Argentina

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CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

CEPR has been examining economic changes in Argentina since the early 2000s, especially how IMF policies have affected the economy and how Argentina was able to recover after its severe 1998–2002 recession.

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo La Unasur aún existe y es la mejor plataforma para integrarnos
Revista Raya Ver artículo en el sitio original Los triunfos de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia y la posibilidad de una victoria en octubre de Lula da Silva en Brasil han vuelto a poner el tema de la integración en el centro del debate político de nuestra región. Varios hablan de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que la organización sufriera varios golpes entre 2018 y 2020 que culminaron con la salida de siete de sus doce miembros. La Unasur hoy en día está paralizada, pero la perspectiva de un cambio de gobierno en Brasil alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de un relanzamiento, ya que ese país, con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, lleva décadas buscando crear un espacio regional suramericano.  Lo primero que cabe señalar es que el Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 se mantiene vigente para todos los miembros que no lo han denunciado y la Organización sigue existiendo jurídicamente a nivel internacional. Mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo, la entidad seguirá teniendo plena vigencia jurídica. De haber voluntad política, no hay impedimento legal para que pueda ser relanzada por los Estados miembros. Lo segundo que vale la pena resaltar es que varios miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de Unasur de forma irregular. En particular, Brasil y Argentina no dieron término a sus membresías de manera apegada a derecho. Ambos obviaron el tratamiento legislativo especificado por sus respectivas constituciones, razón por la que podrían optar por anular sus denuncias. Por último, hay que señalar que los siete países que salieron de Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay) lo hicieron sin tener en cuenta los mecanismos para los tratados multilaterales que exigen la búsqueda de acuerdos. Bolivia objetó las denuncias unilaterales de los países e invitó al diálogo. En su momento, Uruguay demostró una voluntad reparadora para resolver los problemas surgidos en el seno de la Organización. Las siete denuncias no cumplieron con lo previsto en el Tratado Constitutivo de Unasur respecto de lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14 del Tratado), para la solución de controversias (artículo 21) o, incluso, para el procedimiento de Enmiendas (artículo 25). Cabe recordar que el derecho internacional público, incluida la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ratificada por los doce miembros fundadores de Unasur, protege la estabilidad de los Tratados y establece que la interpretación de las normas debe tender a la subsanación de las diferencias para la plena vigencia de los mismos. Las numerosas irregularidades de este caso abren la posibilidad para que se active un mecanismo de solución de controversias que podría dar cabida a una salida colectiva para subsanar el irregular proceso de debilitamiento de la Unasur. Más allá de las consideraciones jurídicas, existen voces que cuestionan la necesidad de retomar la integración suramericana. Algunos sectores, incluso dentro del progresismo latinoamericano, han señalado que la apuesta debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  La CELAC es sin lugar a dudas, una apuesta de vital importancia; quizás incluso, el horizonte último de cualquier proceso de convergencia regional en materia de integración. La gran riqueza de la CELAC es su membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de la OEA con sede en Washington. Es también una expresión fundamental del Sur global en el hemisferio occidental, llamada a elevar la voz y las demandas de los pueblos latinoamericanos y caribeños a nivel multilateral y global en materia de desarrollo, paz, justicia global, y lucha contra la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, etc. Sin embargo, la CELAC carece de un tratado constitutivo y de institucionalidad propia, como aquella que fue creada por el Tratado Constitutivo de la Unasur. Además, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros de la CELAC impide acuerdos más concretos y vinculantes en materia de gobernanza regional con normativas comunes, confluencia y homogeneización de políticas y un verdadero programa de desarrollo regional. La Unasur, a diferencia de la CELAC, puede avanzar más rápidamente hacia la integración física y normativa, es decir, hacia una verdadera gobernanza regional, con menos Estados miembros, mayores niveles de autonomía y de simetría incluso, a pesar de las grandes asimetrías que perduran en América del Sur. La segunda alternativa que se suele mencionar es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo desde su fundación y se ha diversificado a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado Constitutivo de la Unasur está registrado ante la ONU y conlleva una construcción regional multidimensional, en materia de defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo, infraestructura, energía, medio ambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, gestión de desastres, etc. Ningún otro organismo regional tiene una visión tan amplia de la integración suramericana ni abre el abanico de alternativas y posibilidades que ofrece la normativa fundacional de la Unasur.  Existen, además, importantes obstáculos para que el Mercosur ampliado pueda incorporar a los países del eje andino-pacífico, sobre todo, dado el acervo de normativa arancelaria del Mercosur. ¿Qué tan posible resulta que Colombia, Ecuador, Perú o Chile se incorporen al Mercosur en el mediano plazo? Y ciertamente no será la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la que incorpore en su seno a los países del eje atlántico. Fue justamente para el propósito de la convergencia entre los subsistemas andino-pacífico y atlántico-conosureño que se creó, en 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en 2007 cambió su nombre por el de Unasur. Esta Organización puede desempeñar un papel central de convergencia para que se privilegie la proyección, a nivel suramericano, de las mejores prácticas y el mejor bagaje institucional y no se busque apenas la difícil incorporación del eje pacífico en el eje atlántico o viceversa. Por todas estas razones se debe maximizar la vigencia jurídica del Tratado Constitutivo de la Unasur, y procurar que el mayor número posible de países de la región se reincorporen a la Organización. Un relanzamiento de la Unasur deberá ser acompañado de importantes cambios en su normativa y funcionamiento. Se debe aprender de varios errores del pasado y corregir las fallas de diseño. La regla del consenso en la toma de decisión, que otorga poder de veto a los países miembros y llevó a la parálisis y acefalía de la entidad, debe ser repensada o, al menos, no ser aplicada en todos los procesos de toma de decisión. También se debe transitar progresivamente hacia una organización internacional más consolidada que goce de cierto nivel de autonomía relativa. Frente a las nuevas rivalidades entre las grandes potencias, en especial entre Estados Unidos y China, y de cara a los grandes retos del siglo XXI, la apuesta debe ser una respuesta regional que tienda hacia una mayor autonomía estratégica y un no alineamiento actualizado. La Unasur sigue siendo, de lejos, la mejor plataforma para la consecución de estos objetivos.

Guillaume Long / 24 13:15:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

ArgentinaBrasilAmérica Latina y el CaribeEl Mundo ¿Hacia una nueva Unasur?
Infobae Ver artigo no site original Entre 2018 y 2019, siete gobiernos suramericanos, incluyendo el argentino, se retiraron del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y le atestaron un duro golpe a la integración. Pero el nuevo giro político en la región ha vuelto a avivar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de retomar y renovar la organización. El candidato Luis Inácio “Lula” da Silva se ha referido reiteradamente a la Unasur en los últimos meses. Hace pocos días, llegó a proponer la creación de una monedad común, que sería emitida por un banco central suramericano. ¿Que hará Argentina frente a esta coyuntura regional? Para empezar, hay que establecer que la Unasur aún existe jurídicamente. Siete países se retiraron de la organización, pero cinco no lo hicieron, y el tratado no especifica un número mínimo de miembros para que la organización siga existiendo. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ratificada por todos los miembros originarios de la Unasur, estipula que, en casos como este, la organización sigue vigente para aquellos miembros que en ella permanecen. Argentina y Brasil, además, denunciaron el tratado sin darle tratamiento legislativo, a pesar de lo especificado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución argentina y los artículos 84 y 49 de la Constitución brasileña, lo que abre la posibilidad de vías jurídicas para invalidar estas denuncias. Dada la dificultad que implicaría que los doce miembros fundadores vuelvan a dotarse, en unísono, de la necesaria voluntad política para volver a adherirse al Tratado de Brasilia, es probable que el relanzamiento de la Unasur deba ser liderado por un número de Estados inferior a la membresía inicial: una suerte de nuevo núcleo duro capaz de generar una atracción gravitatoria para que los otros países suramericanos vayan progresivamente revisando su posición. Las sucesivas olas de expansión de la Comunidad y luego Unión Europea entre 1957 y 2012 y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) entre 1967 y 1999 son un buen ejemplo de este fenómeno. De hecho, la Unasur no tiene por qué estampar de antemano límites geográficos demasiados estrictos. En el Tratado de Roma de 1959, los europeos dejaron un estratégico velo de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo. Argentina debiera tener un gran interés en una mayor autonomía estratégica, que le permita apartarse tanto del vasallaje geopolítico del monroísmo americano, como de la reprimarización de una división internacional del trabajo a la medida de la demanda china. La resurgencia de una nueva bipolaridad requiere de no-alineamiento y de regiones fuertes que posibiliten la diversificación de las relaciones y una mayor multipolaridad. Quienes no deseen relanzar la Unasur dirigen a menudo fuertes críticas a la organización que no siempre son precisas. Se suele demonizar su presidencialismo. Pero los mecanismos de integración, ambiciosos en su resignificación del interés nacional, requieren de fuertes legitimaciones políticas y no apenas decisiones tecnocráticas, para luego crear una institucionalidad resiliente, que la Unasur, con muy pocos años de vida, no alcanzó a consolidar. Se habla de la supuesta naturaleza ideológica de la Unasur. Es evidente que los debates que se dieron en su seno reflejaron las opiniones de sus miembros, pero nada en el diseño institucional de la organización propendía a una mayor ideologización. Es cierto, no obstante, que una renovada Unasur requeriría de importantes reformas. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su paralización. Otras reformas al tratado constitutivo o mediante nuevos protocolos también son necesarias, para por ejemplo mejorar el funcionamiento de la secretaría general. Se suelen mencionar dos alternativas a la Unasur. La primera es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sobrevivió estos años gracias en gran medida al liderazgo de México y que ahora se fortalece con la presidencia argentina. La Celac es una expresión fundamental del Sur global en nuestro hemisferio. Sin embargo, la Celac no es una Unasur a escala latinoamericana y caribeña. La Celac carece de tratado, institucionalidad, secretaría general. Su gran riqueza es una membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de una OEA con sede en Washington. Pero, a su vez, la amplitud conferida por los 33 miembros de la Celac impide acuerdos más concretos. La Unasur puede brindar un soporte, hasta a la propia Celac, que permita avanzar hacia una integración tangible que podría devenir latinoamericana en el futuro. La segunda alternativa es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo y diversificando a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial, notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado de Brasilia, constitutivo de la Unasur, y registrado ante la Organización de las Naciones Unidas, conlleva una construcción regional mucho más multidimensional, en materia de seguridad, democracia, desarrollo, infraestructura, medioambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, derechos humanos, gestión de desastres, etc. Aquí tampoco existe contradicción entre Unasur y Mercosur. La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur; es decir, construir sobre lo edificado y no borrar lo avanzado. Si los Estados optan por relanzar la Unasur, tendrán que cuidar que un nuevo giro político en la región no la vuelva a decapitar. Una vía para sellar ese pacto puede ser justamente mediante un mayor énfasis en la convergencia comercial entre los espacios atlánticos y pacíficos. También se podría retomar la idea truncada de tener un banco regional – los gobiernos no suelen abandonar espacios que les brindan la posibilidad de acceder a recursos. América del Sur ya no es la región marcada por la exaltación refundadora de hace 15 años. La causa de la integración suramericana necesitará de mucha perseverancia, parsimonia y pragmatismo para que nuestra lastimada integración vuelva a coger impulso. Argentina puede jugar un rol fundamental en este proceso.

Guillaume Long / 05 Mayo 2022

Op-Ed/Commentary

ArgentinaAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Para no caer en la trampa de los fondos buitre
Lara Merling and Leo Baunach Página/12, 9 de octubre, 2019 Ver el artículo original In English El programa del FMI fracasó y la deuda es insostenible. ¿Qué sucede después? El gobierno de Mauricio Macri deja atrás un nuevo acuerdo fallido del organismo multilateral, una economía en ruinas, indicadores de pobreza que se disparan y una importante carga de deuda en dólares. La extensión de los plazos de vencimiento de la deuda en moneda local no es una solución. Solo pospone la reestructuración de toda la deuda al próximo gobierno. Cómo se realizará esa reestructuración todavía no está claro porque no existe un mecanismo ordenado para hacer frente a los problemas de sustentabilidad de las deudas soberanas. Cuando las empresas o individuos se enfrentan a deudas insostenibles cuentan con mecanismos claros para llevar adelante un proceso de quiebra. Lo que suele acontecer es que un juez evalúa la capacidad del deudor para pagar y determina cuánto recibirá cada acreedor. No existe un mecanismo similar para los Estados soberanos. A los países se los pone a negociar con una amplia variedad de acreedores que poseen distintos intereses en jurisdicciones diferentes. Es un proceso que puede extenderse por años y afectar la recuperación económica. Argentina encaró negociaciones con sus acreedores después del default de la crisis de 2001-2002 y en 2005 alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos. Fue un proceso que pareció exitoso y fue realizado de forma que le permitió al país ganar espacio para recuperarse. Sin embargo, un grupo de fondos buitre estadounidenses rechazó el acuerdo y arrastró a la Argentina a un extenso litigio para forzar los pagos. Las cortes norteamericanas son una jurisdicción amistosa para estos acreedores predatorios. El fallo que en 2014 favoreció a los fondos buitre llevó artificialmente al país a un nuevo default al bloquear el pago de los vencimientos para el al resto de los acreedores hasta que los buitres cobrasen sus reclamos. Esto dejó al país fuera del mercado internacional de deuda y permitió que unos pocos especuladores tomen a todo un país de rehén. El conflicto reavivó el interés por crear un mecanismo global para desarrollar reestructuraciones de deuda soberana. En 2015 las Naciones Unidas aprobaron una resolución que contenía una serie de principios para guiar esos procesos. La medida obtuvo un respaldo enorme aunque seis países con un enorme peso en las finanzas globales votaron en contra: Canadá, Alemania, Israel, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó una detallada hoja de ruta sobre cómo implementarlo. Sin embargo, ese mecanismo todavía no existe en la práctica. Argentina fue uno de los principales impulsores del proyecto inicial en las Naciones Unidas. Esto terminó cuando Macri llegó al poder. Su administración le pagó a los buitres que, en algunos casos, embolsaron ganancias globales de hasta 1270 por ciento. El paso siguiente de Macri fue emitir una enorme cantidad de deuda denominada en dólares. Y cuando sus políticas pro-mercado no lograron la prosperidad prometida, el gobierno argentino recurrió al FMI para un programa de financiamiento record de 57.000 millones de dólares. Discusiones anteriores incluyeron una iniciativa del FMI de 2002 para crear un mecanismo para la reestructuración de deudas soberanas que se frenó ante la oposición estadounidense. El Fondo volvió a respaldar la reforma cuando el asunto reemergió durante las etapas finales del litigio de los fondos buitres contra Argentina. El impulso del organismo para crear un mecanismo multilateral justo es bienvenido, aunque las Naciones Unidas constituyen el espacio adecuado para esa discusión. El FMI no es un actor neutral en las reestructuraciones. Con frecuencia, es un acreedor que tiene prioridad al momento de llevar adelante esas renegociaciones o provee un préstamo que le permite al país mantenerse a flote durante las negociaciones y luego posibilita el pago a los acreedores privados. El FMI es uno de los principales acreedores externos de la Argentina y jugará un papel determinante en la reestructuración de la deuda. Al comienzo del préstamo, el FMI realizó proyecciones poco realistas para el crecimiento del país que le permitieron sostener la cuestionable conclusión de que el país contaba con capacidad de repago. Cualquier supuesto similar debería ser mirado con escepticismo. Durante buena parte del programa del FMI una importante porción del crédito financió la fuga de capitales mientras que los argentinos sufrieron las medidas de austeridad. Ahora, el FMI podría presionar por más recortes que garanticen la disponibilidad de recursos para hacer frente a los vencimientos. Las políticas impulsadas por el FMI constituyen austeridad para los ricos, no para los acreedores. Un informe elaborado por el Experto Independiente sobre deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, describe como la carga de la deuda y las medidas impulsadas por las instituciones financieras internacionales causan violaciones de derechos humanos, recortes en los servicios públicos, destrucción de empleo y mayor desigualdad. La comunidad internacional debería acordar un mecanismo justo para resolver los problemas de las deudas soberanas que evite que los intereses de los acreedores y un sistema roto afecten el desarrollo humano y nacional.

Lara Merling / 09 Octubre 2019

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