30 Julio 2012
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 21 de julio, 2012
En Inglés
Julian Assange, fundador de Wikileaks, sigue atrapado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio, esperando del gobierno ecuatoriano la decisión sobre su solicitud de asilo político. Es interesante, o más bien irritante, ver la reacción a esta noticia de los que deberían estar preocupados por los derechos humanos y la libertad de expresión.
Aunque no se ha presentado ningún cargo de crimen contra Assange, el gobierno sueco ha pedido que sea extradito a Suecia para interrogarlo. Desde hace más de 19 meses el gobierno sueco se ha negado a explicar por qué no lo puede interrogar dentro de Reino Unido. El ex-jefe de la fiscalía distrital de Estocolmo Sven-Erik Alhem declaró en un testimonio que la decisión por parte de gobierno sueco de pedir la extradición de Assange es “irracional y poco profesional, y además injusta y desproporcionada” ya que Assange podría ser interrogado en el Reino Unido sin ninguna dificultad.
Por supuesto, está bastante claro por qué los enemigos de Assange lo quieren extraditado a Suecia: allí sería metido en la cárcel, tendría limitado su acceso a los medios, y los procedimientos jurídicos serían realizados en secreto. Pero lo más importante es que en Suecia sería mucho más fácil que Estados Unidos lo pueda extraditar. Aquí en Estados Unidos, Wikileaks es objeto de una investigación criminal en curso. Según correos electrónicos filtrados de la agencia de inteligencia privada Stratfor, un gran jurado ya ha formulado cargos criminales contra Assange. Y políticos poderosos como Dianne Feinstein, Demócrata y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, han exigido que Assange sea procesado bajo la Ley de Espionaje, la que autoriza la pena de muerte en este tipo de caso.
Por estos y varios otros motivos, es bastante probable que el gobierno de Ecuador reconocerá que Assange tiene miedo, bien fundamentado, de persecución política, y que le otorgará asilo político. Sin embargo, las organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos y la libertad de prensa se mantienen calladas sobre el asunto del derecho de asilo de Assange y la persecución política de un periodista por parte de Suecia, y en ves han atacado a Ecuador.
“Me parece irónico que un periodista o activista buscaría asilo político de un gobierno que tiene —después de Cuba— el peor récord en la región en la libertad de expresión, y que persigue a los periodistas locales que molestan al gobierno con sus opiniones o su investigación,” dijo José Miguel Vivanco, director del sector Americas Watch de Human Rights Watch (HRW).
Muchos de los medios de comunicación reiteraron esta formulación, tal vez sin saber mucho sobre la situación mediática en Ecuador y sin darse cuente de que cualquier otra democracia independiente de Suramérica también le habría otorgado asilo a Assange. La primera vez que Assange fue detenido en 2010, el entonces presidente Lula de Silva de Brasil denunció la detención como “un ataque contra la libertad de expresión.” Y criticó a otros gobiernos por no defender a Assange. Si en aquel momento les pareció claro a Lula y otros gobiernos independientes que Assange estaba siendo perseguido políticamente, ahora es aún más obvio.
El problema es que Suecia no tiene una política exterior independiente de Estados Unidos, y por esto el gobierno sueco se niega a aceptar la oferta de Assange de venir a Suecia a condición de que Suecia prometa que no lo extraditará a Estados Unidos. Suecia colaboró con Estados Unidos al entregar a dos egipcios a la CIA, que fueron llevados a Egipto y torturados. La ONU declaró a Suecia culpable de violar la prohibición global de tortura por su papel en este crimen.
Se esperaría algo mejor de una ONG de derechos humanos supuestamente independiente de la agenda política de los gobiernos. Pero el ataque en Ecuador por parte de Vivanco es inexcusable. Como sabe cualquier persona familiarizada con los medios ecuatorianos, éstos no son censurados y son aún más combativos hacia el gobierno que sus homólogos en Estados Unidos.
El Comité para Proteger a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha lanzado un ataque político parecido contra Ecuador, falsamente acusando que “la administración de Correa ha gestionado en Ecuador una época de represión extensa por sistemáticamente entablar pleitos de libelo y por calumniar a sus críticos.”
HRW y CPJ están aprovechándose del hecho de que poca gente fuera de Ecuador está enterada de la actualidad del país. Sin este contexto, los sucesos que informan HRW y CPJ dan una impresión completamente falsa de la situación de libertad de prensa en Ecuador.
Para dar una analogía, en Francia y Alemania hay leyes que califican como crimen, con pena de multa o encarcelamiento, el acto de mentir sobre el holocausto. Bajo estas leyes varias personas han sido procesadas en años recientes.
Yo personalmente estoy de acuerdo con algunos críticos que ven a estas leyes como una violación de la libertad de expresión, y estoy a favor de que sean revocadas. Pero nunca diría que los que han sido procesados bajo estas leyes —como el líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen de Francia— son defensores de la libertad de expresión. Tampoco intentaría definir estas leyes como una “ofensiva” contra los opositores políticos, ni afirmar que en Francia y Alemania la libertad de expresión esté sitiada por el gobierno. Y si yo fuera lo bastante tonto para hacer esto, nadie me creería —porque Francia y Alemania son países más grandes, más ricos y mejor conocidos en el mundo que Ecuador.
Para dar un ejemplo, examinemos uno de los casos más importantes y un caso del que grupos como HRW y CPJ se han quejado. En febrero de este año la Corte Suprema de Ecuador declaró culpable de libelo criminal al periódico El Universo, con tres directores y un editor de opinión sentenciados a tres años en la cárcel y $40 mil millones en daños y perjuicios. Trece días después el Presidente Correa anunció un indulto y nadie fue castigado.
Como ya he notado, estoy en contra de leyes que criminalizan el libelo, y creo que deben ser revocadas. Pero definir a este caso como una “ofensiva” contra libertad de expresión es más que una exageración. Los cuatro de El Universo fueron condenados por libelo porque publicaron mentiras muy graves, falsamente acusando a Correa de cometer crímenes contra la humanidad. Bajo la ley ecuatoriana, Correa, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a demandarlos por libelo, y la corte los declaró culpable —así como Le Pen fue declarado culpable por “haber negado un crimen contra la humanidad y haber sido cómplice en justificar crímenes contra la humanidad.”
Grupos como HRW y CPJ dan una imagen falsa de lo que está sucediendo en Ecuador. En vez de una batalla heroica para proteger la libertad de expresión contra un gobierno que intenta “callar a sus críticos,” es una disputa entre dos actores políticos. Un actor es los medios de comunicación privados, cuyos dueños no elegidos y sus aliados usan el control de información para avanzar los intereses de los ricos y los poderosos que solían gobernar al país. El otro actor es un gobierno democráticamente elegido que está llevando a cabo un programa de reforma para el cual fue elegido.
Considerando esto, es difícil tomar en serio los reclamos de HRW y CPJ de que las críticas publicas de los medios por parte del Presidente Correa sean de alguna manera una violación de derechos humanos.
Aunque no defiendo todas las medidas del gobierno en este conflicto contra un sector mediático politizado y hostil, creo que las organizaciones de derechos humanos que exageran y dan una imagen equivocada de la actualidad en Ecuador están debilitando su propia credibilidad, aún si pueden hacerlo y salir impunes en los medios principales. Y es igualmente preocupante que no tienen el coraje para defender —como han hecho otros defensores de derechos humanos más independientes, como el Centro para Derechos Constitucionales— a un periodista que actualmente se encuentra perseguido por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
