Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Datos de las Elecciones Bolivianas Añaden Más Pruebas de que la OEA Fabricó Las Denuncias de Fraude del Año Pasado
In English El MÁS recibió más votos en 2020 en casi todos los 86 recintos sospechosos según la OEA en 2019 El domingo 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y, por abrumadora mayoría, eligieron como presidente a Luis Arce del partido MAS. Los conteos rápidos privados publicados la noche de la votación mostraron que Arce recibió más del 50% de los votos y tenía una ventaja de más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato en el segundo lugar, Carlos Mesa. Hasta el miércoles por la mañana, un poco más del 88% de los votos se había contabilizado en el sistema de resultados oficiales, y la ventaja de Arce ha ido aumentando. El porcentaje de votos del candidato del MAS es, al momento de redactar este artículo, del 54,5 en comparación con el 29,3 para Mesa. A medida que se cuenten los votos finales, es probable que la proporción de votos de Arce aumente aún más. En estos momentos, la victoria de Arce es incuestionable. La elección se produjo casi exactamente un año después de las elecciones de octubre de 2019, que fueron seguidas por protestas violentas y la destitución del entonces presidente Evo Morales, quien renunció bajo presión militar. Los resultados oficiales de esa votación mostraron que Morales y el partido MAS ganaron con una ventaja de 10,56 puntos porcentuales sobre Mesa, por encima del margen de victoria de 10 puntos necesario para que Morales venciera en las elecciones sin tener que presentarse a una segunda vuelta. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que hubo una supuesta manipulación generalizada de los resultados, alimentando una narrativa de fraude electoral que sirvió de pretexto para el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Con la victoria de Arce en 2020 prácticamente confirmada, ¿qué nos dicen los resultados de 2020 sobre las acusaciones de fraude de la OEA en los comicios del año pasado? Las denuncias iniciales de la OEA que señalaban un fraude se centraron en un supuesto cambio "drástico" e "inexplicable" en la tendencia del voto, que presuntamente tuvo lugar después de que el sistema de resultados preliminares, o TREP, fuera suspendido por casi 24 horas. En el tiempo transcurrido desde entonces, múltiples análisis estadísticos —del CEPR (comenzando el día después de las acusaciones de la OEA), y de académicos del MIT, de Tulane, de la Universidad de Pensilvania y de otros lugares— han demostrado que el análisis estadístico de la OEA es profundamente defectuoso. De hecho, no hubo ningún cambio "inexplicable" en la tendencia del voto. La OEA se ha negado a responder tanto a estos estudios como a las preguntas sobre su análisis estadístico por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos. En su lugar, la OEA ha señalado otras supuestas irregularidades identificadas en su auditoría. La organización terminó que su análisis estadístico era solo informativo, pero que la evidencia real estaba en una auditoría que la OEA realizó después de las elecciones. En esa auditoría, la única evidencia que pretendió mostrar un impacto real en los resultados de las elecciones estuvo en 226 actas de 86 centros de votación en todo el país. La OEA alegó que las actas fueron manipuladas. Señaló que, si se eliminaban los votos para Morales de todas esas 226 actas, desaparecería la ventaja que le dio la victoria en primera vuelta por haber superado el umbral de 10 puntos porcentuales. Es decir, esas 226 actas sirvieron como supuesta prueba de que Morales había hecho trampa para ganar en la primera vuelta. Extractos del informe de auditoría de la OEA. En marzo de 2020, el CEPR publicó un informe de 82 páginas detallando cómo el resto de las acusaciones de la OEA eran tan defectuosas como el análisis estadístico que produjo los cimientos de la narrativa de fraude que llevó a la destitución forzada de Morales. Examinamos esas 226 actas, mostrando las fallas en el análisis de la OEA y señalando que los resultados en esos centros de votación coincidían estrechamente con los resultados de elecciones anteriores. En realidad, no había nada sorprendente en que al MAS le fuera extremadamente bien en esas áreas. Además, notamos que, si bien los funcionarios de la OEA habían mencionado públicamente en repetidas ocasiones la existencia de actas falsificadas, los auditores no habían proporcionado evidencia para respaldar esa acusación. Ahora ya con resultados desagregados de las elecciones de este domingo, podemos ver que los resultados en los centros donde la OEA supuestamente identificó actas adulteradas siguen los mismos patrones que en las elecciones de 2019. A continuación, la tabla 1 presenta los resultados de 2020 (con el 88% del total de votos contabilizados) en los 86 centros de votación donde la OEA alegó que las actas de escrutinio habían sido manipuladas el año pasado. Tabla 1 Tenemos datos parciales para al menos 81 de los 86 centros de votación y, en todos menos 9, el porcentaje de votos para el MAS ha aumentado en comparación con los comicios de 2019. En 2019, la OEA y otros observadores parecían escandalizados por el hecho de que, en muchas áreas rurales, Morales había recibido más del 90% de los votos y, en algunos casos, incluso el 100% de los votos. Y afirmaron que esto seguramente bastaba como prueba del fraude. Pero los resultados de 2020 que tenemos hasta el momento desacreditan aún más las afirmaciones infundadas de la OEA, que sirvieron de justificación para un golpe de Estado y para la represión que vino detrás. Hasta el día de hoy, exfuncionarios electorales permanecen bajo arresto domiciliario, siendo la auditoría de la OEA el único sustento de su detención. Como señalamos en nuestro informe de marzo, las comunidades a las que pertenecen esas 226 actas y que fueron sujeto del análisis de la OEA son, en la mayoría de los casos, predominantemente indígenas. Aunque puede resultar sorprendente ver a un candidato recibir el 100% de los votos, en realidad no lo es. La votación comunitaria —en la que una comunidad llega a un consenso sobre por quién votar— es un fenómeno ampliamente reconocido en Bolivia. Lo que alegó la OEA es que los jurados electorales —que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente por la autoridad electoral (TSE) para servir como funcionarios electorales en cada mesa de votación— no escribieron sus nombres en las actas, sino que alguien más había escrito sus nombres. Siendo claros, la OEA no alega que las 226 actas fueron llenadas por la misma persona (en ningún caso la OEA alega que una misma persona llenó más de 7 actas). Además, en solo uno de los 226 casos, la OEA señala problemas con las firmas en las actas. En lugar de fraude, la explicación más probable para esto es simplemente que un notario (cada notario supervisa alrededor de 8 mesas de votación), o algún otro funcionario con letra clara y legible, escribió los nombres y luego cada miembro del jurado firmó el acta. No queda claro, en base a la normativa electoral, que esto sea siquiera una violación de la ley electoral. De cualquier manera, los resultados de 2020 confirman además que no hubo nada fuera de lo normal en los resultados de esas 226 actas en 2019. Además, lo que la OEA identificó como irregularidades no tuvo un impacto perceptible en los resultados de las elecciones. No podemos volver a 2019, ni borrar la violencia racista desatada en contra de la población tras el golpe. El domingo, los bolivianos demostraron su valentía y el poder de los movimientos sociales organizados para corregir el daño de 2019. Pero esa victoria no debería permitirnos olvidarnos de 2019, o del papel que jugaron los actores internacionales en el derrocamiento de un Gobierno elegido democráticamente. Esas 226 actas nunca mostraron un fraude, como afirmó la OEA. Sin embargo, sí revelan cómo la OEA privó de sus derechos a decenas de miles de indígenas bolivianos en sus descarados intentos por justificar la destitución antidemocrática de un líder electo. Traducción de Francesca Emanuele

Jake Johnston / 22 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El FMI impone más recortes para Ecuador, aunque predica lo contrario
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador. En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens "Historia de dos ciudades". Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió. La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que los recortes y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el "crecimiento inclusivo". Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de los recortes. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública. Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: ajustes, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como "proteger a los más vulnerables" junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo. Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende "avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior". El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador. La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19. Los ajustes sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público. El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de "eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital". El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos. El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso "impulsará la competitividad". Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una "racionalización de los gastos salariales" que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la "reforma laboral" apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios. Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital. El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica. El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente. >El programa para Ecuador es sola una señal de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones. Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años. El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando los recortes perjudicial, que aumenta la desigualdad. El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Lara Merling / 15 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Juicios políticos y vetos electorales en la batalla por la democracia en Ecuador
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el expresidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a opositores y proscrito candidatos. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia. La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la "Revolución Ciudadana" de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático giro político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de políticas sociales y económicas de Correa. En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. Un año después, la popularidad de Moreno se había desplomado; cayendo en más de un 50% y continuando su descenso posteriormente. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas. En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma agresiva de judicialización de la política o "lawfare", inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el expresidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba controlar el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 para otorgarle poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General del Estado, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas. Actualmente existen 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar en 2012 el secuestro fallido, en Colombia, de Fernando Balda, un poco conocido fugitivo de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso resultó en una orden de prisión preventiva para Correa, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador y brindándoles un alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, se asiló en Argentina donde anunció que había sido amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa. Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por acusaciones de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue despojado de sus derechos políticos por 25 años. El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy vino a mi oficina el propio Alexis Mera ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “VP dispone recibir sobre y entregar DE INMEDIATO a Alexis Mera…”; con la palabra "entregado" garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses. Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como evidencia clave. Correa fue declarado culpable - en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos - de “influjo psíquico” sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción. Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de celeridad. Si bien se necesitaron cuatro años para la audiencia de casación del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa y la audiencia de casación. Los jueces de casación, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, confirmaron, como era de esperar, el veredicto de abril. Correa reside actualmente en Bélgica, el país de origen de su esposa, e Interpol, en sus intentos por mantenerse al margen de los casos evidentemente politizados, ha negado reiteradamente las solicitudes de Ecuador de que se emita una notificación roja en su contra. En definitiva, esto le importa poco a la alianza anti-correísta. Si bien algunos disfrutarían de tener a Correa en la cárcel, incluso si lo más probable es que genere una reacción política perjudicial para sus intereses, el verdadero propósito de la sentencia es dañar el legado de Correa, evitar que esté físicamente presente en el país e impedir que sea candidato en elecciones. La otra línea de ataque del régimen ha sido socavar la fuerza organizativa del correísmo. El propósito es evitar que Correa y sus seguidores tengan un partido político coherente y funcional. En 2017, Moreno despojó con éxito a Correa de Alianza País, el partido que Correa había creado en 2006 en su primera candidatura exitosa a la presidencia. Como exvicepresidente de Correa, Moreno sabía que para emprender una campaña efectiva contra Correa y su legado, necesitaba neutralizar el movimiento de Correa. La oportunidad surgió cuando varios dirigentes leales a Correa cuestionaron el liderazgo de Moreno de Alianza País. Otro fallo judicial favorable le dio a Moreno el control total sobre el partido. Por supuesto, Alianza País era en esencia correísta, y una vez que su líder histórico fue marginado, la mayoría de sus miembros abandonaron el barco. Pero plenamente consciente de su papel de transición, el objetivo de Moreno nunca fue realmente tener un partido fuerte propio. Su objetivo era hacer que la mayor fuerza política de Ecuador no tuviera organización partidaria; lo que logró. Correa y sus seguidores buscaron entonces crear un nuevo partido, pero sus intentos fueron frustrados sistemáticamente por las autoridades electorales controladas por el gobierno. En 2019, los correístas finalmente se vieron obligados a unirse a una organización política preexistente llamada Fuerza Compromiso Social. Entonces, el 19 de julio de 2020, las autoridades electorales de Ecuador simplemente suspendieron a Fuerza Compromiso Social del registro de partidos políticos, lo que le impidió presentar candidatos a las próximas elecciones. Como resultado, en agosto de 2020, los correístas se vieron obligados a buscar los auspicios de otro partido, Centro Democrático, para albergar las candidaturas del movimiento. Los enemigos de Correa saben que este interminable viaje de un partido a otro, con su correspondiente cambio de nombre, color, símbolo, número de lista y acuerdos incómodos con el liderazgo de los partidos anfitriones, genera una debilidad organizativa que impide que el movimiento dedique toda su energía a la tarea de conseguir apoyo popular. Y, sin embargo, a pesar de estos incesantes intentos de erosionar el margen de maniobra de Correa, las encuestas de agosto de 2020 confirmaron que el correísmo sigue siendo un fuerza a tener en cuenta y la más probable en ocupar el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En cualquier caso, la nominación, el18 de agosto, del joven economista Andrés Arauz como su candidato presidencial, le ha dado al correísmo un renovado impulso. Moreno, en cambio, se enfrenta a un futuro incierto. Su menguante popularidad y credibilidad del 8% es la más baja para cualquier presidente desde el regreso de Ecuador a la democracia en 1979. En octubre pasado, estalló la ira popular contra el programa de austeridad neoliberal del gobierno, respaldado por el FMI, lo que resultó en las mayores protestas del país en décadas. El gobierno apenas recuperó el control de la situación después de reprimir brutalmente las protestas: 11 personas murieron, al menos 1.500 resultaron heridas y más de 1.200 fueron detenidas. Siguió una ola de detenciones de figuras de la oposición, incluidos funcionarios electos. Varios legisladores buscaron refugio en la embajada mexicana y pudieron salir del país meses después. En 2020, la terrible gestión de Moreno de la crisis de la Covid-19 fue noticia mundial cuando las calles de Guayaquil se llenaron de cadáveres abandonados a medida que colapsaban las capacidades de atención médica y mortuoria de la ciudad. La pobreza y la desigualdad también han aumentado en los últimos dos años. Y una serie de escándalos de corrupción están causando estragos en el gobierno de Moreno. El propio presidente enfrenta acusaciones de haber utilizado una cuenta offshore en Panamá para recibir sobornos. Moreno puede contar con la protección de Estados Unidos una vez termine su mandato. Después de todo, en un claro esfuerzo por asegurar el apoyo de la administración de los Estados Unidos, ha dado un gran giro a la política exterior ecuatoriana: la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que Washington siempre vio como un rival de la Organización de Estados Americanos (OEA) y contrario a sus intereses; la terminación del asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres; el reconocimiento de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, como presidente de Venezuela; un renovado programa  de cooperación militar y del FBI, incluido el entrenamiento de personal militar ecuatoriano por parte de Estados Unidos; y la alineación inquebrantable de Ecuador con la administración Trump en prácticamente todas las votaciones en el Consejo Permanente de la OEA. Tras encarcelar y obligar a muchos miembros de la oposición al exilio, reprimir brutalmente las protestas y prohibir que Correa y su partido político se presenten en las próximas elecciones, el gobierno de Moreno ha cruzado más de un Rubicón en la violación de derechos políticos esenciales en Ecuador. Hasta ahora, los medios locales y Estados Unidos le han dado carta blanca a Moreno, una aquiescencia que puede llevar a Moreno a creer que tiene poco que ganar si restringe su desliz autoritario y mucho que perder si permite una victoria cada vez más probable de Arauz en febrero. Como resultado, el rumor en los círculos políticos en Ecuador es que el gobierno ya está conjurando una estrategia para impedir que Arauz se postule, por cualquier medio posible. La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que permita elecciones relativamente libres y limpias. La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento, quizás incluso a la mayoría, de la población ecuatoriana, que las elecciones no son democráticas. Si el gobierno prohíbe o perjudica aún más la candidatura de Arauz, la gente gritará fraude. El conflicto político podría escalar a niveles sin precedentes y poner en peligro la estabilidad democrática de Ecuador a largo plazo. Este es un territorio inexplorado; no solo antidemocrático, sino también peligroso e irresponsable.

Guillaume Long / 18 Septiembre 2020

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Lo que la OEA le hizo a Bolivia
The Guardian In English Bolivia vive una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente electo de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre. Ese mes fue “el segundo mes más mortífero, en términos de muertes de civiles cometidas por fuerzas estatales, desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años”, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) publicado hace un mes. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, el país que tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera desproporcionada a los indígenas bolivianos. El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes racistas, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005. La naturaleza racista de la violencia estatal se subraya en el informe de HLS & UNHR, incluyendo testimonios de testigos presenciales que relataron cómo las fuerzas de seguridad utilizaron “lenguaje racista y anti-indígena” cuando atacaron a los manifestantes; y también deja claro que el total de víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe fueron indígenas. Lo que ha recibido aún menos atención, pero es igualmente importante para comprender cómo la democracia de Bolivia fue destruida el pasado noviembre, es el papel de la Organización de los Estados Americanos en este terrible crimen. Como informó finalmente el New York Times el 7 de junio, el análisis "defectuoso" de la OEA inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre "alimentó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Como señaló el Times, el análisis de la organización "planteó dudas sobre fraude electoral — y ayudó a derrocar a un presidente...”. De hecho, las acusaciones de la OEA fueron el principal fundamento político del golpe de Estado acontecido tres semanas después de las elecciones del 20 de octubre. Y las acusaciones continuaron durante muchos meses después del golpe. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un conteo preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras los votos son contabilizados. Cuando se contó el 84% de los votos en este conteo preliminar, Morales tenía el 45,7 por ciento de los votos y tenía una ventaja en votos de 7,9 puntos porcentuales por sobre el candidato en el segundo lugar. Luego, la información en este conteo no oficial y no vinculante se interrumpió durante 23 horas, y cuando se retomó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos porcentuales. Al final del recuento oficial fue del 10,5 por ciento. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40 por ciento de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin la necesidad de una segunda vuelta. La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencias para respaldar estas acusaciones, pues no había ninguna. Esto ha sido comprobado y verificado desde entonces, y en repetidas ocasiones, por una gran cantidad de estudios estadísticos especializados, incluido el que le dio los fundamentos al artículo del New York Times del 7 de junio. Como sucede a veces cuando las cifras se convierten en un tema de controversia política, los estudios estadísticos fueron necesarios principalmente para refutar otros — a menudo falsos— análisis estadísticos. Pero la verdad fue bastante clara y fácil de ver a través de los datos disponibles en línea inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), del que soy codirector, hizo uso de esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA un día después de que fueran vertidas; y continuó elaborando una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluyendo un amplio documento rebatiendo el informe final de auditoría de la OEA.  No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que reportaron más tarde sus votos eran más pro-Morales que las que reportaron antes, y esto debido a varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal y como había ido aumentando durante el conteo preliminar. Este es un fenómeno bastante común en las elecciones en todo el mundo. Pero después de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas que reportaron posteriormente sus votos tuvieran una tendencia política distinta que aquellas cuyos votos llegaron antes. Esto en sí mismo es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que de hecho sabían que sus acusaciones eran falsas. No nos cabe en la cabeza que esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se le ocurriese a los expertos electorales en los meses que duró la investigación. El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA “que se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones”. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por la congresista Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA en la que formularon 11 preguntas elementales sobre el análisis de la OEA. Una se refería a si habían considerado la posibilidad de que las áreas que informaron sus votos al final fueran “diferentes de alguna manera que las hiciera más propensas a votar por Evo Morales — por un margen más amplio — en comparación con los votantes en los recintos típicos del primer 84% de los votos reportados?” Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido. En julio el Congreso de Estados Unidos celebró sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA y los confrontó a algunas de las mismas preguntas; y no hubo ninguna respuesta sustantiva. Con las alegaciones originales — y políticamente decisivas — de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener su asalto a la legitimidad del proceso electoral. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, se desmoronaron ante el escrutinio. La OEA parece empeñada en justificar sus acusaciones iniciales — y claramente falsas — de irregularidades que impulsaron el golpe. Mientras tanto, Bolivia tiene a una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas. En enero advirtió a los votantes en contra de “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, en aparente referencia a la herencia indígena de Morales y de muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces. Las ruedas de la justicia avanzan demasiado despacio tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo del gobierno de Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa de “fraude”, y su declaración orwelliana después del derrocamiento de Morales elogió el golpe: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”. El senador Marco Rubio es uno de los personajes más influyentes en la política del gobierno de Trump hacia América Latina. En este caso se involucró en el asunto antes del primer comunicado de prensa de la OEA: “En #Bolivia todos los indicios creíbles señalan que Evo Morales no logró asegurar el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, escribió al día siguiente de la votación, y había “cierta preocupación de que alteraría los resultados o el proceso para evitar esto”. Según Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de las elecciones para que reporte un fraude generalizado, y presionó al gobierno de Trump para que apoye la expulsión de Morales”. Esta semana, los representantes estadounidenses Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García pidieron al Congreso de EEUU que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y se asegure de que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos". Este sería un buen comienzo. Traducción de Francesca Emanuele.

Mark Weisbrot / 18 Septiembre 2020

Keep up with our latest news

Suscríbase a las últimas noticias

Expertos en América Latina y el Caribe Latin America and the Caribbean Experts

Created with Sketch.
Lola Allen
Senior Policy Analyst
Created with Sketch.
Dan Beeton
Director, International Communications
Created with Sketch.
Roberto Frenkel
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Brett Heinz
Program Assistant
Created with Sketch.
Jake Johnston
Senior Research Associate
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Guillaume Long
Senior Policy Analyst
Created with Sketch.
Alexander Main
Director of International Policy
Created with Sketch.
Kira Paulemon
International Program Intern
Created with Sketch.
Franklin Serrano
Senior Research Fellow
Created with Sketch.
Mark Weisbrot
Co-Director

To book an expert on this topic, contact our media team.