La austeridad prepandémica lastimó a la economía; muestra la necesidad de prevenir golpes de Estado similares, argumentan los autores
Washington, DC — El gobierno de facto de Bolivia después del golpe de Estado promulgó políticas que dañaron la economía incluso antes de la llegada de la pandemia, según un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) en Washington, DC.
“Esto fue parte de un programa para cambiar la dirección política y económica desarrollada por el gobierno democráticamente electo en Bolivia, y que fue derrocado por los militares en noviembre de 2019”, dijo el codirector del CEPR y coautor del informe, Mark Weisbrot. “Este intento de transformar el país fue bastante violento y destructivo para las instituciones democráticas.”
El golpe también tuvo un impacto duradero en la economía boliviana. El gobierno de facto redujo drásticamente el gasto del sector público en el cuarto trimestre de 2019, en un 7 por ciento del PIB trimestral. Esto incluyó recortes masivos en la inversión pública, la que fue una de las características del gobierno anterior del presidente Evo Morales. La inversión pública bajo Morales se duplicó como porcentaje del PIB, y el ingreso real por persona creció más del 50 por ciento. Durante los 13 años del gobierno de Morales, la pobreza disminuyó en un 42 por ciento y la pobreza extrema en un 60 por ciento.
El gobierno de facto tampoco aumentó el valor nominal del salario mínimo por primera vez desde 2005, y redujo drásticamente los salarios del sector público.
El informe señala:
La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) encontraron que el asesinato de civiles por parte de las fuerzas estatales en noviembre de 2019 fue el segundo más alto en cualquier mes durante casi 40 años. Dos masacres cometidas por las fuerzas de seguridad dentro la semana después de que el gobierno de facto asumiera el poder ocasionaron la muerte de al menos 22 personas e hirieron al menos a 230.
El informe de IHRC hace hincapié en el carácter racista de la violencia, incluyendo que todas las víctimas de estas masacres eran indígenas. Bolivia tiene el mayor porcentaje de pueblos indígenas en las Américas, y Evo Morales fue el primer presidente indígena del país. Su gobierno había emprendido numerosas reformas y políticas económicas que habían beneficiado a los pueblos indígenas de Bolivia, quienes están en desventaja económica en relación con el resto de la población.
El gobierno de facto no pudo mantener su programa de austeridad después de la pandemia, con el déficit fiscal alcanzando el 12,3 por ciento para 2020. El partido de oposición MAS (Movimiento al Socialismo) tenía mayoría en la legislatura y presionó por un incremento del gasto para aliviar la pandemia, así como también para un estímulo económico. Después de la pandemia, el gobierno de facto adoptó programas de transferencia de ingresos, redujo las tarifas de los servicios públicos y redujo o pospuso los pagos de impuestos, intereses, y principales pagos de préstamos. También mantuvo una política monetaria expansiva.
Sin embargo, estos programas no fueron suficientes para contrarrestar el impacto de la pandemia/recesión, con una caída del PIB real del 7,7 por ciento en 2020.
El informe también llama la atención, con documentación, sobre el “papel importante, tal vez indispensable” de la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldada por el gobierno de Trump, en el golpe de Estado de noviembre de 2019. La OEA ayudó a crear una narrativa falsa de que la elección de octubre de 2019 fue robada por el presidente en ejercicio Evo Morales. Reiteró estas falsas acusaciones, mientras se desempeñaba como observador electoral oficial, y estas acusaciones fueron promovidas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Esta narrativa sirvió como la justificación principal para el golpe.
Los autores también describen los esfuerzos de más de un año de duración de decenas de miembros del Congreso de los Estados Unidos, así como de líderes y expresidentes latinoamericanos, para una investigación del papel de la OEA en el golpe de Estado.
“La historia de la OEA sobre una elección ‘robada’ nunca fue más creíble que la campaña de Donald Trump de ‘parar el robo’ en Estados Unidos. Sin embargo, prevaleció, con resultados desastrosos para Bolivia”, dijo Weisbrot. “Para evitar la repetición de tales ataques a la democracia y a los derechos humanos, la OEA — y lo más importante, el Secretario General Almagro— debe hacerse responsable por su papel en el golpe boliviano”.
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