Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeOrganización de los Estados AmericanosEl Mundo Datos de las Elecciones Bolivianas Añaden Más Pruebas de que la OEA Fabricó Las Denuncias de Fraude del Año Pasado
In English El MÁS recibió más votos en 2020 en casi todos los 86 recintos sospechosos según la OEA en 2019 El domingo 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y, por abrumadora mayoría, eligieron como presidente a Luis Arce del partido MAS. Los conteos rápidos privados publicados la noche de la votación mostraron que Arce recibió más del 50% de los votos y tenía una ventaja de más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato en el segundo lugar, Carlos Mesa. Hasta el miércoles por la mañana, un poco más del 88% de los votos se había contabilizado en el sistema de resultados oficiales, y la ventaja de Arce ha ido aumentando. El porcentaje de votos del candidato del MAS es, al momento de redactar este artículo, del 54,5 en comparación con el 29,3 para Mesa. A medida que se cuenten los votos finales, es probable que la proporción de votos de Arce aumente aún más. En estos momentos, la victoria de Arce es incuestionable. La elección se produjo casi exactamente un año después de las elecciones de octubre de 2019, que fueron seguidas por protestas violentas y la destitución del entonces presidente Evo Morales, quien renunció bajo presión militar. Los resultados oficiales de esa votación mostraron que Morales y el partido MAS ganaron con una ventaja de 10,56 puntos porcentuales sobre Mesa, por encima del margen de victoria de 10 puntos necesario para que Morales venciera en las elecciones sin tener que presentarse a una segunda vuelta. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que hubo una supuesta manipulación generalizada de los resultados, alimentando una narrativa de fraude electoral que sirvió de pretexto para el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Con la victoria de Arce en 2020 prácticamente confirmada, ¿qué nos dicen los resultados de 2020 sobre las acusaciones de fraude de la OEA en los comicios del año pasado? Las denuncias iniciales de la OEA que señalaban un fraude se centraron en un supuesto cambio "drástico" e "inexplicable" en la tendencia del voto, que presuntamente tuvo lugar después de que el sistema de resultados preliminares, o TREP, fuera suspendido por casi 24 horas. En el tiempo transcurrido desde entonces, múltiples análisis estadísticos —del CEPR (comenzando el día después de las acusaciones de la OEA), y de académicos del MIT, de Tulane, de la Universidad de Pensilvania y de otros lugares— han demostrado que el análisis estadístico de la OEA es profundamente defectuoso. De hecho, no hubo ningún cambio "inexplicable" en la tendencia del voto. La OEA se ha negado a responder tanto a estos estudios como a las preguntas sobre su análisis estadístico por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos. En su lugar, la OEA ha señalado otras supuestas irregularidades identificadas en su auditoría. La organización terminó que su análisis estadístico era solo informativo, pero que la evidencia real estaba en una auditoría que la OEA realizó después de las elecciones. En esa auditoría, la única evidencia que pretendió mostrar un impacto real en los resultados de las elecciones estuvo en 226 actas de 86 centros de votación en todo el país. La OEA alegó que las actas fueron manipuladas. Señaló que, si se eliminaban los votos para Morales de todas esas 226 actas, desaparecería la ventaja que le dio la victoria en primera vuelta por haber superado el umbral de 10 puntos porcentuales. Es decir, esas 226 actas sirvieron como supuesta prueba de que Morales había hecho trampa para ganar en la primera vuelta. Extractos del informe de auditoría de la OEA. En marzo de 2020, el CEPR publicó un informe de 82 páginas detallando cómo el resto de las acusaciones de la OEA eran tan defectuosas como el análisis estadístico que produjo los cimientos de la narrativa de fraude que llevó a la destitución forzada de Morales. Examinamos esas 226 actas, mostrando las fallas en el análisis de la OEA y señalando que los resultados en esos centros de votación coincidían estrechamente con los resultados de elecciones anteriores. En realidad, no había nada sorprendente en que al MAS le fuera extremadamente bien en esas áreas. Además, notamos que, si bien los funcionarios de la OEA habían mencionado públicamente en repetidas ocasiones la existencia de actas falsificadas, los auditores no habían proporcionado evidencia para respaldar esa acusación. Ahora ya con resultados desagregados de las elecciones de este domingo, podemos ver que los resultados en los centros donde la OEA supuestamente identificó actas adulteradas siguen los mismos patrones que en las elecciones de 2019. A continuación, la tabla 1 presenta los resultados de 2020 (con el 88% del total de votos contabilizados) en los 86 centros de votación donde la OEA alegó que las actas de escrutinio habían sido manipuladas el año pasado. Tabla 1 Tenemos datos parciales para al menos 81 de los 86 centros de votación y, en todos menos 9, el porcentaje de votos para el MAS ha aumentado en comparación con los comicios de 2019. En 2019, la OEA y otros observadores parecían escandalizados por el hecho de que, en muchas áreas rurales, Morales había recibido más del 90% de los votos y, en algunos casos, incluso el 100% de los votos. Y afirmaron que esto seguramente bastaba como prueba del fraude. Pero los resultados de 2020 que tenemos hasta el momento desacreditan aún más las afirmaciones infundadas de la OEA, que sirvieron de justificación para un golpe de Estado y para la represión que vino detrás. Hasta el día de hoy, exfuncionarios electorales permanecen bajo arresto domiciliario, siendo la auditoría de la OEA el único sustento de su detención. Como señalamos en nuestro informe de marzo, las comunidades a las que pertenecen esas 226 actas y que fueron sujeto del análisis de la OEA son, en la mayoría de los casos, predominantemente indígenas. Aunque puede resultar sorprendente ver a un candidato recibir el 100% de los votos, en realidad no lo es. La votación comunitaria —en la que una comunidad llega a un consenso sobre por quién votar— es un fenómeno ampliamente reconocido en Bolivia. Lo que alegó la OEA es que los jurados electorales —que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente por la autoridad electoral (TSE) para servir como funcionarios electorales en cada mesa de votación— no escribieron sus nombres en las actas, sino que alguien más había escrito sus nombres. Siendo claros, la OEA no alega que las 226 actas fueron llenadas por la misma persona (en ningún caso la OEA alega que una misma persona llenó más de 7 actas). Además, en solo uno de los 226 casos, la OEA señala problemas con las firmas en las actas. En lugar de fraude, la explicación más probable para esto es simplemente que un notario (cada notario supervisa alrededor de 8 mesas de votación), o algún otro funcionario con letra clara y legible, escribió los nombres y luego cada miembro del jurado firmó el acta. No queda claro, en base a la normativa electoral, que esto sea siquiera una violación de la ley electoral. De cualquier manera, los resultados de 2020 confirman además que no hubo nada fuera de lo normal en los resultados de esas 226 actas en 2019. Además, lo que la OEA identificó como irregularidades no tuvo un impacto perceptible en los resultados de las elecciones. No podemos volver a 2019, ni borrar la violencia racista desatada en contra de la población tras el golpe. El domingo, los bolivianos demostraron su valentía y el poder de los movimientos sociales organizados para corregir el daño de 2019. Pero esa victoria no debería permitirnos olvidarnos de 2019, o del papel que jugaron los actores internacionales en el derrocamiento de un Gobierno elegido democráticamente. Esas 226 actas nunca mostraron un fraude, como afirmó la OEA. Sin embargo, sí revelan cómo la OEA privó de sus derechos a decenas de miles de indígenas bolivianos en sus descarados intentos por justificar la destitución antidemocrática de un líder electo. Traducción de Francesca Emanuele

Jake Johnston / 22 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El FMI impone más recortes para Ecuador, aunque predica lo contrario
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador. En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens "Historia de dos ciudades". Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió. La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que los recortes y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el "crecimiento inclusivo". Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de los recortes. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública. Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: ajustes, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como "proteger a los más vulnerables" junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo. Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende "avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior". El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador. La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19. Los ajustes sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público. El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de "eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital". El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos. El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso "impulsará la competitividad". Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una "racionalización de los gastos salariales" que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la "reforma laboral" apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios. Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital. El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica. El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente. >El programa para Ecuador es sola una señal de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones. Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años. El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando los recortes perjudicial, que aumenta la desigualdad. El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Lara Merling / 15 Octubre 2020

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