08 Julio 2009
Mark Weisbrot
8 de julio, 2009, The Guardian Unlimited
En inglés
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El golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya de Honduras cambió de rumbo cuando Zelaya intentó retornar a su país el domingo pasado. El ejército cerró el aeropuerto y bloqueó la pista de aterrizaje para prevenir que su avión descendiera. Asimismo, dispararon contra varios manifestantes, matando por lo menos a uno e hiriendo a otros.
La violencia y la enorme multitud – que se estima alcanzó decenas de miles de personas y que aparentemente ha sido la más grande desde que ocurrió el golpe el 28 de junio – ponen más presión sobre el gobierno de Obama para que busque una solución a la crisis. Este martes, la secretaria de Estado Clinton se reunió con el presidente Zelaya por primera vez desde el golpe.
En muchas formas, esta situación es similar al golpe ocurrido en Venezuela en 2002, el cual recibió apoyo de Estados Unidos. Luego de que se volviera obvio que ningún otro gobierno, además del estadounidense, reconocería al gobierno golpista en ese país, y de que cientos de miles de venezolanos se lanzaran a las calles para exigir el regreso de su presidente electo, el ejército se cambió de bando y llevó a Chávez de vuelta al palacio presidencial.
En Honduras tenemos a todo el mundo rehusándose a reconocer al gobierno golpista y manifestaciones de igual tamaño (en un país de solamente siete millones de habitantes y con el ejército impidiéndole el movimiento a muchos de ellos) que exigen el retorno de Zelaya. El problema en Honduras es que su ejército – al contrario del ejército venezolano – tiene más experiencia en la represión organizada, incluyendo asesinatos selectivos llevados a cabo durante los años ochenta, cuando el país era conocido por ser una base militar para las operaciones estadounidenses en El Salvador y Nicaragua. El ejército hondureño también tiene conexiones mucho más cercanas con el ejército estadounidense y el Departamento de Estado, tiene una alianza más cercana con la oligarquía del país y está ideológicamente más comprometido con la causa de mantener al presidente electo fuera del poder. El coronel Herberth Bayardo Inestroza, un abogado del ejército hondureño que admitió que las fuerzas armadas quebrantaron la ley cuando secuestraron al presidente Zelaya, le comentó al Miami Herald, “Difícilmente nosotros, con nuestra formación, podemos tener relación con un gobierno de izquierda. Eso es imposible”. El Sr. Inestroza, al igual que el líder golpista y jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, fue entrenado en la infame Escuela de las Américas de Washington (ahora llamada WHINSEC).
Esto pone un grave peso sobre los hondureños, quienes han estado arriesgando sus vidas, confrontando las balas, golpizas y arrestos y detenciones arbitrarias del ejército. Los medios de comunicación estadounidenses han informado sobre esta represión, pero solamente de manera muy limitada e incluso, algunas veces, algunos medios escritos importantes ni siquiera han mencionado la censura que se está dando en ese país. Pero el movimiento pro democrático hondureño, con su valentía, ha logrado en los últimos días cambiar el curso de la situación. Es probable que la decisión de Clinton de finalmente reunirse con Zelaya fue resultado de las grandes y crecientes manifestaciones y los temores de Washington de que una resistencia como ésta pudiese llegar al punto de derrocar al gobierno golpista.
El comportamiento del gobierno de Obama durante los últimos ocho días brinda fuerte evidencia de que si no fuera por esta amenaza popular, el gobierno se hubiera contentado con dejar que el gobierno golpista paralizara el resto del mandato presidencial de Zelaya.
Esto se hizo claro de nuevo el lunes en una conferencia de prensa ofrecida por el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly. Ante la insistencia de un periodista, el Sr. Kelly se convirtió en el primer vocero del Departamento de Estado de EE.UU. en afirmar oficialmente, en público, que el gobierno estadounidense apoyaba la restitución del presidente Zelaya. Esto ocurrió ocho días después del golpe y luego de que la Asamblea General de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río y muchos gobiernos individualmente habían pedido el retorno “inmediato e incondicional” de Zelaya – algo de lo que Washington aún no habla.
Mientras tanto, en la derecha extrema, se ha dado un retroceso frente al apoyo mundial a Zelaya y un intento de pintarlo como el agresor en Honduras o, por lo menos, igual de ‘malo’ que los que llevaron a cabo el golpe. Desafortunadamente, la mayor parte del reportaje por los medios más importantes ha contribuido a este esfuerzo al publicar declaraciones como, “Algunos críticos temieron que [Zelaya] intentaba extender su mandato más allá de enero, momento en el cual tendría que dimitir ”.
De hecho, no había manera de que Zelaya “extendiera su mandato” aún si el referendo se hubiera llevado a cabo y hubiera sido aprobado e incluso, si luego Zelaya hubiera salido victorioso en un referendo vinculante en las elecciones de noviembre. El referendo del 28 de junio no era más que una encuesta no vinculante al electorado, en la que se le preguntaba a los votantes si querían que un referendo vinculante fuera parte de las elecciones de noviembre para aprobar la redacción de una nueva constitución. Si hubiese sido aprobado, y si el referendo de noviembre se hubiese llevado a cabo (lo cual no era muy probable) y también aprobado, en esas mismas elecciones se hubiera elegido a un nuevo presidente y Zelaya habría dejado el poder en enero. Por ende, la creencia en que Zelaya estaba luchando por extender su mandato presidencial no se atiene a los hechos – aunque la mayoría de los que siguen esta historia en la prensa parecen creer esto. Lo más que se pudiera decir es que si eventualmente se aprobara una nueva constitución, es posible que Zelaya tuviera la oportunidad de lanzarse como candidato para un segundo mandato en la presidencia en algún momento en el futuro.
Otro tema de derecha resaltante que se ha filtrado a la percepción de los medios y del público sobre la situación en Honduras es que ésta es una batalla en contra del presidente Chávez de Venezuela (y una tal agrupación de aliados izquierdistas “anti-EE.UU.” como Nicaragua, Cuba – usted elige). Ésta es una falsedad común que ha surgido en la mayoría de las elecciones en Latinoamérica de los últimos años. En México, Perú, Nicaragua y El Salvador, por ejemplo, todos los candidatos conservadores pretendieron que estaban compitiendo contra Chávez – los primeros dos con éxito, mientras que el segundo par perdió.
Es cierto que bajo Zelaya Honduras se unió al ALBA, una agrupación de países que fue iniciada por Venezuela como una alternativa a los acuerdos de “libre comercio” con Estados Unidos. Pero Zelaya no se acerca a Chávez de la misma manera que lo hacen muchos otros presidentes latinoamericanos, incluyendo los de Brasil y Argentina. Así que no queda clara la razón por la cual esto es relevante, a no ser que el argumento sea que solamente los países más grandes o los que están localizados más al sur tienen el derecho de tener una relación de cooperación con Venezuela.
Al momento en que este artículo va a la prensa, Clinton anunció que se han hecho los arreglos para que el presidente costarricense Óscar Arias sirva como mediador entre el gobierno golpista y el presidente Zelaya. Según Clinton, ambas partes han aceptado este acuerdo.
Ésta es una buena movida para el Departamento de Estado de EE.UU., ya que esto hará que le sea más fácil mantener una postura más “neutral”, siempre y cuando se siga dando una mediación – al contrario del resto del hemisferio, que ha tomado el lado del presidente derrocado y del movimiento pro democrático hondureño. “Yo no quiero juzgar con anterioridad lo que ambas partes acordarán”, declaró Clinton en respuesta a una pregunta sobre si el presidente Zelaya debía ser restituido a su puesto.
Es difícil ver cómo esta mediación podrá tener éxito, siempre y cuando el gobierno golpista sepa que puede paralizar el resto del mandato de Zelaya. Lo único que puede removerlos del poder es, en conjunto con manifestaciones masivas, sanciones económicas reales como las que los vecinos de Honduras (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) implementaron por 48 horas después del golpe. Estos países representan alrededor de un tercio del comercio hondureño, pero necesitarían ayuda económica de otros países para cargar con el peso de una interrupción del comercio por más tiempo. Sería algo muy importante si otros países dieran un paso adelante para apoyar sanciones como éstas y también cortaran sus propios flujos comerciales y de capital con Honduras.
Así que ayudar a Honduras queda a decisión del resto del mundo; está claro que los hondureños no van a recibir ayuda alguna por parte de Estados Unidos. Asimismo, el resto del mundo tendrá que denunciar a voces la violencia y la represión que se está dando en ese país, porque Washington no lo hará.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
