Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo La Unasur aún existe y es la mejor plataforma para integrarnos
Revista Raya Ver artículo en el sitio original Los triunfos de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia y la posibilidad de una victoria en octubre de Lula da Silva en Brasil han vuelto a poner el tema de la integración en el centro del debate político de nuestra región. Varios hablan de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que la organización sufriera varios golpes entre 2018 y 2020 que culminaron con la salida de siete de sus doce miembros. La Unasur hoy en día está paralizada, pero la perspectiva de un cambio de gobierno en Brasil alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de un relanzamiento, ya que ese país, con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, lleva décadas buscando crear un espacio regional suramericano.  Lo primero que cabe señalar es que el Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 se mantiene vigente para todos los miembros que no lo han denunciado y la Organización sigue existiendo jurídicamente a nivel internacional. Mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo, la entidad seguirá teniendo plena vigencia jurídica. De haber voluntad política, no hay impedimento legal para que pueda ser relanzada por los Estados miembros. Lo segundo que vale la pena resaltar es que varios miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de Unasur de forma irregular. En particular, Brasil y Argentina no dieron término a sus membresías de manera apegada a derecho. Ambos obviaron el tratamiento legislativo especificado por sus respectivas constituciones, razón por la que podrían optar por anular sus denuncias. Por último, hay que señalar que los siete países que salieron de Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay) lo hicieron sin tener en cuenta los mecanismos para los tratados multilaterales que exigen la búsqueda de acuerdos. Bolivia objetó las denuncias unilaterales de los países e invitó al diálogo. En su momento, Uruguay demostró una voluntad reparadora para resolver los problemas surgidos en el seno de la Organización. Las siete denuncias no cumplieron con lo previsto en el Tratado Constitutivo de Unasur respecto de lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14 del Tratado), para la solución de controversias (artículo 21) o, incluso, para el procedimiento de Enmiendas (artículo 25). Cabe recordar que el derecho internacional público, incluida la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ratificada por los doce miembros fundadores de Unasur, protege la estabilidad de los Tratados y establece que la interpretación de las normas debe tender a la subsanación de las diferencias para la plena vigencia de los mismos. Las numerosas irregularidades de este caso abren la posibilidad para que se active un mecanismo de solución de controversias que podría dar cabida a una salida colectiva para subsanar el irregular proceso de debilitamiento de la Unasur. Más allá de las consideraciones jurídicas, existen voces que cuestionan la necesidad de retomar la integración suramericana. Algunos sectores, incluso dentro del progresismo latinoamericano, han señalado que la apuesta debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  La CELAC es sin lugar a dudas, una apuesta de vital importancia; quizás incluso, el horizonte último de cualquier proceso de convergencia regional en materia de integración. La gran riqueza de la CELAC es su membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de la OEA con sede en Washington. Es también una expresión fundamental del Sur global en el hemisferio occidental, llamada a elevar la voz y las demandas de los pueblos latinoamericanos y caribeños a nivel multilateral y global en materia de desarrollo, paz, justicia global, y lucha contra la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, etc. Sin embargo, la CELAC carece de un tratado constitutivo y de institucionalidad propia, como aquella que fue creada por el Tratado Constitutivo de la Unasur. Además, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros de la CELAC impide acuerdos más concretos y vinculantes en materia de gobernanza regional con normativas comunes, confluencia y homogeneización de políticas y un verdadero programa de desarrollo regional. La Unasur, a diferencia de la CELAC, puede avanzar más rápidamente hacia la integración física y normativa, es decir, hacia una verdadera gobernanza regional, con menos Estados miembros, mayores niveles de autonomía y de simetría incluso, a pesar de las grandes asimetrías que perduran en América del Sur. La segunda alternativa que se suele mencionar es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo desde su fundación y se ha diversificado a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado Constitutivo de la Unasur está registrado ante la ONU y conlleva una construcción regional multidimensional, en materia de defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo, infraestructura, energía, medio ambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, gestión de desastres, etc. Ningún otro organismo regional tiene una visión tan amplia de la integración suramericana ni abre el abanico de alternativas y posibilidades que ofrece la normativa fundacional de la Unasur.  Existen, además, importantes obstáculos para que el Mercosur ampliado pueda incorporar a los países del eje andino-pacífico, sobre todo, dado el acervo de normativa arancelaria del Mercosur. ¿Qué tan posible resulta que Colombia, Ecuador, Perú o Chile se incorporen al Mercosur en el mediano plazo? Y ciertamente no será la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la que incorpore en su seno a los países del eje atlántico. Fue justamente para el propósito de la convergencia entre los subsistemas andino-pacífico y atlántico-conosureño que se creó, en 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en 2007 cambió su nombre por el de Unasur. Esta Organización puede desempeñar un papel central de convergencia para que se privilegie la proyección, a nivel suramericano, de las mejores prácticas y el mejor bagaje institucional y no se busque apenas la difícil incorporación del eje pacífico en el eje atlántico o viceversa. Por todas estas razones se debe maximizar la vigencia jurídica del Tratado Constitutivo de la Unasur, y procurar que el mayor número posible de países de la región se reincorporen a la Organización. Un relanzamiento de la Unasur deberá ser acompañado de importantes cambios en su normativa y funcionamiento. Se debe aprender de varios errores del pasado y corregir las fallas de diseño. La regla del consenso en la toma de decisión, que otorga poder de veto a los países miembros y llevó a la parálisis y acefalía de la entidad, debe ser repensada o, al menos, no ser aplicada en todos los procesos de toma de decisión. También se debe transitar progresivamente hacia una organización internacional más consolidada que goce de cierto nivel de autonomía relativa. Frente a las nuevas rivalidades entre las grandes potencias, en especial entre Estados Unidos y China, y de cara a los grandes retos del siglo XXI, la apuesta debe ser una respuesta regional que tienda hacia una mayor autonomía estratégica y un no alineamiento actualizado. La Unasur sigue siendo, de lejos, la mejor plataforma para la consecución de estos objetivos.

Guillaume Long / 24 13:15:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

ColombiaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Washington le da una cálida bienvenida a controvertido expresidente colombiano
Nodal Responsible Statecraft Ver artículo en el sitio original In English El 7 de agosto, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, asumió como presidente de Colombia.  Ese mismo día, el antecesor de Petro, Iván Duque, dejó el cargo con un índice de aprobación abismal.  En palabras del New York Times, “las políticas fallidas de Duque (…) lo convirtieron en uno de los líderes más impopulares en la historia reciente de Colombia”.  Sin embargo, el expresidente aún podría tener un futuro brillante en Washington, DC.  Apenas dos días después de la asunción de Petro, el Woodrow Wilson Center, con sede en el corazón de la capital estadounidense, anunció que el expresidente había sido seleccionado como asociado distinguido (en inglés:  distinguished fellow) del Centro. La historia no recordará amablemente a Duque.  Mientras era presidente, desmanteló parcialmente el histórico acuerdo de paz de Colombia, con consecuencias desastrosas para las comunidades pobres de color en las zonas de conflicto. Supervisó la represión masiva de las protestas contra sus políticas económicas, lo que resultó en la muerte de decenas de jóvenes manifestantes.  Él y sus aliados interfirieron en la política interna en otros países, incluso en las elecciones estadounidenses de 2020.   Sin embargo, a partir del otoño, Duque recibirá un estipendio mensual de $ 10.000 y tendrá una cómoda oficina a un par de cuadras de la Casa Blanca.  ¿Qué onda?  ¿Por qué un destacado think tank de DC, uno que recibe fondos del gobierno de los EE. UU., otorga una beca a un expresidente muy vilipendiado que tiene un alarmante historial manchado de sangre?   La respuesta tal vez radica en la relación extraordinariamente estrecha – "la excepcional colaboración", como dijo el presidente Biden – que ha existido entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia. Líderes como Duque han apoyado enérgicamente muchas de las prioridades políticas de Washington, en Colombia y a nivel regional. A cambio, han recibido respaldo político incondicional y miles de millones de dólares de asistencia de la administración estadounidense.  Bajo el nuevo presidente progresista de Colombia, esta relación parece estar cambiando de rumbo, provocando ansiedad dentro de la élite de la política exterior de EE. UU. Duque fue elegido en 2018, en gran parte gracias al respaldo de su mentor político, el expresidente ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010).  Durante su presidencia, Uribe llevó a cabo una estrategia militar de tierra quemada contra grupos guerrilleros de izquierda, con un respaldo logístico y financiero sin precedentes de los Estados Unidos bajo la iniciativa del “Plan Colombia”.  Fuera de las devastadas zonas de conflicto de Colombia, Uribe siguió siendo una figura popular, a pesar de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares asesinos y narcotraficantes.  Duque, quien se acostumbró a referirse a Uribe como el “presidente eterno”, prometió continuar con sus políticas de línea dura.   El primer blanco a atacar fue el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la larga y trágica guerra entre la insurgencia guerrillera de las FARC y el Estado colombiano.  Según los informes, durante esta guerra de cinco décadas, 450.000 personas fueron asesinadas. Al menos 205.000 de estos asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares vinculadas al establishment policial y de seguridad de Colombia, según una Comisión de la Verdad independiente creada en virtud del acuerdo.  Los archivos desclasificados muestran que el gobierno de EE. UU. estaba al tanto de que el ejército colombiano llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y trabajó en conjunto con grupos paramilitares.  Sin embargo, las relaciones entre el Pentágono y el ejército colombiano se hicieron más profundas.  La ayuda de seguridad de EE. UU. continuó fluyendo, por una suma de $ 7,7 mil millones entre 1996 y 2016.   El acuerdo de paz le valió al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) el Premio Nobel de la Paz.  También le valió la cólera furiosa de su antiguo aliado Uribe.  La campaña presidencial de Duque en 2018, en la que Uribe tuvo una gran presencia, se centró en oponerse al acuerdo. Una vez en el poder, Duque encontró varias maneras de debilitarlo. Redujo drásticamente la financiación de programas fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional. Desvió fondos destinados a financiar programas para abordar la enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y para permitir que los cultivadores de coca hicieran la transición a cultivos lícitos.   Lo peor de todo es que Duque no hizo cumplir adecuadamente las garantías de seguridad para miles de combatientes de las FARC desmovilizados y líderes comunitarios.  Bajo Duque, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron ausentes en gran medida en las áreas de conflicto o no se desplegaron cuando se necesitaban.  Como resultado, los grupos armados ilegales se han multiplicado y la violencia se ha disparado a niveles observados durante el apogeo del conflicto armado. Mientras Duque estuvo en el cargo, 930 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 261 masacres en las que murieron 1.144 personas, según el grupo de derechos humanos Indepaz.   Lamentablemente, el desastroso historial de Duque como presidente no se detiene ahí. La presidencia de Duque fue marcada por las protestas más grandes de la historia colombiana contemporánea.  Aunque fueron una respuesta a las impopulares políticas de Duque en lo económico, lo educativo y lo sanitario, los niveles cada vez mayores de pobreza y de desigualdad de ingresos del país (los más altos de América Latina) también fueron factores que desencadenaron una indignación de gran alcance entre los jóvenes colombianos. Las protestas masivas fueron respondidas con una represión feroz y violenta por parte de las fuerzas policiales y militares.  Más de 80 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, fueron asesinadas, y muchas otras fueron torturadas o agredidas sexualmente. Duque y los funcionarios de su gobierno restaron importancia a los abusos de las fuerzas de seguridad y con frecuencia describieron las protestas como intentos de desestabilizar al gobierno en nombre de terroristas, narcotraficantes, gobiernos extranjeros y opositores políticos como Gustavo Petro.  Hablando en un evento de mayo de 2021 en el Wilson Center, Duque se refirió al contexto preelectoral e hizo referencias apenas veladas a Petro y su equipo como “personas que podrían querer (…) construir sus aspiraciones basadas en el caos”.  En el mismo evento, y mientras las protestas continuaban en Colombia, el presidente del Wilson Center, Mark Green, dijo a la audiencia que “el gobierno de Duque es un socio y aliado clave de los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestros intereses políticos, económicos y estratégicos, se superponen de muchas maneras”.   De hecho, a pesar de todas sus fallas, el presidente Duque fue un aliado leal de los Estados Unidos.  Al igual que su mentor Uribe, apoyó las prioridades clave de Estados Unidos, incluso cuando eran dañinas y contraproducentes.  Continuó prosiguiendo la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, basada en un enfoque agresivo y militarizado que a menudo criminaliza a comunidades enteras y se enfoca en la erradicación de cultivos a toda costa.  Se unió a los EE. UU. para apoyar la fumigación aérea de las plantaciones de coca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planteara su grave preocupación con respecto al impacto tóxico de la fumigación en la salud de los habitantes locales y en el medio ambiente.  La Comisión de la Verdad de Colombia ha criticado duramente el enfoque de la política antinarcóticos de Estados Unidos, culpándolo de endurecer el conflicto armado en el país.  Lo cual tampoco parece haber funcionado: la producción de cocaína en Colombia ha ido en constante aumento y ahora se encuentra en el triple del nivel observado en 2012.   Duque, como la mayoría de sus predecesores, también ha sido un promotor constante de los objetivos de la política estadounidense en otras partes de América Latina.  Apoyó firmemente los esfuerzos de la administración Trump respecto de un cambio de régimen en Venezuela, apoyando abiertamente los intentos de golpes militares allí y permitiendo que mercenarios y soldados venezolanos disidentes se entrenaran en Colombia.   Al igual que la administración de EE. UU., recibió con mucho agrado la destitución del presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, por parte de los militares y los políticos de extrema derecha.  En Ecuador, el procurador general de Duque, un amigo cercano, intervino agresivamente en las elecciones del país de 2021 en un claro esfuerzo por socavar al candidato de izquierda Andrés Arauz y reforzar la campaña del candidato de Washington, Guillermo Lasso (para total transparencia: Arauz es actualmente un economista en mi organización, CEPR).  Los aliados políticos de Duque, incluido Uribe, incluso se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2020, apoyando abiertamente a Trump y a los candidatos al Congreso en el sur de Florida. Aun así, Duque luego tuvo excelentes relaciones con la administración Biden. En cada oportunidad, pregonó su apoyo a la política latinoamericana de Biden, que en muchos sentidos es una continuación de la política de Trump.  Cuando Biden recibió críticas mordaces de muchos líderes regionales por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Duque utilizó su discurso en la cumbre para lanzar una larga diatriba contra los tres países. Duque recibió elogios en Washington por ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de migrantes venezolanos, al tiempo que apoyaba las sanciones de Estados Unidos que han sido responsables de decenas de miles de muertes de civiles en Venezuela y que contribuyeron al aumento de la emigración. La administración de Biden ha recompensado generosamente a Duque, con una serie de eventos de alto nivel con el secretario de Estado Tony Blinken y con el propio Biden.  En una ceremonia en la Casa Blanca en marzo, Biden designó a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, un impulso para el movimiento político de Duque solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Colombia.  La administración estadounidense también dejó perfectamente claras sus preferencias políticas con vistas a las elecciones presidenciales en Colombia de junio.  Altos diplomáticos estadounidenses emitieron declaraciones de preocupación sobre los temores de una intervención rusa, cubana y venezolana en las elecciones, con la implicación tácita de que apoyaban a Petro.  Los funcionarios estadounidenses también evitaron deliberadamente reunirse con Petro antes de las elecciones, mientras sí se reunían con otros candidatos destacados. Duque es ahora un asociado distinguido (de igual modo que Uribe que se convirtió en profesor visitante en la Universidad de Georgetown después de su presidencia).  Petro es presidente. Cabe notar que Biden llamó a Petro después de su elección y le dijo que esperaba trabajar juntos en la política climática y la implementación del acuerdo de paz.  Pero puede llevar un tiempo para que la administración estadounidense se acostumbre a la idea de que Colombia ya no es el principal agente de sus intereses en América Latina.  Entre otras cosas, Petro ya está restableciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y ha dejado en claro que tiene una visión muy diferente sobre la política de drogas que la que Estados Unidos ha promovido durante años.  Queda por verse si la administración estadounidense realmente aceptará la nueva realidad política en Colombia o si intentará socavar, o incluso derrocar, a su gobierno, como lo ha hecho tantas veces antes en América Latina.

Alexander Main / 24 08:29:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

ColombiaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Colombia también podría elegir un ‘outsider’ de presidente
Por Francesca Emanuele Los políticos outsiders se han convertido en una tendencia global. Enganchan con votantes hartos de una clase política que ha liderado décadas de gobiernos corruptos e inficaces. Hace un año, la mayoría de peruanos optamos por apoyar al candidato presidencial “antiestablisment”, Pedro Castillo. Y aunque nos salvamos de la consolidación de una mafia autoritaria con Keiko Fujimori, nuestro mal menor nos tiene hoy presos del caos y el paulatino desmantelamiento de las pocas políticas públicas decentes que teníamos. Este domingo es el turno de los vecinos colombianos de elegir a su próximo presidente. Entre sus dos opciones se halla un outsider, el empresario millonario, Rodolfo Hernández. Pese a que Hernández, conocido como el ingeniero, y Castillo, como el profesor, responden a un contexto nacional distinto, existe un patrón fenomenológico reconocible entre ambos.  Al igual que Castillo en el Perú, Hernández se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta electoral de Colombia. A solo un par de semanas de la contienda, Hernández trepó en las encuestas destronando al candidato conservador, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, quien era uno de los favoritos. El empresario, como también es llamado, cuenta con un programa de gobierno gaseoso, centrado en vagas consignas anticorrupción y propuestas demagógicas que tendrían un impacto cero (o negativo) en la vida de los colombianos. Hernández ha ofrecido donar su salario de presidente. Castillo anunció lo mismo, como también propuso eliminar la Defensoría del Pueblo; una medida absurda que se asemeja a la promesa de Hernández de cerrar 27 embajadas.  La carencia de una ruta trabajada que proyecte un rumbo al país, predispone a los outsiders a huir del escrutinio público. Los peruanos así lo sufrimos con Castillo, que en campaña le rehuía a la prensa y ya en el Ejecutivo le terminó de cerrar el acceso con cantol. A inicios de junio, el profesor presidente cumplió más de 100 días sin brindarle una sola declaración a los medios. Por su parte, Hernández no participó en ningún debate de la segunda vuelta, y aún recibiendo una orden judicial que se lo ordenó, decidió incumplirla.  Existen otras semejanzas, que van desde sus campañas presidenciales atípicas de bajo presupuesto que apelan principalmente a la identificación y a las emociones; pasando por sus contradicciones constantes y terminando con su desconocimiento vergonzoso de la cosa pública, la geografía nacional, los problemas domésticos, y los distintos espacios y acuerdos internacionales. En uno de los pocos debates electorales a los que asistió Hernández en primera vuelta, un contrincante le tuvo que soplar qué era el Acuerdo de Escazú para que éste pudiera responder la pregunta del moderador. Además, el candidato colombiano dice hoy apoyar los acuerdos de paz, pero votó en contra de éstos en 2016. De Castillo existen numerosos ejemplos que evidencian el desconocimiento del presidente sobre la función de las instituciones multilaterales que visita. Cuando acudió a la Organización de Estados Americanos, instó a los 34 embajadores a realizar “reuniones descentralizadas”, como si se tratara de su gabinete nacional. Pero quizá lo que tiene mayor relevancia en ambas figuras es su ascenso a la política en solitario. Es decir, sin un partido cohesionado que los respalde. Castillo fue candidato presidencial como invitado de un partido local –Perú Libre– que por primera vez llegaba al Congreso. En menos de un año de legislatura, Perú Libre se partió hasta en 4 facciones, se opuso a las escasas propuestas redistributivas de Castillo, tales como la reforma tributaria, e incluso intentó boicotear un gabinete ministerial. En la actualidad vota en alianza con las fuerzas más conservadoras del parlamento, entre ellas el fujimorismo. Para colmo, algunos de los miembros de Perú Libre han amenazado con deponer a Castillo. El resultado es que las promesas de cambio se fueron por el despeñadero y lo que impera es una estrategia de supervivencia a cualquier costo.  Hernández postula con un movimiento político, La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que consiguió solo 2 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia. De resultar vencedor, lo más probable es que Hernández no logre construir una coalición para gobernar o, en todo caso, se alinee con las fuerzas más conservadoras del legislativo que apoyan su candidatura. Lo primero devendría en un atolladero similar al peruano, y lo segundo en la muerte súbita de sus consignas antiestablishment.  Pero así como hay coincidencias en su estrategia política y narrativa popular, Castillo y Hernández tienen trayectorias y orígenes muy distintos. El profesor es un exlíder sindical de clase trabajadora rural. El ingeniero es un millonario inmobiliario que fue además alcalde. Estas diferencias aparecen en los sectores que los respaldan, así como en sus formas de comunicación verbal y simbólica. Mientras Castillo es un conservador taciturno,  aparentemente conciliador, y demonizado por la derecha peruana; Hernández es un personaje agresivo, ofensivo, misógino, con ambición de poder y aceptado por la derecha de su país. Es comparado regularmente con Donald Trump por frases como tildar a las mujeres venezolanas de ser “una fábrica de hacer chinitos pobres”.  Si algo me preocupa de las elecciones del 19 de junio es que este outsider caudillista resulte elegido. Un personaje prepotente, con poder económico, sin bandera, sin organización política, y con un presunto conocimiento de las mañas de la corrupción (a pesar de enfocar su campaña en lo contrario). Hernández está imputado por supuestamente recibir coimas de una licitación del recojo de basuras cuando era alcalde. El escándalo llegó hasta Washington esta semana, donde un grupo de legisladores de EEUU solicitó al presidente Joe Biden investigar los hechos, pues el ingeniero habría lavado el dinero de sus sobornos comprando unos inmuebles en Florida.  Yo espero que las y los hermanos colombianos lean con destreza la infinidad de señales que desenmascaran a su ingeniero candidato. Creer que un outsider solitario será vehículo de medidas que beneficien a la mayoría no es sino ignorar que la política transformadora solo funciona en colectivo, y sostenida sobre las bases de un horizonte ideológico. La experiencia fracasada del Perú lo confirma.

CEPR / 19 15:50:00 Junio 2022

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