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Un Haití que socava

Mark Weisbrot En inglés
Vanguardia (México) - 12 de diciembre 2005

(Véase una lista completa de los periódicos que han publicado este artículo.)

La Historia se repite en Haití con la destrucción de la democracia por segunda vez en los últimos quince años. Lo sorprendente es que la principal diferencia entre ambos acontecimientos es que en esta ocasión la destrucción se lleva a cabo abiertamente y a plena luz del día con el apoyo de la “comunidad internacional” y de las Naciones Unidas. El primer golpe asestado contra un gobierno democráticamente electo de Haití, en septiembre de 1991, fue condenado hasta por el gobierno del presidente George H.W. Bush. Esto último a pesar de que la CIA había financiado a los líderes golpistas y que ­ según el fundador de los escuadrones de la muerte que asesinaron a miles de personas durante la dictadura militar del periodo 1991-94 ­ también había patrocinado la represión. Todo ello se hizo de manera encubierta, pero la posición oficial de Estados Unidos y de la mayoría del resto de los países fue que la dictadura carecía de legitimidad.

Pero en febrero del 2004 cuando Jean-Bertrand Aristide, el presidente democráticamente electo de Haití, fue derrocado por segunda vez por los remanentes de la dictadura precedente ­ que incluían a genocidas convictos y a líderes de los escuadrones de la muerte ­ el hecho fue considerado como un legítimo “cambio de régimen”. Los países integrantes del Caricom, mostrando gran valentía, repudiaron ruidosamente el hecho, al igual que algunos miembros del congreso estadounidense. Sin embargo, estas voces no fueron lo suficientemente poderosas como para ejercer influencia en el curso de los acontecimientos.

La maniobra ya estaba consumada: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por US Agency for International Development) y el Instituto Republicano Internacional (por International Republican Institute), brazo internacional del Partido Republicano, había gastado decenas de millones de dólares para crear y organizar un movimiento de oposición ­ aunque fuese numéricamente pequeño ­ para hacer ingobernable a Haití bajo la administración de Aristide. Todo ese escenario era sorprendentemente similar a la serie de acontecimientos que llevaron al golpe en contra del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en abril del 2002. Las mismas organizaciones estadounidenses estaban involucradas en la maniobra y la oposición ­ como sucedió en Venezuela ­ controló y utilizó a la prensa más importante como herramienta de desestabilización. Y en ambos casos los líderes golpistas, contactados por Washington, anunciaron al mundo que el presidente electo había “renunciado voluntariamente”, lo que posteriormente resultó ser una falsedad.

Washington tenía un arma adicional en contra del gobierno de Haití porque sacando ventaja de su desesperante pobreza y de su dependencia de la ayuda exterior, detuvo la ayuda internacional para el gobierno desde el verano del 2000 hasta el golpe de estado del 2004. Tal como el economista Jeffrey Sachs lo dijo en su momento, el Banco Mundial sirvió al esfuerzo de desestabilización al cortar el financiamiento.

Ahora el gobierno golpista, encabezado por el no electo Primer Ministro Gérard Latortue, está tratando de organizar una elección. Pero es una elección que por ningún motivo podría ser considerada legítima por ningún país, ni siquiera por Irak. Todo está siendo preparado de manera tal que el partido político más grande, Fanmi Lavalas ­ que en cualquier momento antes del golpe habría triunfado apabullantemente en las elecciones nacionales ­ no pueda ganar. Muchos de los líderes de dicho partido están en prisión, generalmente con cargos fabricados o inexistentes, incluido el Primer Ministro constitucional Yvon Neptune y el reverendo Gérard Jean-Juste, un cura católico que podría ser el candidato presidencial si no se encontrase en la cárcel. Jean-Juste ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Otros líderes se esconden en el exilio debido a que el asesinato de los opositores políticos es un hecho común.

En una masacre acaecida en agosto pasado, los testigos relataron que la policía llegó a un partido de fútbol, señaló a gentes entre la multitud que luego fueron brutalizadas hasta la muerte por cómplices civiles que portaban machetes. Los soldados de Naciones Unidas también han estado implicados en episodios de violencia y dicho organismo internacional ha prometido una investigación.

El gobierno golpista, con una comisión electoral que no tiene pretensiones de imparcialidad, también se apresta a sacudirse un elevado número de oponentes. Para estos comicios ha habido una vigésima parte de los sitios de registro que había en elecciones anteriores y la mayoría de los votantes excluidos son de Fanmi Lavalas. Según voceros del partido, esta formación política no ha registrado a ningún candidato para presidente, y muchos de sus votantes boicotearán la elección a menos de que se cumplan sus demandas de liberación de presos políticos y de que se ponga fin a la persecución.

La elección ha sido pospuesta en tres ocasiones, la más reciente para el próximo 27 de diciembre porque fijar la fecha dos días después de Navidad también ayudará a minimizar la afluencia de votantes.

¿Aceptará el mundo esta farsa de elección? La administración Bush y sus aliados parecen tener fincadas sus esperanzas en que Haití sea lo suficientemente pobre y demasiado negro como para que a nadie le importe si los derechos democráticos, constitucionales o humanos incluso, sean respetados allí. También han mencionado la violencia existente a ambos lados del conflicto para disfrazar el hecho de que la mayor parte de la violencia se dirige hacia los simpatizantes del gobierno defenestrado con el fin de impedir su retorno al poder a través de una elección justa.

Pero si esta elección se lleva adelante sin la liberación de los prisioneros políticos y sin la restauración de los derechos fundamentales y de la seguridad, no sólo se traducirá en una tragedia para Haití. Será un retorno a aquellos días en que Estados Unidos era capaz de desestabilizar, derrocar y sustituir a los gobiernos electos que no eran de su agrado. Será un enorme paso hacia atrás para la democracia en este hemisferio.


Mark Weisbrot es co-director del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research).


Éste artículo fue publicado en los siguientes fuentes:

Perris Progress (California) - 11 de enero 2006
Naples Daily News (Florida) - 31 de diciembre 2005
Scripps Howard News Service - 28 de diciembre 2005
Vanguardia (México) - 12 de diciembre 2005
The Nation - 12 de diciembre 2005
Providence Journal (Rhode Island) - 11 de diciembre 2005
Topeka Capital-Journal (Kansas) - 3de diciembre 2005

 

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