Bolivia

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CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

CEPR has been examining economic changes in Bolivia since 2005 when the country broke with the IMF and began to pursue a different set of economic policies.

El CEPR ha estado examinando los cambios económicos en Bolivia desde 2005, cuando el país rompió con el FMI y comenzó a aplicar un conjunto diferente de políticas económicas.

Op-Ed/Commentary

BoliviaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Ecuador: La democracia no debe ser descarrilada por falsas denuncias de fraude
La Opinión MarketWatch, 25 de febrero de 2021 Ver artículo en el sitio original In English Cuando Donald Trump comenzó su última campaña para convencer al pueblo estadounidense y al mundo, o al menos a sus partidarios, de que le robaron la victoria en las elecciones, no recibió apoyo de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses. Aquí, la mayoría de los periodistas, así como los expertos en los que confían, querían ver pruebas. Y no encontraron ninguna. Pero los mismos estándares no siempre se aplican cuando la frase “detengan el robo” se convierte en el grito de guerra de los perdedores electorales en otros países. Mientras usted lee esto, se está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desacreditar las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador. El último capítulo, iniciado durante el fin de semana, tiene a la Fiscal General y al Contralor General del actual Gobierno tratando de apoderarse de todo “el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha rechazado el pedido. Dado que el CNE es por ley un órgano independiente, este intento viola totalmente las leyes y la Constitución de Ecuador. Pero es peor que eso. Al igual que con la derrota electoral de Trump, aquí no hay duda sobre el resultado de las elecciones. En este caso, sin embargo, hay un Gobierno, alineado con algunos intereses comerciales y con uno de los candidatos perdedores, que está tratando de despojar a la población de sus derechos democráticos básicos. Que el Gobierno del presidente Lenín Moreno recurriera a tales medidas, no sorprende a nadie familiarizado con su mandato. Hace dos meses, una carta firmada por 13 miembros del Congreso de Estados Unidos resumía la forma antidemocrática de gobernar de Moreno, la que superó con creces a la de su aliado más importante, Donald Trump: “En los últimos años, el presidente Moreno y sus aliados han encarcelado y perseguido a opositores, reprimido violentamente manifestaciones y realizado dudosas maniobras para intentar evitar que los líderes de la oposición participen en las elecciones del país de febrero de 2021”. Pero Moreno no pudo mantener fuera de la contienda electoral al mayor movimiento de oposición en el país, a pesar de una serie de medidas ilegales dirigidas a hacer exactamente eso. Andrés Arauz, economista que se desempeñó como ministro y director del Banco Central en el anterior Gobierno socialdemócrata de Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta el 7 de febrero. Arauz quedó en primer lugar con el 32,72% de los votos, un margen de 13 puntos sobre Guillermo Lasso (19,74%), y con Yaku Pérez habiendo obtenido el 19,39%. Esto fue así a pesar del profundo sesgo mediático en contra de Arauz, aunado a ilegalidades de última hora impuestas por las autoridades electorales, tales como la prohibición de tanto las imágenes como la voz del expresidente Correa en la publicidad de campaña de Arauz. Lasso es un banquero que se postula a la presidencia por tercera vez; Pérez, abogado, político y activista indígena. Pérez denunció fraude y exigió un recuento. No ha presentado pruebas de fraude. Pero sus afirmaciones se vieron favorecidas por la óptica geográfica del conteo de votos: durante la mayor parte de la semana siguiente a las elecciones, Pérez mantuvo una ventaja sobre Lasso, por lo que insistió en que había ganado. No obstante, cualquiera que viera los datos podía observar que las áreas que quedaban por contabilizar claramente albergaban un gran y mayor apoyo para Lasso, y que la ventaja de Pérez desaparecería. Parece que el propio Pérez también debió saberlo; tal vez él sea el primer candidato de una elección en exigir un recuento mientras aún permanece a la cabeza entre los votos escrutados. De hecho, una proyección estadística realizada a las 5:43 am del día posterior a las elecciones ya mostraba que las posibilidades de Pérez de quedar en segundo lugar eran extremadamente cercanas a cero; y que su margen medio de pérdida proyectado sería de 0,37% (terminó siendo 0,35%). Debe admitirse que, en este caso, la teoría de conspiración de los perdedores electorales (Pérez y sus nuevos aliados en el Gobierno de Moreno) no es tan clara sobre quién hizo qué a quién, o cómo, o por qué motivo, para supuestamente sacar a Pérez del segundo puesto. Y logísticamente es casi imposible siquiera llegar a una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. La misma imposibilidad logística y la falta de pruebas caracterizaron las acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. En el caso boliviano hubo una repetición prolongada de las falsas denuncias en los medios de comunicación, con un apoyo a la teoría de la conspiración por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con el Gobierno de Trump. Las falsas afirmaciones en Bolivia llevaron a un golpe militar poco después; y luego a masacres de indígenas bolivianos por parte del Gobierno golpista que había tomado el poder. Hoy en día, la mayoría de los periodistas familiarizados con las elecciones bolivianas saben que las acusaciones de fraude electoral en las que se basó el golpe eran falsas. En contraste con sus informes sobre Bolivia, la misión de observación de la OEA en Ecuador ha rechazado las actuales acusaciones falsas de fraude, afirmando: “de los resultados se desprende que, en la segunda vuelta del 11 de abril competirán por la presidencia de la república los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso”. También denunció la injerencia de la Fiscal General y la Contraloría General en el proceso electoral. El derecho a elecciones libres y democráticas es un derecho humano fundamental, y no debería ser vulnerado tan fácilmente cuando hay denuncias infundadas de fraude. Los mismos estándares que la mayoría de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos aplicaron a Trump deberían aplicarse en todas las elecciones: muéstrenos las evidencias. Traducción de Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 26 Febrero 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribeOrganización de los Estados AmericanosEl Mundo Datos de las Elecciones Bolivianas Añaden Más Pruebas de que la OEA Fabricó Las Denuncias de Fraude del Año Pasado
In English El MÁS recibió más votos en 2020 en casi todos los 86 recintos sospechosos según la OEA en 2019 El domingo 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y, por abrumadora mayoría, eligieron como presidente a Luis Arce del partido MAS. Los conteos rápidos privados publicados la noche de la votación mostraron que Arce recibió más del 50% de los votos y tenía una ventaja de más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato en el segundo lugar, Carlos Mesa. Hasta el miércoles por la mañana, un poco más del 88% de los votos se había contabilizado en el sistema de resultados oficiales, y la ventaja de Arce ha ido aumentando. El porcentaje de votos del candidato del MAS es, al momento de redactar este artículo, del 54,5 en comparación con el 29,3 para Mesa. A medida que se cuenten los votos finales, es probable que la proporción de votos de Arce aumente aún más. En estos momentos, la victoria de Arce es incuestionable. La elección se produjo casi exactamente un año después de las elecciones de octubre de 2019, que fueron seguidas por protestas violentas y la destitución del entonces presidente Evo Morales, quien renunció bajo presión militar. Los resultados oficiales de esa votación mostraron que Morales y el partido MAS ganaron con una ventaja de 10,56 puntos porcentuales sobre Mesa, por encima del margen de victoria de 10 puntos necesario para que Morales venciera en las elecciones sin tener que presentarse a una segunda vuelta. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que hubo una supuesta manipulación generalizada de los resultados, alimentando una narrativa de fraude electoral que sirvió de pretexto para el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Con la victoria de Arce en 2020 prácticamente confirmada, ¿qué nos dicen los resultados de 2020 sobre las acusaciones de fraude de la OEA en los comicios del año pasado? Las denuncias iniciales de la OEA que señalaban un fraude se centraron en un supuesto cambio "drástico" e "inexplicable" en la tendencia del voto, que presuntamente tuvo lugar después de que el sistema de resultados preliminares, o TREP, fuera suspendido por casi 24 horas. En el tiempo transcurrido desde entonces, múltiples análisis estadísticos —del CEPR (comenzando el día después de las acusaciones de la OEA), y de académicos del MIT, de Tulane, de la Universidad de Pensilvania y de otros lugares— han demostrado que el análisis estadístico de la OEA es profundamente defectuoso. De hecho, no hubo ningún cambio "inexplicable" en la tendencia del voto. La OEA se ha negado a responder tanto a estos estudios como a las preguntas sobre su análisis estadístico por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos. En su lugar, la OEA ha señalado otras supuestas irregularidades identificadas en su auditoría. La organización terminó que su análisis estadístico era solo informativo, pero que la evidencia real estaba en una auditoría que la OEA realizó después de las elecciones. En esa auditoría, la única evidencia que pretendió mostrar un impacto real en los resultados de las elecciones estuvo en 226 actas de 86 centros de votación en todo el país. La OEA alegó que las actas fueron manipuladas. Señaló que, si se eliminaban los votos para Morales de todas esas 226 actas, desaparecería la ventaja que le dio la victoria en primera vuelta por haber superado el umbral de 10 puntos porcentuales. Es decir, esas 226 actas sirvieron como supuesta prueba de que Morales había hecho trampa para ganar en la primera vuelta. Extractos del informe de auditoría de la OEA. En marzo de 2020, el CEPR publicó un informe de 82 páginas detallando cómo el resto de las acusaciones de la OEA eran tan defectuosas como el análisis estadístico que produjo los cimientos de la narrativa de fraude que llevó a la destitución forzada de Morales. Examinamos esas 226 actas, mostrando las fallas en el análisis de la OEA y señalando que los resultados en esos centros de votación coincidían estrechamente con los resultados de elecciones anteriores. En realidad, no había nada sorprendente en que al MAS le fuera extremadamente bien en esas áreas. Además, notamos que, si bien los funcionarios de la OEA habían mencionado públicamente en repetidas ocasiones la existencia de actas falsificadas, los auditores no habían proporcionado evidencia para respaldar esa acusación. Ahora ya con resultados desagregados de las elecciones de este domingo, podemos ver que los resultados en los centros donde la OEA supuestamente identificó actas adulteradas siguen los mismos patrones que en las elecciones de 2019. A continuación, la tabla 1 presenta los resultados de 2020 (con el 88% del total de votos contabilizados) en los 86 centros de votación donde la OEA alegó que las actas de escrutinio habían sido manipuladas el año pasado. Tabla 1 Tenemos datos parciales para al menos 81 de los 86 centros de votación y, en todos menos 9, el porcentaje de votos para el MAS ha aumentado en comparación con los comicios de 2019. En 2019, la OEA y otros observadores parecían escandalizados por el hecho de que, en muchas áreas rurales, Morales había recibido más del 90% de los votos y, en algunos casos, incluso el 100% de los votos. Y afirmaron que esto seguramente bastaba como prueba del fraude. Pero los resultados de 2020 que tenemos hasta el momento desacreditan aún más las afirmaciones infundadas de la OEA, que sirvieron de justificación para un golpe de Estado y para la represión que vino detrás. Hasta el día de hoy, exfuncionarios electorales permanecen bajo arresto domiciliario, siendo la auditoría de la OEA el único sustento de su detención. Como señalamos en nuestro informe de marzo, las comunidades a las que pertenecen esas 226 actas y que fueron sujeto del análisis de la OEA son, en la mayoría de los casos, predominantemente indígenas. Aunque puede resultar sorprendente ver a un candidato recibir el 100% de los votos, en realidad no lo es. La votación comunitaria —en la que una comunidad llega a un consenso sobre por quién votar— es un fenómeno ampliamente reconocido en Bolivia. Lo que alegó la OEA es que los jurados electorales —que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente por la autoridad electoral (TSE) para servir como funcionarios electorales en cada mesa de votación— no escribieron sus nombres en las actas, sino que alguien más había escrito sus nombres. Siendo claros, la OEA no alega que las 226 actas fueron llenadas por la misma persona (en ningún caso la OEA alega que una misma persona llenó más de 7 actas). Además, en solo uno de los 226 casos, la OEA señala problemas con las firmas en las actas. En lugar de fraude, la explicación más probable para esto es simplemente que un notario (cada notario supervisa alrededor de 8 mesas de votación), o algún otro funcionario con letra clara y legible, escribió los nombres y luego cada miembro del jurado firmó el acta. No queda claro, en base a la normativa electoral, que esto sea siquiera una violación de la ley electoral. De cualquier manera, los resultados de 2020 confirman además que no hubo nada fuera de lo normal en los resultados de esas 226 actas en 2019. Además, lo que la OEA identificó como irregularidades no tuvo un impacto perceptible en los resultados de las elecciones. No podemos volver a 2019, ni borrar la violencia racista desatada en contra de la población tras el golpe. El domingo, los bolivianos demostraron su valentía y el poder de los movimientos sociales organizados para corregir el daño de 2019. Pero esa victoria no debería permitirnos olvidarnos de 2019, o del papel que jugaron los actores internacionales en el derrocamiento de un Gobierno elegido democráticamente. Esas 226 actas nunca mostraron un fraude, como afirmó la OEA. Sin embargo, sí revelan cómo la OEA privó de sus derechos a decenas de miles de indígenas bolivianos en sus descarados intentos por justificar la destitución antidemocrática de un líder electo. Traducción de Francesca Emanuele

Jake Johnston / 22 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Lo que la OEA le hizo a Bolivia
The Guardian In English Bolivia vive una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente electo de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre. Ese mes fue “el segundo mes más mortífero, en términos de muertes de civiles cometidas por fuerzas estatales, desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años”, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) publicado hace un mes. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, el país que tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera desproporcionada a los indígenas bolivianos. El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes racistas, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005. La naturaleza racista de la violencia estatal se subraya en el informe de HLS & UNHR, incluyendo testimonios de testigos presenciales que relataron cómo las fuerzas de seguridad utilizaron “lenguaje racista y anti-indígena” cuando atacaron a los manifestantes; y también deja claro que el total de víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe fueron indígenas. Lo que ha recibido aún menos atención, pero es igualmente importante para comprender cómo la democracia de Bolivia fue destruida el pasado noviembre, es el papel de la Organización de los Estados Americanos en este terrible crimen. Como informó finalmente el New York Times el 7 de junio, el análisis "defectuoso" de la OEA inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre "alimentó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Como señaló el Times, el análisis de la organización "planteó dudas sobre fraude electoral — y ayudó a derrocar a un presidente...”. De hecho, las acusaciones de la OEA fueron el principal fundamento político del golpe de Estado acontecido tres semanas después de las elecciones del 20 de octubre. Y las acusaciones continuaron durante muchos meses después del golpe. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un conteo preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras los votos son contabilizados. Cuando se contó el 84% de los votos en este conteo preliminar, Morales tenía el 45,7 por ciento de los votos y tenía una ventaja en votos de 7,9 puntos porcentuales por sobre el candidato en el segundo lugar. Luego, la información en este conteo no oficial y no vinculante se interrumpió durante 23 horas, y cuando se retomó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos porcentuales. Al final del recuento oficial fue del 10,5 por ciento. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40 por ciento de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin la necesidad de una segunda vuelta. La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencias para respaldar estas acusaciones, pues no había ninguna. Esto ha sido comprobado y verificado desde entonces, y en repetidas ocasiones, por una gran cantidad de estudios estadísticos especializados, incluido el que le dio los fundamentos al artículo del New York Times del 7 de junio. Como sucede a veces cuando las cifras se convierten en un tema de controversia política, los estudios estadísticos fueron necesarios principalmente para refutar otros — a menudo falsos— análisis estadísticos. Pero la verdad fue bastante clara y fácil de ver a través de los datos disponibles en línea inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), del que soy codirector, hizo uso de esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA un día después de que fueran vertidas; y continuó elaborando una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluyendo un amplio documento rebatiendo el informe final de auditoría de la OEA.  No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que reportaron más tarde sus votos eran más pro-Morales que las que reportaron antes, y esto debido a varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal y como había ido aumentando durante el conteo preliminar. Este es un fenómeno bastante común en las elecciones en todo el mundo. Pero después de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas que reportaron posteriormente sus votos tuvieran una tendencia política distinta que aquellas cuyos votos llegaron antes. Esto en sí mismo es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que de hecho sabían que sus acusaciones eran falsas. No nos cabe en la cabeza que esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se le ocurriese a los expertos electorales en los meses que duró la investigación. El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA “que se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones”. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por la congresista Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA en la que formularon 11 preguntas elementales sobre el análisis de la OEA. Una se refería a si habían considerado la posibilidad de que las áreas que informaron sus votos al final fueran “diferentes de alguna manera que las hiciera más propensas a votar por Evo Morales — por un margen más amplio — en comparación con los votantes en los recintos típicos del primer 84% de los votos reportados?” Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido. En julio el Congreso de Estados Unidos celebró sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA y los confrontó a algunas de las mismas preguntas; y no hubo ninguna respuesta sustantiva. Con las alegaciones originales — y políticamente decisivas — de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener su asalto a la legitimidad del proceso electoral. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, se desmoronaron ante el escrutinio. La OEA parece empeñada en justificar sus acusaciones iniciales — y claramente falsas — de irregularidades que impulsaron el golpe. Mientras tanto, Bolivia tiene a una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas. En enero advirtió a los votantes en contra de “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, en aparente referencia a la herencia indígena de Morales y de muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces. Las ruedas de la justicia avanzan demasiado despacio tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo del gobierno de Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa de “fraude”, y su declaración orwelliana después del derrocamiento de Morales elogió el golpe: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”. El senador Marco Rubio es uno de los personajes más influyentes en la política del gobierno de Trump hacia América Latina. En este caso se involucró en el asunto antes del primer comunicado de prensa de la OEA: “En #Bolivia todos los indicios creíbles señalan que Evo Morales no logró asegurar el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, escribió al día siguiente de la votación, y había “cierta preocupación de que alteraría los resultados o el proceso para evitar esto”. Según Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de las elecciones para que reporte un fraude generalizado, y presionó al gobierno de Trump para que apoye la expulsión de Morales”. Esta semana, los representantes estadounidenses Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García pidieron al Congreso de EEUU que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y se asegure de que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos". Este sería un buen comienzo. Traducción de Francesca Emanuele.

Mark Weisbrot / 18 Septiembre 2020

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