Latin America and the Caribbean

América Latina y el Caribe

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

CEPR examines economic changes in Latin America, including how IMF, World Bank and WTO policies have affected countries in the region, and looks at the economic factors behind political developments there. Specific countries that CEPR focuses on include: Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Venezuela and Puerto Rico.

CEPR examina los cambios económicos y políticos en América Latina, incluyendo la forma en que las políticas del FMI, el Banco Mundial y la OMC han afectado a los países de la región, y analiza los factores económicos que están detrás de los acontecimientos políticos en la región. Los países específicos en los que se centra el CEPR incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Venezuela y Puerto Rico.

Op-Ed/Commentary

Fondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.Venezuela Omitiendo la evidencia: En lo que el FMI se equivoca sobre Venezuela
In English El 5 de diciembre de 2022, el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe titulado "Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis" (Efectos de derrame regional de la crisis venezolana), que evalúa las causas de la crisis económica de Venezuela, las causas de la emigración récord del país y el impacto que esta afluencia de emigrantes venezolanos ha tenido en los países vecinos. Aunque se trata de temas de investigación dignos de estudio y el informe tiene mucho valor, los autores Álvarez et al. omiten curiosamente una pieza fundamental del rompecabezas y uno de los factores más importantes que contribuyen a la actual situación económica y humanitaria de Venezuela: las sanciones económicas de Estados Unidos. En agosto de 2017, la Administración Trump promulgó la Orden Ejecutiva 13.808, por la que se prohibía al gobierno de Venezuela, incluida la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas conjuntas, el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Aunque Estados Unidos ya había impuesto sanciones a determinadas personas y entidades venezolanas con anterioridad, incluso en virtud de la O.E. 13.692 de la administración Obama, que declaró una emergencia nacional estadounidense con respecto a Venezuela, las sanciones de agosto de 2017 marcaron el inicio de una serie de sanciones radicales que definirían el enfoque de la administración Trump con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las sanciones se intensificaron aún más junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo a partir de 2019, más notablemente con la designación de PDVSA como entidad sancionada el 28 de enero, y la imposición en 2020 de sanciones secundarias contra las compañías navieras involucradas en el transporte de petróleo venezolano. La gran mayoría de estas sanciones siguen vigentes en la actualidad. El impacto de estas sanciones ha sido rápido y desastroso, sobre todo en la producción de petróleo de Venezuela, que es la principal fuente de ingresos extranjeros del país. Aunque no cabe duda de que hay múltiples factores que han contribuido a la precipitada caída de la producción de petróleo de Venezuela – de 2,4 millones de barriles diarios (bpd) antes de la crisis, a un mínimo de 0,4 millones de bpd a mediados de 2020 –, una preponderancia de pruebas apunta a las sanciones de EE. UU. como un motor significativo de la disminución. Un análisis de 2022 realizado por uno de los autores de este post, Francisco Rodríguez, atribuye la pérdida de 797.000 bpd a las sanciones financieras de 2017. Otros estudios que utilizan diferentes metodologías han fijado esta cifra en 698.000 bpd (por Equipo Anova [efn_note]Desde entonces, la metodología del Equipo Anova ha sido criticada por Rodríguez, pero esta crítica no se extiende a su estimación final de la disminución de la producción de petróleo[/efn_note]), y de 616.000 a 1.023.000 bpd (por Luis Oliveros). Y un reciente artículo de Rodríguez en la revista Latin American Economic Review utiliza la variación de la producción en la cuenca del Orinoco para estimar el impacto de las sanciones entre 255.000 y 637.000 bpd. A pesar de estos impactos bien documentados, las sanciones de EE. UU. a Venezuela se mencionan en el cuerpo del informe de 61 páginas del FMI sólo dos veces. Una vez, el informe sí parece insinuar algunos efectos adversos de las sanciones, aunque sugiriendo que se han mitigado: "Venezuela ha podido colocar su crudo pesado en el mercado asiático con un descuento sustancial en el precio, aliviando en parte el impacto de las sanciones." Sin embargo, la otra mención a las sanciones resta importancia específicamente a su impacto: "El fuerte descenso [de la producción de petróleo], que precedió a la  introducción de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos en enero de 2019, reflejó factores tanto internos como externos."[efn_note] Esta instancia va acompañada de un gráfico que compara la producción de petróleo de Venezuela con la introducción de sanciones en 2017 y 2019. Este gráfico es la única vez que se hace referencia a las sanciones financieras de 2017 en el informe y, contrariamente a la narrativa del texto, parece evidenciar el impacto adverso de las sanciones financieras sobre la producción de petróleo. [/efn_note] Esta última aserción es una afirmación repetida a menudo que, en el mejor de los casos, es engañosa. Si bien es cierto que el inicio del declive de la producción de petróleo, y de hecho el inicio de la propia crisis económica, precedieron a las sanciones financieras de 2017, esto no es en absoluto una prueba de que las múltiples oleadas de sanciones no hayan tenido un efecto causal significativo. De hecho, aunque la magnitud del impacto difiere entre las series de datos disponibles, todas muestran un descenso acelerado de la producción de petróleo tras la imposición de sanciones (ver Figura 1). Figura 1 Fuente: OPEP. Republicado de Francisco Rodríguez, "How Sanctions Contributed to Venezuela's Economic Collapse," Global Americans, 9 de enero de 2023. El reto de evaluar el impacto de las sanciones consiste en comparar este descenso acelerado con una hipótesis contrafactual en la que no se hubieran impuesto sanciones. Aunque una estimación de este tipo nunca puede ser exacta, esto es precisamente lo que intentan hacer los estudios citados mediante diversas metodologías econométricas, y cada uno de ellos concluye que una parte significativa del descenso de la producción de petróleo es atribuible a las sanciones, como cabría esperar por su propia naturaleza e intención. Esta omisión del informe del FMI es especialmente flagrante, dado que cita una larga lista de supuestas causas del desplome del petróleo, entre ellas algunas de las que hay pocas evidencias:  “la caída de la producción de petróleo se explica por el colapso mundial de los precios del petróleo en 2015, la grave mala gestión del sector petrolero a nivel nacional, la disminución de la inversión sectorial (reflejada por una caída en el recuento de plataformas petrolíferas a cero en junio de 2020), y una pérdida de capital humano ... Además, los cortes de energía fueron otro factor, impactando en la producción de petróleo y la actividad económica en general.” Aunque es posible que parte de la caída inicial de la producción respondiera a la caída de los precios, estos comenzaron a recuperarse en 2017, momento en el que otros países que habían experimentado un descenso similar vieron cómo su producción repuntaba. Venezuela no lo hizo. La "disminución de la inversión sectorial," por su parte, se debe en parte a las sanciones, y el número de plataformas petrolíferas se mantuvo dentro de los límites históricos hasta que se impusieron las sanciones. Una cosa sería sostener que las sanciones no son la causa principal del colapso; otra muy distinta es excluirlas de una larga lista de causas para las que existen diversos grados de evidencia. En particular, el único estudio citado en el informe que se refiere directamente al impacto de las sanciones es Bahar et al. (2019). Dejando de lado la práctica irregular de citar exclusivamente un estudio no arbitrado, mientras se omiten la evidencia proveniente de estudios arbitrados, es importante poner el estudio de Bahar et al. (2019) en contexto. El artículo se publicó en mayo de 2019, apenas cuatro meses después de la imposición de las sanciones petroleras. No hace ninguna afirmación sobre el efecto de las sanciones petroleras, sino que se centra puramente en el efecto de las sanciones financieras de 2017. Aun así, sus afirmaciones son bastante limitadas, ya que los autores argumentan que no hay "contrafactuales plausibles o suficientes datos disponibles públicamente para estimar rigurosamente un efecto causal en este momento."  Desde la publicación del artículo de Bahar et al. (2019), así como el de Hausmann y Muci (2019), un artículo publicado más o menos al mismo tiempo y que hacía afirmaciones similares, se han dado a conocer más de tres años de producción de petróleo. Los datos más recientes, que se han utilizado en los artículos citados anteriormente y se muestran en la Figura 1, son fuertemente consistentes con la tesis de que las sanciones tuvieron un impacto significativo en la producción de petróleo. Algunos de los autores de estos artículos incluso han revisado significativamente sus opiniones. Por ejemplo, Frank Muci escribió recientemente: "Las sanciones petroleras golpearon fuertemente a Venezuela en 2019, aunque el tamaño exacto del efecto no está claro." En otras palabras, la única investigación citada por el FMI sobre el efecto de las sanciones está tan desactualizada en este momento que es en gran medida irrelevante. Tras el análisis de la disminución de la producción de petróleo de Venezuela, el informe del FMI pasa a explorar las repercusiones económicas y humanitarias más amplias de la crisis del país, incluido el debilitamiento de los servicios sociales, el aumento de la frecuencia de los apagones, el incremento de los índices de pobreza, enfermedad y malnutrición, y la falta de acceso a las vacunas COVID-19. Pero en ningún momento se menciona en el informe el hecho de que cada una de estas variables se ve afectada por las sanciones. En un país que depende en gran medida del petróleo – antes de las sanciones de 2017, el petróleo representaba el 95% de las exportaciones de Venezuela – el colapso de la producción de petróleo se ha reflejado en una caída del 72% del PIB per cápita, que a su vez está estrechamente vinculado a una variedad de resultados de salud. En el punto álgido de la crisis, la tasa de pobreza venezolana alcanzó el 93%. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs mostraron que alrededor de 40.000 venezolanos murieron solo en 2018 como resultado de un aumento inusual de la mortalidad y argumentaron: "es prácticamente seguro que las sanciones económicas de EE. UU. contribuyeron sustancialmente a estas muertes."  Es por estas razones que el congresista estadounidense Jim McGovern (D-MA), entonces presidente del poderoso Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribió al presidente Biden en mayo de 2021, pidiéndole que "levante todas las sanciones secundarias y sectoriales impuestas a Venezuela por la Administración Trump." Señaló que "el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado, y a propósito así.... todo el punto de la campaña de ‘máxima presión’ es aumentar el costo económico para Venezuela de no cumplir con las condiciones que impone Estados Unidos. El dolor económico es el medio por el que se supone que funcionan las sanciones.” Más allá de los efectos generales de la contracción económica y la pérdida de divisas con las que comprar alimentos y medicinas, las sanciones de EE.UU. también han contribuido a que envíos de vacunas sean retenidos por bancos reticentes a procesar transacciones venezolanas, a la degradación de la red energética impulsada en parte por la dificultad para acceder a nuevas piezas y que provoca frecuentes cortes de electricidad, al deterioro de la sanidad pública, la educación, el agua y otros servicios públicos; y mucho más. En última instancia, según la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, las sanciones a Venezuela han "impedido la obtención de ingresos y el uso de recursos para mantener y desarrollar infraestructuras y para programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente – aunque no sólo – en quienes viven en la pobreza extrema, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o potencialmente mortales, y la población indígena." La omisión por parte del FMI de pruebas del impacto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela no es un descuido menor. Las sanciones son una parte integral de la historia del colapso económico de Venezuela y de la crisis migratoria resultante que ha visto a millones de venezolanos abandonar su país. Sin tener en cuenta adecuadamente este hecho, el informe cierra preventivamente la puerta a considerar la respuesta política potencial más impactante: alejarse de la política de "máxima presión" de la era Trump y levantar las sanciones que han contribuido poderosamente a los desafíos económicos de Venezuela. Las recientes medidas de la administración Biden en este sentido han sido positivas, pero completamente insuficientes.  Esta lección puede extrapolarse a otros países fuertemente sancionados, como Cuba, que actualmente atraviesa graves dificultades económicas y su mayor crisis migratoria en décadas. Aunque la administración Biden ha hecho del "tratamiento de las causas profundas" un lema clave de su política hacia la migración, aparentemente ha excluido las sanciones de su definición de "causas profundas." Las omisiones de este informe son tan flagrantes que generan serias preocupaciones sobre hasta qué punto la integridad del trabajo técnico del FMI puede haberse visto comprometida por la influencia desmesurada de Estados Unidos en el organismo multilateral. El hecho de que un informe del FMI evite tratar seriamente con los daños causados por la política estadounidense debería añadir aún más peso a los llamamientos que se vienen haciendo desde hace tiempo para la reforma democrática de la gobernanza del FMI. En definitiva, "Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis" es un informe relativamente menor, y gran parte de su análisis sigue siendo valioso a pesar de esta omisión. Pero es emblemático de una elusión más amplia, sistemática y perniciosa del análisis crítico con los profundos costes humanos de las políticas de sanciones estadounidenses, tanto en organizaciones intergubernamentales como el FMI, como en gran parte de los medios de comunicación (la BBC, por ejemplo, no mencionó las sanciones ni una sola vez en su cobertura del informe del FMI). Al excluir esta pieza del rompecabezas, los autores no sólo no captan la imagen completa de la crisis económica de Venezuela, sino que hacen un flaco favor a los muchos venezolanos cuyo bienestar depende de que el gobierno estadounidense afronte el profundo sufrimiento que ha causado y haga lo necesario para revertirlo: poner fin a estas medidas económicas coercitivas equivocadas y perjudiciales.

Francisco R. RodríguezMichael Galant / 20 Enero 2023

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaEl Mundo Así será la política exterior de Lula: un mundo multipolar y alianzas lejos de EEUU
Diario.ES The Guardian Ver artículo en el sitio original In English Durante meses, un presidente en funciones con inclinaciones autoritarias puso en duda la democracia de su país. Sus simpatizantes protagonizaron una violenta marcha sobre la capital para negar su derrota electoral por un estrecho margen. Pero las instituciones de la democracia fueron más fuertes que los ataques y el día de la investidura, el legítimo vencedor asumió el cargo en una ceremonia pacífica. Los paralelismos entre las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Brasil son sorprendentes. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoyaba a Donald Trump y este, a su vez, apoyó a Bolsonaro en la campaña. Aunque Joe Biden no fue tan lejos y no apoyó a nadie durante la campaña, no tardó nada en reconocer la victoria del presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, desoyendo las denuncias de fraude electoral proferidas por su rival. “Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden en vísperas de su propia investidura en 2021. “Brasil ha vuelto”, dijo Lula dos años después. Pero más allá de los puntos en común de sus campañas presidenciales, hay diferencias fundamentales en la visión que Lula y Biden tienen del mundo, así como del papel que sus países deben jugar en él. Son diferencias que deberían servir de base para construir a partir de ellas un entendimiento mutuo, y no para convertirse en puntos de conflicto entre las mayores potencias del hemisferio occidental. El multilaterismo de Lula Pensemos en sus discursos de victoria. ¿Qué significa para Biden y para Lula que sus países hayan “vuelto”? Joe Biden lo tiene claro: un regreso a una campaña global para “defender la democracia en todo el mundo, frenar el avance del autoritarismo” y unir a los países del “mundo libre” frente a rivales como Rusia y como China. Pero la visión de Lula de un orden global “basado en el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad” va en contra de estas divisiones y sus llamadas a la confrontación. “Tendremos relaciones con todos”, dijo Lula en su discurso este domingo. ¿Qué significa, en términos reales, el compromiso de Lula con “el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad”? Por “diálogo”, Lula entiende pasar de una política exterior que trate de aislar a los adversarios a otra que busque soluciones diplomáticas. Por ejemplo, cuando la Administración Biden pidió al mundo que se uniera a su campaña sanciones duras contra Rusia, hubo personas vinculadas a Lula que pidieron prudencia. “Estoy en contra las sanciones”, dijo su ex ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim. “No ayudarán a resolver nada, sino que crearán problemas en todo el mundo”. El enfoque también es valido para los adversarios de Washington en el continente. Mientras que Bolsonaro se unió a Estados Unidos en el rechazo a reconocer a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela, el presidente Lula intentará ahora tener relación con el Gobierno de Maduro. Entretanto, Lula apoya de manera habitual a la Asamblea General de la ONU en su votación de condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La resistencia de Lula a estas medidas unilaterales coercitivas define lo que significa el “multilateralismo” para él. Desde el principio de su primer mandato presidencial Lula trató de reforzar el papel de organismos multilaterales como Naciones Unidas para resolver los desafíos mundiales. En ocasiones, eso ha significado enfrentarse al Gobierno de EEUU. Como cuando en 2003 rechazó la decisión unilateral de Estados Unidos de invadir Irak. “Falta al respeto a las Naciones Unidas”, dijo entonces Lula sobre la decisión. Reequilibrar el orden mundial Pero su compromiso con el multilateralismo va más allá de una mera preferencia por el consenso. El Gobierno de Lula abogó entonces, como volverá a hacer ahora, por una reforma fundamental en el sistema multilateral que “refleje la distribución actual de poder en el mundo”, en palabras de Amorim. Es posible que Washington celebre el fin del aislacionismo de Bolsonaro en temas como la lucha contra el cambio climático, pero la clave sigue siendo cómo responderá al intento de Lula de darle protagonismo al llamado sur global cuando la Administración Biden ha prometido mantener a Estados Unidos en la “cabecera de la mesa”. Lo que define la visión de “multipolaridad” de Lula es esta ambición de construir nuevos bloques para reequilibrar el orden mundial. Un proceso de reequilibrio que comienza en el hemisferio occidental. Durante mucho tiempo, Lula trató de unir a los vecinos latinoamericanos de Brasil en un bloque común que tuviera autonomía de EEUU. Durante su presidencia, Bolsonaro se marchó de mala manera de estos organismos regionales. Pero Lula tiene ahora gobiernos afines en países como Colombia, Argentina, Bolivia y Chile, y su administración buscará integrar las políticas regionales de sanidad, defensa, infraestructura y medio ambiente para construir un nuevo “polo” en lo que Biden llamó “el patio delantero de Estados Unidos”. Pero el compromiso de Lula con otro bloque es lo que supone un mayor riesgo de colisión con EEUU. Desde el principio de su presidencia, Biden ha hablado de un conflicto de civilizaciones creciente entre “democracias” y “autocracias”, con Rusia y China como representantes del bando autocrático. Sin embargo, Lula presidió en 2008 la creación de un nuevo bloque global que rompía con esta división de civilizaciones uniendo a Brasil con Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics). De nuevo en la presidencia, Lula ya ha dicho que apoyará las propuestas de ampliación del bloque y el desarrollo de un nuevo sistema de pagos Brics que facilite el comercio entre sus miembros sin el uso de dólares. Nueva oportunidad Estados Unidos tiene un funesto historial de intervenciones en los países que consideraba demasiado cercanos a sus rivales y Brasil no es ninguna excepción. Ya en 1964, y para evitar que Brasil se convirtiera en “la China de los años 60”, Washington ayudó al golpe militar contra el Gobierno democráticamente elegido de João Goulart. No han pedido disculpas. Y las últimas administraciones estadounidenses respaldaron el encarcelamiento de Lula durante 580 días en el que se considera ampliamente como el golpe judicial de 2016. Ahora que Lula asume la presidencia, Biden tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil que se base en el respeto mutuo de la soberanía nacional. También es una oportunidad para revisar los principales supuestos de la política exterior estadounidense. Ni Lula ni sus aliados se identifican con su concepto de “mundo libre” o con la idea de que sea Estados Unidos el país que lleve el timón. Lo que sí creen es que hay un mundo multipolar en formación y que su responsabilidad es desempeñar un papel positivo en él con una política exterior activa, independiente y firme. Brasil no necesita a un Estados Unidos que “lidere el mundo”. Lo que necesita es que Estados Unidos encuentre su nuevo lugar en la mesa.

Guillaume Long / 02 Enero 2023

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaPolítica exterior de EE. UU.El Mundo Asegurémonos de que, esta vez, el gobierno de EE.UU. respete la democracia en Brasil
Folha de S.Paulo Ver artículo original en portugués In English El pueblo brasileño ha votado el fin de la presidencia de un monstruo y ahora tiene la oportunidad de restaurar la democracia que había perdido. Bolsonaro tuvo una gestion pesima de la pandemia, difundiendo abundante información errónea sobre el Covid que contribuyó al número de muertos en Brasil de más de 600,000 personas. La deforestación de la Amazonía se aceleró: la cantidad deforestada en 2021 se incrementó en más del 70% que cuando asumió el cargo en 2018. También elogió y defendió la dictadura militar de Brasil y dijo que no acabó con la vida de suficientes personas. Al igual que Trump, Bolsonaro amenazó con rechazar los resultados de las elecciones si perdía. Lula da Silva derrotó a Bolsonaro por más de 2 millones de votos. Anteriormente fue un presidente de talante transformador (2003-2010) e inmensamente popular cuando dejó el cargo. Durante su presidencia, la tasa de pobreza de Brasil se redujo en un 50 por ciento y la pobreza extrema en un 49 por ciento. El ingreso por persona creció un 2,9 por ciento anual; más de 5 veces más rápido de lo que había crecido en los 20 años previos. El desempleo cayó del 13 al 8,5 por ciento. La mayor parte del mundo está celebrando justificadamente junto a la mayoría de los brasileños. Pero el mundo debería saber más acerca de cómo zozobró esta democracia y qué actores y eventos clave contribuyeron a este naufragio; para que no se repita. La democracia en Brasil se fue a pique cuando la presidenta Dilma Rousseff fue objeto de un impeachment sin haber cometido delito alguno. Y la democracia quedó sepultada cuando Lula da Silva fue encarcelado para evitar que se presentara a la reelección en 2018. Su condena fue posteriormente anulada luego de que los tribunales determinaran que el juez que lo condenó, Sergio Moro, carecía de imparcialidad. Moro fue designado como ministro de Justicia cuatro días después de la elección de Bolosonaro. La evidencia para la condena de Lula estuvo basada en el testimonio de un ejecutivo de una empresa constructora, quien había sido condenado por un escándalo de corrupción, y a quien se le redujo la pena carcelaria a cambio de su testimonio. De hecho, el periódico Folha de São Paulo informó que este ejecutivo no pudo negociar su pena (tras declararse culpable) hasta que no hubiese cambiado su testimonio para implicar a Lula en un presunto delito.  Cuando escribí sobre este juicio engañoso para la sección de opinión del New York Times en 2018, mi columna fue la primera publicación en los medios convencionales de EEUU que incluía estos hechos elementales, además de disponibles públicamente, y que muestran que el juicio de Lula fue claramente una persecución política. Estos hechos eran necesarios para tener una lectura de lo que la élite tradicional de Brasil estaba haciendo en realidad: destruir el estado de derecho y prescindir de la independencia del poder judicial para ganar lo que no pudieron ganar durante 14 años en las urnas, es decir, conseguir derrotar al Partido de los Trabajadores. ​​El Partido de los Trabajadores fue derrotado, pero no sin la ayuda significativa, quizás decisiva, del gobierno de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses tuvieron una serie de iniciativas públicas, tales como reuniones amistosas con los impulsores del impeachment de Dilma en Washington y Río de Janeiro mientras el juicio político estaba en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también contribuyó significativamente a la investigación que condujo a la persecución política y al encarcelamiento de Lula. Por ejemplo, en 2015, 17 funcionarios estadounidenses acudieron a la sede donde se investigaba la operación Lava Jato, a la vez que intentaron ocultar la visita del Ejecutivo estadounidense. Las autoridades de EEUU también acordaron transferir una parte de las multas recaudadas en EEUU a una fundación privada encabezada por los fiscales brasileños de Lava Jato. Este arreglo fue luego suspendido por la corte suprema de Brasil. Quienes consideran importante la democracia en Brasil tendrán que estar atentos a lo que haga el gobierno de Estados Unidos en los meses y años venideros.

Mark Weisbrot / 09 13:21:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

BrasilColombiaAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaIntegración suramericanaUnasurEl Mundo Colombia, Brasil y la resurrección de Unasur
Fundación Revista Raya Ver artículo en el sitio original La victoria de Lula en las elecciones brasileñas anuncia un giro importante en la política exterior del gigante suramericano. Brasil volverá a tener una política exterior activa, multilateral y con un fuerte anclaje en los intereses del sur global. El propio Lula y su excanciller Celso Amorim han expresado su deseo de volver a darle fuerza a la integración suramericana, lo cual tuvo una expresión organizativa, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y un tratado, constitutivo de esta unión, en 2008. La Unasur es en realidad un proyecto que tiene sus raíces en la política exterior brasileña de los años 90 cuando Estados Unidos buscó alinear al hemisferio occidental detrás de su Iniciativa para las Américas, que se plasmaría en su propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) hacia finales de la década. Tanto el presidente brasileño Itamar Franco, como su sucesor Fernando Henrique Cardoso, y luego, con mucha voluntad política, Lula optaron por hacer de la creación de un espacio suramericano una verdadera política de Estado de Brasil que pudiera asegurar un mínimo de autonomía de la región frente a los diseños hegemónicos de Estados Unidos. Este espacio suramericano implicaba además la convergencia de los ejes atlánticos y pacíficos del subcontinente, del Mercosur y de la CAN para crear en un primer momento un área económica y comercial suramericana y, en un segundo momento, un bloque geopolítico en capacidad de asentar su autonomía estratégica. En 2004, se creó por lo tanto la Comunidad Sudamericana de Naciones que se transformaría en 2008 en la Unasur. Lastimosamente, la Unasur gozó de pocos años de actividad organizativa. En este breve lapso la organización inició un lento proceso de institucionalización, creando consejos de nivel ministerial que desplegaban una importante agenda de trabajo (por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo de Salud Suramericano), más allá de la diplomacia presidencial que caracterizó a la organización en sus primeros años. Pero entre 2018 y 2020, una ola de gobiernos con muy bajos niveles de compromiso con la integración regional, y desplegando una política exterior motivada esencialmente por el bilateralismo con la administración Trump, le asestaron varios golpes muy duros. Siete gobiernos, incluyendo el gobierno de Jair Bolsonaro denunciaron el Tratado Constitutivo de la Unasur, aunque varios, incluyendo Argentina y Brasil, lo hicieron de forma irregular y violando los procedimientos establecidos por las Constituciones de sus países. El retorno de Lula significará sin duda un retorno a un conjunto de políticas de Estado que fueron abandonadas durante el mandato de Bolsonaro. Una de ellas será el relanzamiento de un espacio de convergencia, integración y gobernanza suramericano. El día siguiente del triunfo de Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó: “Temas de una agenda con Brasil: 1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica. 2. El camino de una nueva política antidrogas no violento. 3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias. 4. La integración económica latinoamericana.” Esta lista de temas para una agenda bilateral y multilateral entre Colombia y Brasil es totalmente acertada. Significativamente, este listado no es solamente compatible con el relanzamiento de la Unasur sino que pareciera encarnar el deber ser de la organización, que cualquier lectura incluso sumaria del Tratado Constitutivo pone rápidamente en evidencia. Unasur, contrariamente a otras organizaciones y acuerdos regionales con vocación exclusivamente comercial o de seguridad siempre tuvo una mirada multidimensional. El Tratado de la Unasur buscó establecer el marco de una gobernanza regional justamente en las áreas señaladas por el Presidente Petro: en materia ambiental y científica, en materia de seguridad y antidrogas – de hecho, el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unasur ofrecía una mirada muy diferente a la que aún encarna la doctrina de la “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. La Unasur también incluía un Consejo Energético Suramericano (el punto 4 del presidente colombiano), y varios consejos en materia económica, financiera y de desarrollo. Colombia y Brasil pueden ser aliados estratégicos para un relanzamiento inteligente, eficiente, resiliente y estratégico de la integración suramericana. Una asociación de esta naturaleza deberá dedicarse a corregir varios errores del pasado, construir una institucionalidad robusta y ágil, y mejorar los procesos de toma de decisión. Pero en un mundo de creciente rivalidad entre las grandes potencias, la consolidación de organizaciones regionales fuertes es la única manera que tienen los países del Sur para defender sus intereses y elevar su voz.

Guillaume Long / 02 08:45:00 Noviembre 2022

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