congresista colombiana, fue secuestrada en 2001. Las FARC tienen en su poder a cientos de rehenes y prisioneros y esperan poder intercambiar por lo menos a algunos de los de más alto perfil por prisioneros en manos del gobierno.

El gobierno colombiano parece creer que puede ganar una guerra que ha durado 40 años con métodos puramente militares (y paramilitares).  La administración Bush comparte este punto de vista, y proporciona a Colombia más de 600 millones de dólares al año en ayuda militar, misma que en ocasiones es etiquetada como ayuda para el “combate a las drogas”.  Pero ha habido creciente presión para que se den negociaciones: al interior de Colombia bajo el valiente liderazgo de la senadora Piedad Córdoba; por parte de las familias de los rehenes y desde Europa – en donde Ingrid Bentancourt, de nacionalidad francesa y colombiana, es bien conocida y cuenta con muchos simpatizantes.

El presidente venezolano Hugo Chávez ofreció servir como mediador, y en agosto el presidente colombiano Álvaro Uribe aceptó su oferta.  Uribe y Chávez han mantenido por años relaciones generalmente cordiales, a pesar de estar en los extremos opuestos del espectro político.

Pero el 21 de noviembre, Uribe le retiró repentinamente la autorización a Chávez para fungir como mediador.  Esta acción tuvo lugar después de una llamada del presidente Bush, quien evidentemente no quería que Chávez tuviera un éxito diplomático internacional en vísperas de un referendo constitucional venezolano (2 de diciembre). Chávez estaba furioso por lo que consideró ser una traición por parte de Uribe, y sospechó que estaba cediendo a las presiones de su más importante proveedor de recursos financieros.  La  razón que Uribe dio para expulsar a Chávez de la mediación fue que el presidente venezolano habló, muy brevemente, con uno de los generales colombianos después de que Piedad Córdoba le pasara el teléfono.  Parecía un pretexto muy insulso para cortar las negociaciones sin siquiera hacer una llamada telefónica a Venezuela, y Chávez se dejó ir con una serie de insultos.

Pero Chávez persistió y para el fin de semana en vísperas de Año Nuevo, se había formado ya una misión para recibir a las dos mujeres y al niño Emmanuel, con representantes de Brasil, Argentina (el ex presidente Néstor Kirchner), Bolivia, Cuba, Ecuador, Francia, Suiza y la Cruz Roja a la mano. Y mientras otros gobiernos expresaban esperanzas de que la liberación pudiera llevar hacia negociaciones de paz, Washington no se interesó en el esfuerzo. Fracasó y la historia tomó un nuevo giro cuando se supo que el niño no estaba bajo la custodia de las FARC sino en un orfanato de Bogotá.

El viernes, las dos rehenes fueron finalmente entregadas a funcionarios de Venezuela y de la Cruz Roja, y el domingo Clara Rojas pudo reunirse con su hijo.

Lo interesante del asunto es que los círculos predominantes de política exterior acá en Estados Unidos – los que incluyen a la mayor parte de la prensa más importante – no parecen darse cuenta de que la administración Bush estuvo al margen de esta situación. Para estos círculos, Chávez es el enemigo, y su intervención es vista con sospecha, e incluso como un intento de aliarse con las FARC.

En los últimos días, Chávez pidió que las FARC fuesen reconocidas como insurgentes en lugar de terroristas.  Esto ha sido presentado como "apoyo " para las FARC.  Sin embargo, su posición es idéntica a la de otros gobiernos de la región.  Todos ellos han rechazado consistentemente las presiones de Estados Unidos para darle a las FARC la etiqueta de “organización terrorista”.  El gobierno de Brasil ha dicho que clasificar a las FARC como una organización "terrorista" muy posiblemente dañará cualquier perspectiva de negociar una solución para el conflicto civil de este país.

Es claro que las FARC se involucran en acciones que pueden ser consideradas como terroristas, incluyendo los secuestros.  Sin embargo, lo mismo se puede decir del gobierno colombiano, y a lo largo de los años, grupos internacionales de derechos humanos han encontrado que paramilitares vinculados al gobierno colombiano son responsables por la gran mayoría de las atrocidades cometidas.  Y a lo largo del año pasado, las revelaciones sobre vínculos entre aliados políticos de Uribe con los escuadrones de la muerte, han dañado severamente la reputación del gobierno, y llevado al arresto de más de una docena de legisladores.

Etiquetar solamente a una de las partes como “terrorista” podría ser interpretado como la adopción de la estrategia de Estados Unidos que favorece la violencia por encima de la negociación como un medio para terminar con el conflicto. A ello obedece que otros gobiernos de la región se hayan negado a hacer eso.  Por su parte, Chávez ha declarado claramente que no apoya ni la lucha armada ni los secuestros de las FARC, y se ofreció para tratar de convencer a sus líderes de que dejen las armas para proseguir por una ruta pacífica y electoral para el cambio político.

La política de la administración Bush de “no negociar con terroristas”, con la etiqueta selectivamente aplicada, ya no tiene ningún sentido en este hemisferio ni en cualquier otra parte del mundo.  Es también un golpe a las familias de los tres contratistas militares estadounidenses que actualmente se encuentran en poder de las FARC.  La liberación de Clara Rojas y de Consuelo González es un avance, y podría constituirse en el primer paso para poder negociar el fin de una guerra prolongada.  Washington debe sumarse al resto del hemisferio – incluyendo a Venezuela – y apoyar una solución negociada.


Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C.  (www.cepr.net).

 

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