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CEPR has been examining economic and political changes in Brazil since the early 2000s, when the country began to challenge policies advocated by Washington-based institutions and began to pursue a different set of economic and foreign policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos y políticos en Brasil desde principios de la década del 2000, cuando el país comenzó a desafiar las políticas defendidas por las instituciones con sede en Washington y empezó a aplicar una política económica y exterior distinta.

CEPR has been examining economic and political changes in Brazil since the early 2000s, when the country began to challenge policies advocated by Washington-based institutions and began to pursue a different set of economic and foreign policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos y políticos en Brasil desde principios de la década del 2000, cuando el país comenzó a desafiar las políticas defendidas por las instituciones con sede en Washington y empezó a aplicar una política económica y exterior distinta.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo La Unasur aún existe y es la mejor plataforma para integrarnos
Revista Raya Ver artículo en el sitio original Los triunfos de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia y la posibilidad de una victoria en octubre de Lula da Silva en Brasil han vuelto a poner el tema de la integración en el centro del debate político de nuestra región. Varios hablan de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que la organización sufriera varios golpes entre 2018 y 2020 que culminaron con la salida de siete de sus doce miembros. La Unasur hoy en día está paralizada, pero la perspectiva de un cambio de gobierno en Brasil alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de un relanzamiento, ya que ese país, con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, lleva décadas buscando crear un espacio regional suramericano.  Lo primero que cabe señalar es que el Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 se mantiene vigente para todos los miembros que no lo han denunciado y la Organización sigue existiendo jurídicamente a nivel internacional. Mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo, la entidad seguirá teniendo plena vigencia jurídica. De haber voluntad política, no hay impedimento legal para que pueda ser relanzada por los Estados miembros. Lo segundo que vale la pena resaltar es que varios miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de Unasur de forma irregular. En particular, Brasil y Argentina no dieron término a sus membresías de manera apegada a derecho. Ambos obviaron el tratamiento legislativo especificado por sus respectivas constituciones, razón por la que podrían optar por anular sus denuncias. Por último, hay que señalar que los siete países que salieron de Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay) lo hicieron sin tener en cuenta los mecanismos para los tratados multilaterales que exigen la búsqueda de acuerdos. Bolivia objetó las denuncias unilaterales de los países e invitó al diálogo. En su momento, Uruguay demostró una voluntad reparadora para resolver los problemas surgidos en el seno de la Organización. Las siete denuncias no cumplieron con lo previsto en el Tratado Constitutivo de Unasur respecto de lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14 del Tratado), para la solución de controversias (artículo 21) o, incluso, para el procedimiento de Enmiendas (artículo 25). Cabe recordar que el derecho internacional público, incluida la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ratificada por los doce miembros fundadores de Unasur, protege la estabilidad de los Tratados y establece que la interpretación de las normas debe tender a la subsanación de las diferencias para la plena vigencia de los mismos. Las numerosas irregularidades de este caso abren la posibilidad para que se active un mecanismo de solución de controversias que podría dar cabida a una salida colectiva para subsanar el irregular proceso de debilitamiento de la Unasur. Más allá de las consideraciones jurídicas, existen voces que cuestionan la necesidad de retomar la integración suramericana. Algunos sectores, incluso dentro del progresismo latinoamericano, han señalado que la apuesta debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  La CELAC es sin lugar a dudas, una apuesta de vital importancia; quizás incluso, el horizonte último de cualquier proceso de convergencia regional en materia de integración. La gran riqueza de la CELAC es su membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de la OEA con sede en Washington. Es también una expresión fundamental del Sur global en el hemisferio occidental, llamada a elevar la voz y las demandas de los pueblos latinoamericanos y caribeños a nivel multilateral y global en materia de desarrollo, paz, justicia global, y lucha contra la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, etc. Sin embargo, la CELAC carece de un tratado constitutivo y de institucionalidad propia, como aquella que fue creada por el Tratado Constitutivo de la Unasur. Además, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros de la CELAC impide acuerdos más concretos y vinculantes en materia de gobernanza regional con normativas comunes, confluencia y homogeneización de políticas y un verdadero programa de desarrollo regional. La Unasur, a diferencia de la CELAC, puede avanzar más rápidamente hacia la integración física y normativa, es decir, hacia una verdadera gobernanza regional, con menos Estados miembros, mayores niveles de autonomía y de simetría incluso, a pesar de las grandes asimetrías que perduran en América del Sur. La segunda alternativa que se suele mencionar es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo desde su fundación y se ha diversificado a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado Constitutivo de la Unasur está registrado ante la ONU y conlleva una construcción regional multidimensional, en materia de defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo, infraestructura, energía, medio ambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, gestión de desastres, etc. Ningún otro organismo regional tiene una visión tan amplia de la integración suramericana ni abre el abanico de alternativas y posibilidades que ofrece la normativa fundacional de la Unasur.  Existen, además, importantes obstáculos para que el Mercosur ampliado pueda incorporar a los países del eje andino-pacífico, sobre todo, dado el acervo de normativa arancelaria del Mercosur. ¿Qué tan posible resulta que Colombia, Ecuador, Perú o Chile se incorporen al Mercosur en el mediano plazo? Y ciertamente no será la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la que incorpore en su seno a los países del eje atlántico. Fue justamente para el propósito de la convergencia entre los subsistemas andino-pacífico y atlántico-conosureño que se creó, en 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en 2007 cambió su nombre por el de Unasur. Esta Organización puede desempeñar un papel central de convergencia para que se privilegie la proyección, a nivel suramericano, de las mejores prácticas y el mejor bagaje institucional y no se busque apenas la difícil incorporación del eje pacífico en el eje atlántico o viceversa. Por todas estas razones se debe maximizar la vigencia jurídica del Tratado Constitutivo de la Unasur, y procurar que el mayor número posible de países de la región se reincorporen a la Organización. Un relanzamiento de la Unasur deberá ser acompañado de importantes cambios en su normativa y funcionamiento. Se debe aprender de varios errores del pasado y corregir las fallas de diseño. La regla del consenso en la toma de decisión, que otorga poder de veto a los países miembros y llevó a la parálisis y acefalía de la entidad, debe ser repensada o, al menos, no ser aplicada en todos los procesos de toma de decisión. También se debe transitar progresivamente hacia una organización internacional más consolidada que goce de cierto nivel de autonomía relativa. Frente a las nuevas rivalidades entre las grandes potencias, en especial entre Estados Unidos y China, y de cara a los grandes retos del siglo XXI, la apuesta debe ser una respuesta regional que tienda hacia una mayor autonomía estratégica y un no alineamiento actualizado. La Unasur sigue siendo, de lejos, la mejor plataforma para la consecución de estos objetivos.

Guillaume Long / 24 13:15:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeVenezuelaEl Mundo La realidad detrás de la coalición de Trump para el “cambio de régimen” en Venezuela
Mark Weisbrot Público, 20 de marzo, 2019 The New Republic, 13 de marzo, 2019 Ver el artículo original In English A principios de la década de 1970, un grupo de sandinistas se encontraba en las montañas de Nicaragua luchando para derrocar la brutal dictadura de la familia Somoza, respaldada por Estados Unidos durante 40 años. Cuando en 1971 una poderosa erupción volcánica golpeó Nicaragua, aquellos sandinistas comentaron con los campesinos que se toparon por el camino que la erupción había sido un castigo de Dios por no deshacerse de Somoza. Este pasaje de la historia sería más tarde relatado por el sandinista Omar Cabezas. Después de que los sandinistas triunfaran en 1979, Estados Unidos emprendió una guerra sangrienta para recuperar el país usando una fuerza paramilitar terrorista llamada los contras, quienes regularmente asesinaban a civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y una guerra, si no se deshacían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a favor de la oposición: los sandinistas perdieron. Actualmente, el Gobierno de Trump está repitiendo esta estrategia de castigo colectivo en Venezuela, con un embargo financiero paralizante desde agosto de 2017 y, desde enero, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al Gobierno venezolano emplear cualquier medida para deshacerse de la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al tiempo que las sanciones arrasan con miles de millones de dólares de la producción de petróleo. Se proyecta que el embargo comercial cortará alrededor del 60 por ciento de las escasas ganancias en divisas que le quedan al país, necesarias para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos. Al tratar de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, el Gobierno de Trump dejó claro que el castigo continuará hasta que el actual Gobierno sea expulsado. "Maduro debe irse", dijo una vez más a principios de marzo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Todo esto es ilegal en el marco de numerosos tratados que ha firmado Estados Unidos, incluida la carta de las Naciones Unidas, la carta de la Organización de Estados Americanos y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad, que probablemente ya ha matado a miles de venezolanos al reducir el acceso a bienes y servicios que salvan vidas, el Gobierno de Trump presentó las sanciones como un consenso de la "comunidad internacional"; similar a lo que hizo George W. Bush cuando formó una "coalición de voluntades" de 48 países para apoyar su desastrosa invasión en Irak en 2003. Bajo esta narrativa, los Gobiernos —en su mayoría en América y Europa— que se han unido a Estados Unidos para reconocer un Gobierno paralelo en Venezuela son "democráticos"; mientras que aquellos que no lo han hecho o han declarado en contra del intento de derrocar al Gobierno actual son "autoritarios", con ejemplos como Rusia, China y Turquía, que son los que se mencionan con mayor frecuencia en las noticias. Analicemos algunos de los Gobiernos que se han unido a Trump en esta operación ilegal de “cambio de régimen”, y se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como "presidente interino". El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien es famoso por decirle a una congresista brasileña que no la violaría porque "no lo merecía", por varios comentarios racistas y anti-gay, y por apología a la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación del Gobierno de Trump para el “cambio de régimen” en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegítima, el propio Bolsonaro llegó al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal opositor, el expresidente Lula da Silva —en aquel momento el político más popular del país— fue encarcelado después de un juicio en el que no se presentaron pruebas tangibles de ningún crimen cometido. El veredicto se basó en un testimonio logrado bajo coacción, emitido por un testigo que fue declarado culpable de corrupción, y cuya negociación para reducir su sentencia fue suspendida hasta que cambió su historia y esta coincidiera con lo presentado por el juez que condenó a Lula, Sérgio Moro. En varias ocasiones, Moro demostró tener una gran animadversión hacia Lula; incluyendo cuando filtró conversaciones interceptadas ilegalmente entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff, su abogada, su esposa y sus hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraran la condena de Lula, éste fue encarcelado inconstitucionalmente antes de las elecciones presidenciales. Después de las elecciones en las el juez Moro ayudó a la victoria de Bolsonaro gracias a estos métodos, fue nombrado ministro de Justicia. Otros Gobiernos latinoamericanos en la “Coalición de voluntades de Trump” le deben a Washington algunos favores por ayudarlos a hacerse con el poder. Probablemente el ejemplo más extremo es el del Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento, a través de un golpe militar, del presidente elegido democráticamente, Mel Zelaya. El Gobierno de Obama, junto con miembros del partido republicano, ayudaron a legitimar el golpe y las "elecciones" que vinieron después. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, describió luego en sus memorias las maniobras que realizó para evitar que el Presidente electo democráticamente regresara a su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones (básicamente, mediante la alteración de los totales de votos). Esta fue la ineludible conclusión de periodistas y observadores de todo el espectro político. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la Coalición de voluntades de Trump, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y demandó la realización de nuevas elecciones. Por supuesto, no pasó nada, pues el equipo de Trump aceptó los resultados. Colombia tiene quizás el segundo líder más belicoso de la coalición de Trump, después de Bolsonaro. El presidente Iván Duque es el protegido del expresidente, y ahora kingmaker, Álvaro Uribe. Los cables diplomáticos de Estados Unidos que se hicieron públicos el año pasado mostraron una preocupación generalizada entre los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de Uribe con narcotraficantes. En la década de 1990, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos descubrió que Uribe se "dedicada a colaborar con el cártel [de la droga] de Medellín a altos niveles del gobierno". También se cree que Uribe ha tenido vínculos estrechos con los escuadrones de la muerte. Él renunció al Senado colombiano el año pasado en medio de una investigación criminal en curso. Uribe ha respaldado durante mucho tiempo los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Venezuela. En 2009, numerosos Gobiernos sudamericanos objetaron y bloquearon sus planes para expandir la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición de derechas, también le debe favores a Washington. El pasado junio, esta relación lo ayudó a obtener el mayor préstamo del FMI en la historia, $50 mil millones de dólares (el que posteriormente se incrementó a $56.3 mil millones, cuando a la economía argentina le fue mucho peor de lo que el FMI había pronosticado en el marco del acuerdo). Estados Unidos bloqueó los préstamos al Gobierno de su predecesora y adversaria de instituciones de préstamos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue muy significativo, ya que Argentina estaba teniendo problemas en su balanza de pagos hacia el final del mandato de la expresidenta Cristina Fernández. Un golpe aún más fuerte para su Gobierno provino de un juez de Nueva York con aparentes motivaciones políticas, quien prácticamente tomó como rehén a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina en 2012, al decidir que no se les podría pagar hasta que se pagaran primero ciertos fondos buitres con sede en Estados Unidos. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron rápidamente poco después de que Macri asumiera el cargo en 2015. Los medios a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para demostrar que hay una presencia de "centro-izquierda" en esta suerte de sociedad ilegal y, en cierto modo, barbárica. De hecho, Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del expresidente, Rafael Correa, del partido de izquierdas Alianza PAIS. Pero rápidamente se apartó del legado de su predecesor, formó una alianza con oligarcas de derecha y usó medios extra constitucionales para consolidar su poder. Ahora está tratando de encarcelar al expresidente por lo que parecen ser falsas acusaciones. Moreno ha sido recompensado por Washington con $10 mil millones en préstamos de instituciones multilaterales, incluidos los $4,2 mil millones que obtuvo del FMI el mes pasado. Si $10 mil millones no suenan a mucho, considere que el préstamo, expresado como un porcentaje de la economía de Ecuador, sería equivalente a que Estados Unidos reciba $1,9 billones. No es de extrañar que Lenín Moreno se haya unido a la Coalición Trump. El presidente de Paraguay también tiene motivos para agradecer al padrino Estados Unidos. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierda llamado Fernando Lugo ganó la presidencia sorteando grandes dificultades. Sin embargo, fue derrocado tras un golpe parlamentario en 2012, al que se opuso casi toda Sudamérica. Pero una vez más Washington trabajó con la OEA para ayudar a legitimar el golpe. Así, hay otro presidente sudamericano feliz de unirse a la campaña liderada por Estados Unidos para colocar a un líder de derecha en Venezuela. Aún hay uno más, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, simpatizante de Pinochet, quien nombró el año pasado a dos aliados de la dictadura —la que fue respaldada por EEUU— para integrar su gabinete. Así es como lo hacemos; hoy, al menos. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de centro izquierda, Trump no habría conseguido que un solo gobierno en la región apoyara una operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, descubrió esto en 2013 cuando manifestantes violentos de la oposición estaban en las calles de Venezuela, tratando de anular la primera elección de Maduro. No hubo absolutamente ninguna duda sobre los resultados de las elecciones, y casi todos los gobiernos del mundo los reconocieron. Kerry pronto se encontró completamente aislado; Washington cedió y aceptó la elección de Maduro. Luego está Europa, que por varias razones históricas solo ha seguido ocasionalmente una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde la Doctrina Monroe es generalmente respetada. Recientemente, la Doctrina Monroe fue invocada descaradamente en público por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Con esto fue necesario doblar el brazo para derribar al presidente de España, Pedro Sánchez, quien se había opuesto de manera insubordinada a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y el reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borell, le dijo a la prensa que su Gobierno había recibido "presión" de Washington. El gobierno liderado por los socialistas del PSOE de Sánchez también estuvo bajo una intensa presión por parte de los grandes medios de comunicación españoles —que han estado en total modalidad de “cambio de régimen” durante algún tiempo—, pues a finales de abril se llevarán a cabo nuevas elecciones. España fue particularmente importante para asegurar el apoyo europeo en este cometido, ya que otros países, incluida Alemania, a menudo consideran seriamente la opinión de España sobre la política en América Latina. Incluso si el equipo de Trump tuviera una mayoría global —lo cual no es cierto, con solo 50 de 195 países en todo el mundo que respaldan el cambio de régimen venezolano— sus sanciones económicas mortales, el robo de activos, las amenazas militares y otras acciones para derrocar al gobierno de Venezuela serían igualmente ilegales o ilegítimas, como lo fue la invasión de George W. Bush a Irak, o los muchos esfuerzos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos que han tenido lugar en este hemisferio. Esto no es sorprendente, si tenemos en cuenta quiénes están al volante: por ejemplo, el perenne defensor del cambio de régimen, John Bolton, o el enviado especial Elliott Abrams, quien apoyó lo que luego la ONU descubrió que fue un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades patrocinadas por Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua en los años ochenta. El elenco de personajes que apoyan este intento de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre algunos de sus aliados más cercanos, debe subrayar lo que ya es obvio: los esfuerzos de Estados Unidos por expulsar a Maduro no tienen nada que ver con la democracia o los derechos humanos.   Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 20 Marzo 2019

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo La elección presidencial en Brasil es sobre la lucha por la democracia 
Mark Weisbrot Globedia, 7 de octubre, 2018 Truthout, 7 de octubre, 2018 ALAI, 6 de octubre, 2018 Common Dreams, 6 de octubre, 2018 Folha de S.Paulo, 5 de octubre, 2018 Ver el artículo original In English Em Português El mundo está observando las elecciones de Brasil, probablemente como nunca antes. "La última amenaza de América Latina: Bolsonaro Presidente", grita el titular en la portada de The Economist. A esta conservadora revista británica le encantaría ver cómo el Partido de los Trabajadores (PT) desaparece de la política brasileña, pero ni siquiera ésta puede soportar a Bolsonaro, quien en 2016 al votar a favor de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, dedicó su voto en honor al coronel responsable de torturarla. Muchos han hecho la comparación con Trump, y por supuesto hay similitudes, especialmente en el racismo abierto y la misoginia de los dos políticos. Y ambos deben gran parte de su ascenso al fracaso de las políticas económicas neoliberales. Pero la trayectoria de Brasil hacia un escenario de amenaza aún más peligroso es una reacción de derecha por parte de la élite tradicional y corrupta del país contra las reformas económicas positivas del PT que beneficiaron a la gran mayoría de los brasileños. Para 2014, bajo las presidencias de Lula y Dilma, la pobreza se había reducido en un 55 por ciento y la pobreza extrema en un 65 por ciento, y el desempleo alcanzó un mínimo histórico de 4.9 por ciento. Algunas de estas ganancias se perdieron cuando la economía entró en una profunda recesión ese año, y la derecha aprovechó esa desaceleración para usurpar lo que no pudo ganar en las urnas en cuatro elecciones consecutivas. Ellos acusaron a Dilma y la sacaron de su cargo sin siquiera acusarla de un crimen real; y luego el juez Moro envió a Lula a prisión por un "soborno" que nunca aceptó, en un "juicio" sin evidencia material. El gobierno de EEUU envió expertos de su Departamento de Justicia para "ayudar" con las investigaciones y mostró un apoyo silencioso a la destitución de Dilma. Pero la mayor parte del electorado brasileño pudo ver que, aunque todos los principales partidos políticos estaban infectados con corrupción, la decapitación del Partido de los Trabajadores no se refería a la justicia. Lula mantuvo una ventaja dominante en las encuestas incluso después de su condena. Y así se hizo necesario impedir que Lula se presentara a la presidencia, encarcelarlo y restringir su acceso a los medios de comunicación. No funcionó; Fernando Haddad, ex alcalde de São Paulo y la elección original de Lula para el candidato a vicepresidente, aumentó rápidamente en las urnas y se enfrentará a Bolsonaro en la segunda ronda de la elección. Algunas de las principales voces de los medios de comunicación que están demasiado avergonzadas de apoyar abiertamente a Bolsonaro han intentado pintar estas elecciones como una competencia entre "extremistas" de derecha e izquierda. Pero esto es una falsa equivalencia peligrosa. Haddad es un socialdemócrata moderado, una etiqueta que también describe bastante bien las políticas de sus predecesores, Lula y Dilma. Permitieron que la economía creciera mucho más rápido que durante los años de Cardoso, expandieron los programas de transferencia condicional de efectivo para los pobres, aumentaron el salario mínimo y aumentaron la inversión pública. Por otro lado, la enmienda constitucional del actual gobierno para congelar el gasto real del gobierno durante décadas es una medida extremista incluso para la gran mayoría de los economistas. Este fanatismo ha generado un fanatismo más virulento junto con la política del miedo y el odio. Bolsonaro y otros ex militares, incluido su candidato a la vicepresidencia, han planteado dudas sobre si aceptarán resultados electorales no deseados. Por primera vez en décadas, la amenaza de una dictadura militar está surgiendo. Ningún periodismo responsable debe ignorar esta amenaza, ni legitimar el extremismo que la fortalece. Y cualquiera que se preocupe por la democracia en Brasil estaría horrorizado ante la posibilidad de una presidencia o dictadura de Bolsonaro.  

Mark Weisbrot / 10 Octubre 2018

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