Argentina

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CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Para no caer en la trampa de los fondos buitre
Lara Merling and Leo Baunach Página/12, 9 de octubre, 2019 Ver el artículo original In English El programa del FMI fracasó y la deuda es insostenible. ¿Qué sucede después? El gobierno de Mauricio Macri deja atrás un nuevo acuerdo fallido del organismo multilateral, una economía en ruinas, indicadores de pobreza que se disparan y una importante carga de deuda en dólares. La extensión de los plazos de vencimiento de la deuda en moneda local no es una solución. Solo pospone la reestructuración de toda la deuda al próximo gobierno. Cómo se realizará esa reestructuración todavía no está claro porque no existe un mecanismo ordenado para hacer frente a los problemas de sustentabilidad de las deudas soberanas. Cuando las empresas o individuos se enfrentan a deudas insostenibles cuentan con mecanismos claros para llevar adelante un proceso de quiebra. Lo que suele acontecer es que un juez evalúa la capacidad del deudor para pagar y determina cuánto recibirá cada acreedor. No existe un mecanismo similar para los Estados soberanos. A los países se los pone a negociar con una amplia variedad de acreedores que poseen distintos intereses en jurisdicciones diferentes. Es un proceso que puede extenderse por años y afectar la recuperación económica. Argentina encaró negociaciones con sus acreedores después del default de la crisis de 2001-2002 y en 2005 alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos. Fue un proceso que pareció exitoso y fue realizado de forma que le permitió al país ganar espacio para recuperarse. Sin embargo, un grupo de fondos buitre estadounidenses rechazó el acuerdo y arrastró a la Argentina a un extenso litigio para forzar los pagos. Las cortes norteamericanas son una jurisdicción amistosa para estos acreedores predatorios. El fallo que en 2014 favoreció a los fondos buitre llevó artificialmente al país a un nuevo default al bloquear el pago de los vencimientos para el al resto de los acreedores hasta que los buitres cobrasen sus reclamos. Esto dejó al país fuera del mercado internacional de deuda y permitió que unos pocos especuladores tomen a todo un país de rehén. El conflicto reavivó el interés por crear un mecanismo global para desarrollar reestructuraciones de deuda soberana. En 2015 las Naciones Unidas aprobaron una resolución que contenía una serie de principios para guiar esos procesos. La medida obtuvo un respaldo enorme aunque seis países con un enorme peso en las finanzas globales votaron en contra: Canadá, Alemania, Israel, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó una detallada hoja de ruta sobre cómo implementarlo. Sin embargo, ese mecanismo todavía no existe en la práctica. Argentina fue uno de los principales impulsores del proyecto inicial en las Naciones Unidas. Esto terminó cuando Macri llegó al poder. Su administración le pagó a los buitres que, en algunos casos, embolsaron ganancias globales de hasta 1270 por ciento. El paso siguiente de Macri fue emitir una enorme cantidad de deuda denominada en dólares. Y cuando sus políticas pro-mercado no lograron la prosperidad prometida, el gobierno argentino recurrió al FMI para un programa de financiamiento record de 57.000 millones de dólares. Discusiones anteriores incluyeron una iniciativa del FMI de 2002 para crear un mecanismo para la reestructuración de deudas soberanas que se frenó ante la oposición estadounidense. El Fondo volvió a respaldar la reforma cuando el asunto reemergió durante las etapas finales del litigio de los fondos buitres contra Argentina. El impulso del organismo para crear un mecanismo multilateral justo es bienvenido, aunque las Naciones Unidas constituyen el espacio adecuado para esa discusión. El FMI no es un actor neutral en las reestructuraciones. Con frecuencia, es un acreedor que tiene prioridad al momento de llevar adelante esas renegociaciones o provee un préstamo que le permite al país mantenerse a flote durante las negociaciones y luego posibilita el pago a los acreedores privados. El FMI es uno de los principales acreedores externos de la Argentina y jugará un papel determinante en la reestructuración de la deuda. Al comienzo del préstamo, el FMI realizó proyecciones poco realistas para el crecimiento del país que le permitieron sostener la cuestionable conclusión de que el país contaba con capacidad de repago. Cualquier supuesto similar debería ser mirado con escepticismo. Durante buena parte del programa del FMI una importante porción del crédito financió la fuga de capitales mientras que los argentinos sufrieron las medidas de austeridad. Ahora, el FMI podría presionar por más recortes que garanticen la disponibilidad de recursos para hacer frente a los vencimientos. Las políticas impulsadas por el FMI constituyen austeridad para los ricos, no para los acreedores. Un informe elaborado por el Experto Independiente sobre deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, describe como la carga de la deuda y las medidas impulsadas por las instituciones financieras internacionales causan violaciones de derechos humanos, recortes en los servicios públicos, destrucción de empleo y mayor desigualdad. La comunidad internacional debería acordar un mecanismo justo para resolver los problemas de las deudas soberanas que evite que los intereses de los acreedores y un sistema roto afecten el desarrollo humano y nacional.

Lara Merling / 09 Octubre 2019

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Quién tiene la culpa de la crisis económica en Argentina?
Mark WeisbrotThe New York Times, 19 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English El autor es experto en la economía y la política latinoamericanas. Los argentinos recuerdan el papel que desempeñó el Fondo Momentario Internacional en la última recesión. También recuerdan cómo mejoró su vida con el kirchnerismo. ¿Qué se supone que debemos deducir de los sorpresivos resultados de las elecciones celebradas en Argentina el 11 de agosto, que sacudieron a los encuestadores y a los analistas por igual y agitaron los mercados financieros del país? En las elecciones primarias rumbo a la elección presidencial, en octubre, el candidato de la oposición Alberto Fernández derrotó al presidente Mauricio Macri por un margen inesperado del 15,6 por ciento.La coalición de Fernández atribuye su victoria a las políticas económicas fallidas de Macri, pues lo consideran culpable de la crisis económica, la recesión y la inflación elevada que el país experimenta actualmente. Por su lado, Macri afirma que el miedo a un futuro gobierno kirchnerista fue el culpable de la turbulencia financiera tras las elecciones, así como a los problemas que ha habido en la economía desde que asumió el cargo hace más de tres años y medio. El actual presidente argumenta que tanto los mercados como el pueblo deberían temerle a este resultado.Esta discrepancia no es solo objeto de debate académico, y tampoco es una situación exclusiva de Argentina. Es un diálogo recurrente, casi arquetípico, que surge durante las crisis económicas que permean contiendas políticas. En los últimos años, los dirigentes en turno —en el Reino Unido, España, Francia, Grecia y otros países donde las políticas económicas fallidas se enfrentaron a adversarios de centroizquierda— han usado el estribillo de Macri como una línea de ataque frecuente. Los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, que pueden ser poco claras o incluso partir de percepciones erróneas de la realidad. En el caso de Argentina, está la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente y una victoria para los rivales que provienen de un periodo de crecimiento económico sólido y ampliamente compartido. Esto no es algo inherentemente negativo para la economía. Cuando Macri dice “kirchnerismo”, se refiere a las políticas, los simpatizantes y los gobiernos de la familia Kirchner, que gobernó de 2003 a 2015, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ahora se ha postulado como compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández y es una lideresa prominente de la coalición de oposición, aunque esta coalición es mucho más grande y amplia que la base kirchnerista. Desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Algunos cálculos independientes mostraron una disminución del 71 por ciento en la pobreza y del 81 por ciento en la pobreza extrema. Los gobiernos kirchneristas establecieron uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas para los pobres más grandes de Latinoamérica. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto per cápita aumentó un 42 por ciento, casi tres veces más que la tasa mexicana. El desempleó se redujo más de la mitad y la desigualdad económica también disminuyó de manera considerable. Los doce años en los que los Kirchner estuvieron en el poder se generaron importantes mejoras en la calidad de vida de una gran mayoría de los argentinos, de acuerdo con cualquier comparación razonable. El crecimiento económico decayó en los últimos años de la presidencia de Cristina. El gobierno cometió algunos errores y también se llevó un golpe económico externo. El fallo de un tribunal federal de apelaciones en Nueva York en 2012 —una decisión que muchos consideraron cuestionable y política— tomó de rehenes a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina para obligarla a pagar a un pequeño grupo de fondos buitre que se negó a unirse a la reestructuración de la deuda que se determinó a principios de la década de 2000. El gobierno de Estados Unidos bloqueó los créditos de los prestamistas internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en una época en que la economía necesitaba el intercambio de divisas. En contraste, durante el mandato de Macri —que comenzó en diciembre de 2015— la pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído y el desempleo ha aumentado. Las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75 por ciento actualmente; la inflación se ha elevado del 18 al 56 por ciento. La deuda pública ha crecido del 53 por ciento a más del 86 por ciento del PIB. ¿Qué tanto de esta crisis económica y mal desempeño es responsabilidad de su predecesora? En 2018, Macri firmó un acuerdo por un préstamo de 57.000 millones de dólares: el rescate financiero más grande del FMI en la historia. El contrato del préstamo, junto con las revisiones que se le han hecho desde entonces, detallan las metas, la estrategia y la ejecución en términos económicos del gobierno. Hay mucha información disponible al público que expone lo que falló. La estrategia principal del programa era restaurar la confianza de los inversionistas por medio de una política fiscal y monetaria más estricta. Sin embargo, como ha ocurrido con frecuencia en el pasado, estas medidas desaceleraron la economía y socavaron la confianza de los inversionistas. Para octubre de 2018, los resultados ya eran mucho peores de lo que había pronosticado el FMI. El gobierno y el FMI endurecieron las políticas fiscales y monetarias, pero no sirvió de nada. El gobierno también desperdició más de 16.000 millones de dólares en intentos fallidos para evitar que el peso decayera y aumentó en gran medida el componente extranjero más problemático de la deuda pública. El resultado ha sido una recesión casi constante y una inflación elevada, además de tasas de interés descomunales, depreciación del peso, inestabilidad financiera y enorme acumulación de deuda pública. El incremento de la deuda es particularmente digno de atención porque Macri heredó un nivel bajo de deuda pública. Irónicamente, el FMI es conocido en Argentina por promover políticas igual de irrealizables durante la crisis de 1998 a 2002 (que se puede comparar a la Gran Depresión de Estados Unidos en la década de los treinta). En efecto, la historia se está repitiendo, aunque en este caso el FMI tiene una alianza más fuerte con el gobierno de la que tenía hace veinte años. Los candidatos Fernández —Alberto y Cristina— tendrán que esbozar cómo piensan salir de este desastre. Pueden explicar cómo Argentina se recuperó de una crisis económica mucho más severa, con una tasa de desempleo de más del doble que ahora y en la que millones de personas anteriormente de clase media habían caído en la pobreza. Les pueden asegurar a los prestamistas que no hay por qué incumplir con la deuda pública hoy en día, como se hizo en el pasado, puesto que entonces era completamente imposible pagar. No obstante, al igual que en 2003, la economía no puede recuperarse bajo las condiciones acordadas con el FMI, así que tendrán que renegociarse. Millones de argentinos recuerdan la última depresión y el papel que desempeñó el FMI. Muchos también recuerdan la mejora tan rápida que hubo en la vida de la gente a lo largo de la década siguiente. Esa memoria y conciencia colectivas quizá ahora determinen el resultado de este debate recurrente sobre la economía y, con ello, la elección general del 27 de octubre y posiblemente gran parte del futuro de Argentina.

Mark Weisbrot / 19 Agosto 2019

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