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ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

Op-Ed/Commentary

Política exterior de EE. UU.El Mundo A salvo del precipicio: Argentina y el FMI negocian un mejor acuerdo
Perfil Foreign Policy Globedia Ver artículo en el sitio original In English El acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó al país y al mundo del borde de la cesación de pagos, lo que podría haber amenazado la estabilidad del sistema financiero internacional. Como con cualquier acuerdo negociado, no era ideal. Pero fue un acuerdo sin precedentes, ambas partes entendieron claramente los peligros de caer en el abismo de lo desconocido: ¿Qué pasaría si no se llegara a un acuerdo? Lo que es más importante, el FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. El acuerdo brinda a Argentina espacio para continuar con su recuperación económica. El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández enfrenta arduas adversidades producto de una enorme carga de deuda y otras restricciones heredadas del acuerdo con el FMI de 2018 realizado por el gobierno anterior de Mauricio Macri. También está lidiando con el flagelo del COVID-19. Pero el país logró una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento el año pasado, cuando los economistas habían pronosticado una recuperación mucho más tibia. Con una economía en crecimiento, lograron reducir su déficit fiscal primario en un 3,5 por ciento del PIB en 2021. Argentina simplemente quería la capacidad de continuar con su recuperación — sin las condiciones dañinas que tan a menudo se han incluido en programas anteriores del FMI. La mayoría de los economistas reconocen la importancia de que los gobiernos brinden apoyo fiscal a las economías que hoy se están desacelerando en medio de la pandemia y sus impactos económicos y de salud. Eso es lo que han hecho las administraciones de Trump y Biden en Estados Unidos. Eso es todo lo que Argentina había estado pidiendo para sí, dentro de los límites de sus propios recursos. Y logró una balanza comercial favorable. Argentina no estaba pidiendo una nueva entrada de fondos; el gobierno solo necesitaba evitar condiciones que sofocarían la recuperación económica o perjudicarían a los pobres y gente trabajadora. La ironía aquí es que la misión principal del FMI es proporcionar préstamos en moneda fuerte a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos. Pero los gigantescos pagos de la deuda al FMI se han convertido en el principal riesgo para la balanza de pagos de Argentina. Lo que hace que este acuerdo sea tan importante es que puede sentar un precedente para hacer frente a la reestructuración de la deuda y las crisis financieras que podrían surgir tras la pandemia. Los niveles de deuda han aumentado alrededor del mundo. Los países de altos ingresos como Estados Unidos pueden manejarlos, pero muchos países en desarrollo y mercados emergentes estarán estresados hasta el límite. El acuerdo les da la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso. Un poco de historia Un poco de historia explica cómo Argentina se metió en este lío. Su acuerdo con el FMI de 2018 requería que el gobierno ajustara su presupuesto en un 4,4 por ciento del PIB entre 2018 y 2020 para “restaurar la confianza del mercado”. Tuvo el efecto contrario, y la economía se contrajo. El FMI duplicó la apuesta y optó por un ajuste fiscal y monetario aún mayor. El FMI había proyectado resultados positivos crecimiento de 0,4 por ciento para 2018 y 1,5 por ciento para 2019 bajo su programa; en cambio, hubo recesión, con un crecimiento del PIB de -2,6 por ciento para 2018 y -2 por ciento para 2019. La pobreza aumentó en 50 por ciento. Cuando llegó la pandemia, la situación empeoró mucho, con una caída del PIB del 9,9% en 2020. Una evaluación interna del FMI publicada en diciembre de 2021 expresó una crítica sin precedentes a su contrato de préstamo 2018 y condiciones. El informe señaló que “el programa terminó con una postura de política procíclica y, se puede decir, empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, y que sus colegas debían haber previsto, basándose en investigaciones anteriores del FMI, que un ajuste presupuestario de esta magnitud podría ser un “autogol”. Los miles de millones de dólares que prestó el FMI, sin imponer controles de capital, permitieron a los ricos y bien conectados sacar su dinero de Argentina a un tipo de cambio más favorable — dejando al país sin nada que mostrar por los US$ 44 mil millones, salvo un enorme agujero en su balance. En febrero de 2020, el FMI concluyó que la deuda de Argentina era insostenible. Esto ayudó al nuevo gobierno a negociar con éxito una reestructuración de la deuda soberana con acreedores privados en 2020. Esta reestructuración no tuvo precedentes en algunos aspectos importantes. Permitió la recuperación económica, con un aumento del empleo de alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo. Según el gobierno cifras, la inversión también aumentó en un 35 por ciento. Algunos de los mismos debates económicos ocurrieron en los meses previos al acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el FMI. El gobierno argentino, con sus economistas bien formados, insistió en que la austeridad es contractiva, algo que debería parecer obvio para cualquiera que tenga hecho un curso elemental de macroeconomía. Pero en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que sostiene que las políticas contractivas pueden ser expansivas; fue este punto de vista el que predominó en el préstamo de Macri de 2018. No funcionó entonces: no hay sorpresa. Prácticamente nunca ha funcionado. El “razonamiento” (si podemos dignificarlo con esa palabra) es que el compromiso por la austeridad devolverá la confianza, la confianza dará lugar a entradas de inversión, y estas entradas compensarán con creces las reducciones del gasto público. Lo que pasó en Argentina es lo que suele suceder: la recesión económica erosionó la confianza; la inversión cayó; y los bancos resultaron perjudicados, recortando los préstamos en un círculo vicioso descendente. Los peligros de que esto suceda en Argentina, de haberse impuesto la austeridad, serían especialmente grandes. Dadas las circunstancias de Argentina y la probabilidad de un aumento de las tasas de interés internacionales — probablemente habría poco en términos de flujos de capital o inversión extranjera. La idea de que recortar el gasto público restauraría mágicamente la confianza, lo que conduciría a una afluencia de dinero y compensar la pérdida de apoyo fiscal, es pura fantasía. Los defensores de la austeridad han criticado al gobierno actual por no reducir la tasa de inflación más rápido. La inflación fue otro legado adverso que el gobierno de Fernández heredó de Macri. Aunque la inflación ahora es un poco menor que antes de que asumiera el gobierno, ha habido pocos avances para reducirla. Pero si uno sopesa los costos y los beneficios de hacer más, el gobierno se ha inclinado por el lado correcto. Por lo general, hay tres preocupaciones acerca de la inflación: primero, que se vuelva desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, que destruya el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021, superando las secuelas de COVID-19. Y finalmente, que la inflación pueda aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El gobierno ha incrementado los programas antipobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema. El aumento del empleo en alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo debido a la recuperación de 2021 ha sacado a muchas personas de la pobreza. La pregunta relevante es, por lo tanto, contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno pusiera la reducción de la inflación, en lugar del crecimiento y la reducción de la pobreza, en el centro de su agenda? Es casi seguro que el crecimiento y el empleo habrían sido mucho menores y la pobreza mucho mayor. Ninguno de los críticos de las políticas de Argentina ha presentado una agenda económica creíble, dado el desbarajuste que heredó el gobierno y las realidades del COVID-19, por las cuales hubiera habido una mayor reducción de la inflación sin efectos desfavorables sobre la pobreza y el crecimiento. El gobierno de Macri demostró que se podía hacer mucho peor: obtener una alta inflación incluso con un crecimiento negativo y aumentos masivos de la pobreza. Sería hipócrita que quienes viven en países de altos ingresos defiendan lo que hicieron para enfrentar el desafío de la COVID-19 y luego exijan que Argentina haga exactamente lo contrario: una práctica familiar hecha sobre las políticas del FMI durante años. Habría habido una reacción política violenta y un rechazo generalizado de tales políticas económicamente destructivas en todo el mundo. Y dado que Estados Unidos es el único país con poder de veto del FMI, así como su influencia predominante en ese espacio, se habría culpado a Washington. Con toda la agitación que está pasando en el mundo, la administración Biden y sus aliados no necesitan otra crisis. En cambio, la admininstración Biden ha demostrado las ventajas de la cooperación global, asegurando que los expertos, en lugar de solo grupos de intereses especiales, tomen asiento en la mesa de la toma de decisiones. Aunque podemos celebrar este importante paso adelante, estamos lejos de estar fuera de peligro. Como señalamos, es probable que haya múltiples crisis en los próximos años. Argentina ha sido capaz de recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones, en macroeconomía, reformas estructurales y reestructuración de la deuda. Muchos otros no tendrán estas ventajas. El mundo necesita mejores mecanismos para asegurar que los intereses de todos los países — y especialmente los pobres dentro ellos — están representados en organizaciones que se supone que son multilaterales y se preocupan por todos los ciudadanos. En el FMI, Estados Unidos y sus aliados de altos ingresos tienen alrededor del 60 por ciento del poder de voto y, por lo tanto, toman casi todas las decisiones que afectan a sus 190 países miembros, a veces de manera bastante dramática, como en el acuerdo de préstamo argentino de 2018. Y cualquier programa como éste implica la vigilancia del FMI de las políticas de Argentina en los próximos años. Habrá una serie de eventos imprevistos e imprevisibles, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de Argentina como entre Argentina y el FMI. Con suerte, en los próximos años, ambas partes cumplirán con el espíritu de cooperación y compromiso con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza que marca a este acuerdo. Al final, es la voz de los ciudadanos de un país la que debe escucharse con más fuerza en una democracia. Por más mal diseño el acuerdo del FMI con el gobierno de Macri, por más mala implementación de dicho, es el gobierno actual y los ciudadanos argentinos los que han tenido que asumir las consecuencias. El gobierno, trabajando junto con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas ocasionadas por el COVID-19 y por las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto.

Joseph StiglitzMark Weisbrot / 04 Febrero 2022

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEE. UU.El Mundo ¿Estados Unidos como paraíso fiscal? El caso del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
elDiarioAR, 31 de octubre, 2021 Miami Herald, 26 de octubre, 2021 Ver artículo en el sitio original In English Si usted es político y necesita ocultar su dinero de las autoridades fiscales de su país, puede optar por esconder sus dólares en uno de los lugares más seguros del mundo, dentro del sistema bancario de los Estados Unidos de América. El país más poderoso del mundo protegerá su dinero y guardará sus secretos. ¿Por qué arriesgarse en otro lugar cuando puede ocultar sus activos en Dakota del Sur, Florida o Delaware? Y hay más: El gobierno de Estados Unidos puede proporcionarle un apoyo político vital cuando enfrente problemas en su país. Caso paradigmático: Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso se enfrenta a un gran escándalo a raíz de las revelaciones de los Papeles de Pandora sobre sus activos en el extranjero. El 19 de octubre, el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken realizó una visita especial a Ecuador, lo que el gobierno ecuatoriano se apresuró en presentar como una muestra de apoyo al atribulado presidente. El 10 de octubre, la Asamblea Nacional de Ecuador abrió una investigación formal sobre las finanzas del presidente. La comisión legislativa que investiga a Lasso busca establecer si violó una ley que prohíbe a los funcionarios públicos, incluidos los presidentes, tener activos en paraísos fiscales. La ley se remonta a 2017, cuando el gobierno ecuatoriano realizó un referéndum en el que preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con que “¿para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” El 55% de los ecuatorianos dijo "sí". Los funcionarios públicos tuvieron un año para cumplir la ley o enfrentarse a la destitución. Cuando en 2016 salió a la luz la información de que Lasso controlaba un complejo entramado de activos en las Islas Caimán, Florida y Delaware, su primera reacción fue negarlo. "Eso es mentira", dijo Lasso en repetidas ocasiones en entrevistas televisivas (aunque admitió tener un banco en Panamá). Pero meses después, anunció que efectivamente repatriaría sus activos en el caso de ser elegido a la presidencia. Lasso no salió elegido en 2017. Pero cuando anunció que se presentaría de nuevo a las elecciones de 2021, la prohibición de tener activos en paraísos fiscales ya era ley. Lasso tuvo que presentar una declaración juramentada de que no tenía ningún activo de este tipo y su candidatura fue aprobada. Los Papeles de Pandora aportan nuevas pruebas de que Lasso ha tenido durante mucho tiempo una laberíntica red de empresas ficticias registradas en jurisdicciones problemáticas. La nueva filtración también añade una serie de entidades antes desconocidas a la lista de activos previamente identificados, incluyendo nuevas empresas en Dakota del Sur. La primera reacción de Lasso ante esta filtración fue anunciar en su discurso televisado del 5 de octubre que la información de los Papeles de Pandora era obsoleta y que desde entonces había repatriado todos sus activos a Ecuador. Pero en una entrevista del 13 de octubre, Lasso pareció desmentir esa afirmación. En los últimos días, las declaraciones de Lasso se han vuelto cada vez más volátiles. El 13 de octubre, acusó a los 600 periodistas del consorcio ICIJ que están detrás de los Papeles de Pandora de formar parte de un "complot internacional" y de una "concertación para atacar a líderes políticos". Acusó a George Soros de estar detrás de la supuesta trama, y denunció a la cadena de televisión por cable alemana Deutsche Welle de obrar en su contra. Significativamente, tras su promesa inicial de cooperar con la investigación parlamentaria, Lasso se negó a asistir a la audiencia de la comisión cuando fue citado el 20 de octubre. Luego, el 25 de octubre, se hicieron públicos documentos oficiales panameños que demuestran que, en octubre de 2020, Lasso transfirió sus acciones en su banco en Panamá a sus hijos. Los documentos confirman que Lasso aún poseía esas acciones al momento de inscribir su candidatura en septiembre de 2020. Son además evidencia de que Lasso transfirió esos bienes a sus vástagos, lo que de acuerdo a la legislación ecuatoriana no califica como desinversión. Lasso está en aprietos. Si su candidatura fue ilegal, entonces podría ser destituido. Además, habrá cometido perjurio, lo que es un delito penal. El partido de Lasso tiene menos del 10% de los escaños en la Asamblea Nacional. Y su índice de aprobación se ha desplomado del 74 al 34 por ciento en menos de tres meses. El 27 y 28 de octubre fueron marcados por importantes movilizaciones en contra de un gobierno que enfrenta duras críticas por el aumento de los precios de los combustibles, la agresividad de sus proyectos de reforma laboral, el fuerte incremento de los índices de la inseguridad, y las masacres carcelarias que han estremecido al mundo. El gobierno de los Estados Unidos tiene todas las claves para descubrir la verdad sobre las finanzas ocultas de Lasso. El presidente Biden se ha manifestado abiertamente contra los paraísos fiscales, incluso en su discurso sobre el estado de la Unión de abril pasado. La apertura de las empresas fantasma de los políticos-oligarcas de América Latina en Estados Unidos daría concreción y credibilidad a las bien recibidas palabras del presidente estadounidense.

Guillaume Long / 31 Octubre 2021

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