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Op-Ed/Commentary

EcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Juicios políticos y vetos electorales en la batalla por la democracia en Ecuador
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el expresidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a opositores y proscrito candidatos. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia. La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la "Revolución Ciudadana" de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático giro político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de políticas sociales y económicas de Correa. En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. Un año después, la popularidad de Moreno se había desplomado; cayendo en más de un 50% y continuando su descenso posteriormente. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas. En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma agresiva de judicialización de la política o "lawfare", inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el expresidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba controlar el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 para otorgarle poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General del Estado, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas. Actualmente existen 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar en 2012 el secuestro fallido, en Colombia, de Fernando Balda, un poco conocido fugitivo de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso resultó en una orden de prisión preventiva para Correa, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador y brindándoles un alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, se asiló en Argentina donde anunció que había sido amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa. Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por acusaciones de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue despojado de sus derechos políticos por 25 años. El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy vino a mi oficina el propio Alexis Mera ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “VP dispone recibir sobre y entregar DE INMEDIATO a Alexis Mera…”; con la palabra "entregado" garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses. Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como evidencia clave. Correa fue declarado culpable - en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos - de “influjo psíquico” sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción. Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de celeridad. Si bien se necesitaron cuatro años para la audiencia de casación del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa y la audiencia de casación. Los jueces de casación, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, confirmaron, como era de esperar, el veredicto de abril. Correa reside actualmente en Bélgica, el país de origen de su esposa, e Interpol, en sus intentos por mantenerse al margen de los casos evidentemente politizados, ha negado reiteradamente las solicitudes de Ecuador de que se emita una notificación roja en su contra. En definitiva, esto le importa poco a la alianza anti-correísta. Si bien algunos disfrutarían de tener a Correa en la cárcel, incluso si lo más probable es que genere una reacción política perjudicial para sus intereses, el verdadero propósito de la sentencia es dañar el legado de Correa, evitar que esté físicamente presente en el país e impedir que sea candidato en elecciones. La otra línea de ataque del régimen ha sido socavar la fuerza organizativa del correísmo. El propósito es evitar que Correa y sus seguidores tengan un partido político coherente y funcional. En 2017, Moreno despojó con éxito a Correa de Alianza País, el partido que Correa había creado en 2006 en su primera candidatura exitosa a la presidencia. Como exvicepresidente de Correa, Moreno sabía que para emprender una campaña efectiva contra Correa y su legado, necesitaba neutralizar el movimiento de Correa. La oportunidad surgió cuando varios dirigentes leales a Correa cuestionaron el liderazgo de Moreno de Alianza País. Otro fallo judicial favorable le dio a Moreno el control total sobre el partido. Por supuesto, Alianza País era en esencia correísta, y una vez que su líder histórico fue marginado, la mayoría de sus miembros abandonaron el barco. Pero plenamente consciente de su papel de transición, el objetivo de Moreno nunca fue realmente tener un partido fuerte propio. Su objetivo era hacer que la mayor fuerza política de Ecuador no tuviera organización partidaria; lo que logró. Correa y sus seguidores buscaron entonces crear un nuevo partido, pero sus intentos fueron frustrados sistemáticamente por las autoridades electorales controladas por el gobierno. En 2019, los correístas finalmente se vieron obligados a unirse a una organización política preexistente llamada Fuerza Compromiso Social. Entonces, el 19 de julio de 2020, las autoridades electorales de Ecuador simplemente suspendieron a Fuerza Compromiso Social del registro de partidos políticos, lo que le impidió presentar candidatos a las próximas elecciones. Como resultado, en agosto de 2020, los correístas se vieron obligados a buscar los auspicios de otro partido, Centro Democrático, para albergar las candidaturas del movimiento. Los enemigos de Correa saben que este interminable viaje de un partido a otro, con su correspondiente cambio de nombre, color, símbolo, número de lista y acuerdos incómodos con el liderazgo de los partidos anfitriones, genera una debilidad organizativa que impide que el movimiento dedique toda su energía a la tarea de conseguir apoyo popular. Y, sin embargo, a pesar de estos incesantes intentos de erosionar el margen de maniobra de Correa, las encuestas de agosto de 2020 confirmaron que el correísmo sigue siendo un fuerza a tener en cuenta y la más probable en ocupar el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En cualquier caso, la nominación, el18 de agosto, del joven economista Andrés Arauz como su candidato presidencial, le ha dado al correísmo un renovado impulso. Moreno, en cambio, se enfrenta a un futuro incierto. Su menguante popularidad y credibilidad del 8% es la más baja para cualquier presidente desde el regreso de Ecuador a la democracia en 1979. En octubre pasado, estalló la ira popular contra el programa de austeridad neoliberal del gobierno, respaldado por el FMI, lo que resultó en las mayores protestas del país en décadas. El gobierno apenas recuperó el control de la situación después de reprimir brutalmente las protestas: 11 personas murieron, al menos 1.500 resultaron heridas y más de 1.200 fueron detenidas. Siguió una ola de detenciones de figuras de la oposición, incluidos funcionarios electos. Varios legisladores buscaron refugio en la embajada mexicana y pudieron salir del país meses después. En 2020, la terrible gestión de Moreno de la crisis de la Covid-19 fue noticia mundial cuando las calles de Guayaquil se llenaron de cadáveres abandonados a medida que colapsaban las capacidades de atención médica y mortuoria de la ciudad. La pobreza y la desigualdad también han aumentado en los últimos dos años. Y una serie de escándalos de corrupción están causando estragos en el gobierno de Moreno. El propio presidente enfrenta acusaciones de haber utilizado una cuenta offshore en Panamá para recibir sobornos. Moreno puede contar con la protección de Estados Unidos una vez termine su mandato. Después de todo, en un claro esfuerzo por asegurar el apoyo de la administración de los Estados Unidos, ha dado un gran giro a la política exterior ecuatoriana: la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que Washington siempre vio como un rival de la Organización de Estados Americanos (OEA) y contrario a sus intereses; la terminación del asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres; el reconocimiento de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, como presidente de Venezuela; un renovado programa  de cooperación militar y del FBI, incluido el entrenamiento de personal militar ecuatoriano por parte de Estados Unidos; y la alineación inquebrantable de Ecuador con la administración Trump en prácticamente todas las votaciones en el Consejo Permanente de la OEA. Tras encarcelar y obligar a muchos miembros de la oposición al exilio, reprimir brutalmente las protestas y prohibir que Correa y su partido político se presenten en las próximas elecciones, el gobierno de Moreno ha cruzado más de un Rubicón en la violación de derechos políticos esenciales en Ecuador. Hasta ahora, los medios locales y Estados Unidos le han dado carta blanca a Moreno, una aquiescencia que puede llevar a Moreno a creer que tiene poco que ganar si restringe su desliz autoritario y mucho que perder si permite una victoria cada vez más probable de Arauz en febrero. Como resultado, el rumor en los círculos políticos en Ecuador es que el gobierno ya está conjurando una estrategia para impedir que Arauz se postule, por cualquier medio posible. La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que permita elecciones relativamente libres y limpias. La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento, quizás incluso a la mayoría, de la población ecuatoriana, que las elecciones no son democráticas. Si el gobierno prohíbe o perjudica aún más la candidatura de Arauz, la gente gritará fraude. El conflicto político podría escalar a niveles sin precedentes y poner en peligro la estabilidad democrática de Ecuador a largo plazo. Este es un territorio inexplorado; no solo antidemocrático, sino también peligroso e irresponsable.

Guillaume Long / 18 Septiembre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador
Mark WeisbrotPágina/12, 16 de septiembre, 2019 ALAI, 17 de septiembre, 2019The Guardian, 27 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo. Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros. Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ?la directora gerente del FMI en ese momento? este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”. ¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública. El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ?incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen? y también lo hará la pobreza. Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI. Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ?una estrategia que casi nunca funciona? convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca. El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ?por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales? dificultarán aún más la recuperación económica. Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ?incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica? se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio. Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos). En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno). Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron. Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años. Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 16 Septiembre 2019

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