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CoronavirusEcuadorEleccionesAmérica Latina y el Caribe Las elecciones en Ecuador podrían tener consecuencias perdurables
Common Dreams Ver artículo original en inglés Imaginemos un país en desarrollo donde un economista de 43 años con un doctorado de la Universidad de Illinois, relativamente desconocido como político, se postula para presidente y gana. A pesar de las décadas anteriores de corrupción y podredumbre institucional, forma un gobierno competente y aplica la política económica correcta. Las cifras cuentan gran parte de la historia: en los 10 años de su presidencia, la pobreza cayó un 41 por ciento; el ingreso por persona creció a más del doble de la tasa de los 25 años anteriores; y el porcentaje de la economía destinado a la inversión pública y el gasto gubernamental en servicios de salud se duplicó.  Estos y otros avances (por ejemplo, en educación) estuvieron acompañados de niveles sin precedentes de estabilidad política, y Ecuador fue uno de los países más seguros de América del Sur. Bienvenidos al Ecuador en el siglo XXI. Esa fue la primera parte de la historia, que comenzó cuando Rafael Correa asumió el cargo en 2007. Pero luego dejó el cargo en 2017 y las cosas se fueron al diablo rápidamente durante los últimos seis años. El primer presidente de este período fue Lenín Moreno, quien provenía del partido de Correa pero que a los pocos meses se volvió contra él. Purgó el partido de personas leales a su misión progresista original, dejando al movimiento político más grande del país sin partido político. Después purgó el poder judicial y lo utilizó para perseguir a sus oponentes. Esto incluyó al propio Correa, quien enfrentaría una sentencia de ocho años de prisión si regresase a casa. Los cargos y el juicio a Correa fueron una farsa, con una corte que concluyó que él usó “influencia psíquica” sobre otros para cometer delitos. Debido a que se trataba de un caso tan evidente de persecución política, se le concedió asilo político en Bélgica y puede viajar libremente a casi cualquier lugar que no sea Ecuador sin temor a la extradición. Guillermo Lasso, el actual presidente y una de las personas más ricas de Ecuador, fue electo en 2021. En mayo disolvió la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones. Se enfrentaba a un juicio político y, muy probablemente, a su destitución por graves acusaciones de corrupción.  Los resultados de estos seis años de destrucción del Estado de derecho, y de cambios de políticas, no fueron agradables. La pobreza alcanzó su nivel más alto en una década, justo antes de la pandemia. Los datos más recientes muestran una tasa de pobreza un 17 por ciento más alta que hace seis años. La recuperación de Ecuador de la pandemia es hoy la peor en América del Sur, en términos de ingreso real per cápita. Y el país también tuvo una de las peores tasas de mortalidad per cápita del mundo debido a la pandemia de COVID. Más aterrador ahora es la espiral de violencia. Bajo Correa, la tasa de homicidios de Ecuador había disminuido de 18 a solo 5,8 por 100.000 (2016), una de las más bajas de América Latina, pero desde entonces se ha disparado a una cifra proyectada de 40 por 100.000 para 2023, una de las más altas del hemisferio. Y esto incluye una violencia política sin precedentes, que incluye el asesinato de un candidato presidencial que había desafiado al crimen organizado, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto.  Esta historia reciente es de particular importancia en este momento. Ecuador tiene elecciones presidenciales en menos de una semana y los candidatos representan lados opuestos de las decisiones políticas, objetivos, valores e intereses que provocaron los resultados marcadamente contrastantes de los dos períodos anteriores.  Por un lado, del mismo estrato de riqueza que Lasso (patrimonio neto de al menos cientos de millones) está Daniel Noboa. Es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, la persona más rica de Ecuador. Daniel Noboa fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2021 y es ampliamente considerado como un representante del statu quo. Esto incluye sus conexiones tanto con Lasso como con el crimen organizado, por ejemplo, a través del ministro de Agricultura de Lasso, Bernardo Manzano, ex alto directivo del Grupo Noboa, quien renunció como ministro en medio de un escándalo de corrupción en febrero. Y hoy, el periódico más grande de Brasil, Folha de São Paulo, informó que Noboa es propietario de al menos dos empresas fantasma panameñas. Esto se mostró en documentos de las filtraciones de los Pandora Papers. Según la ley ecuatoriana, las personas con este tipo de participaciones en paraísos fiscales, incluido Panamá, tienen prohibido ocupar o postularse a cargos electos. Del otro lado está Luisa González, exministra del gobierno de Correa y exrepresentante en la Asamblea Nacional. Ella se compromete a revertir el daño de los últimos seis años intensificando la lucha contra el crimen y la corrupción, así como aumentando la inversión pública en infraestructura, salud y educación. La mayor parte de su programa se basa en una continuación de lo que ella considera políticas exitosas del gobierno de Correa, con esfuerzos adicionales, por ejemplo, en seguridad pública, para arreglar algunas de las grandes cosas que se han quebrado desde entonces. La opción parecería evidente en sí misma. Pero, como hemos aprendido quienes vivimos en Estados Unidos, especialmente desde 2016, mucho puede depender de la información que consume gran parte del electorado. La mayoría de los ecuatorianos probablemente no hayan escuchado los hechos más importantes descritos aquí. Las últimas encuestas muestran que las elecciones del domingo están demasiado reñidas como para tener un claro ganador.  La destrucción del Estado de derecho en Ecuador ha destruido gran parte de los cimientos de la democracia, incluso en las áreas de derechos humanos básicos y elecciones libres. Los periodistas tienen miedo de escribir sobre las conexiones mafiosas de los políticos más ricos y poderosos y de los presidentes; se enfrentan a amenazas de muerte si lo hacen. También pueden enfrentarse a dichas amenazas los testigos clave en casos criminales importantes, como se vio la semana pasada: siete hombres arrestados en el asesinato de Villavicencio fueron asesinados mientras estaban en prisión. Ya no contarán ninguna historia sobre quién los reclutó o les pagó. La experiencia de otros países ha demostrado que el tipo de gobernanza que se ha estado desarrollando en Ecuador durante los últimos seis años (una amalgama de oligarcas, crimen organizado y violencia, corrupción y falta de rendición de cuentas) puede ser extremadamente difícil de reformar cuando se arraiga. Las elecciones del domingo podrían tener un impacto profundo y, posiblemente, perdurable en el futuro del país.

Mark Weisbrot / 14 Octubre 2023

Op-Ed/Commentary

CoronavirusCrisis económica y recuperaciónPropiedad IntelectualEE. UU. Covid-19: ¿Bill Gates es un imbécil?
Sin Permiso, 20 de marzo, 2021 Ver artículo en el sitio original In English A medida que avanzan los planes de vacunación, varios expertos en salud pública nos advierten que la pandemia puede resurgir por la aparición de nuevas cepas resistentes a las vacunas. La lógica dice que cuanto más personas estén protegidas contra la cepa dominante aparecerán nuevas mutaciones, y las vacunas con las que contamos ya no serían eficaces. Esto puede colocarnos en una situación de "whack-a-mole" (un juego mecánico en el que hay que darle martillazos a varios topos que vuelven a aparecer todo el tiempo (NdT), debiendo alterar constantemente nuestras vacunas y volver a aplicarlas para limitar la muerte y el sufrimiento por la pandemia. Como nunca antes, esta situación muestra la urgencia de acelerar la investigación sobre vacunas. Aunque la cuestión es que sería deseable que rápidamente las pruebas sobre las nuevas cepas se compartieran y también los ensayos sobre la eficacia del lote actual de vacunas en relación con cada una de las nuevas cepas. El problema de los monopolios de patentes Ni duda cabe que es poco probable que estas cosas ocurran, mientras las compañías farmacéuticas sólo intenten maximizar los beneficios de los monopolios de patentes que les otorgan los gobiernos. Tienen pocos incentivos para compartir pruebas capaces de poner en evidencia que sus vacunas podrían no ser eficaces ante determinadas cepas. Las agencias reguladoras deberían tomar esta determinación y divulgar públicamente sus hallazgos aunque a Pfizer, por ejemplo, no le interesa divulgar sus hallazgos de manera abierta. El problema que supone  la protección de los derechos de propiedad intelectual en pandemia ha recibido una atención considerable en el resto del mundo -aunque no en Estados Unidos-, a raíz de una resolución presentada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio. Si tal  resolución se aplicara, se dejarían sin efecto los reclamos de patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre vacunas , tratamientos y pruebas mientras dure la pandemia. La resolución cuenta con un apoyo aplastante por parte de los países en desarrollo, aunque  Estados Unidos y otros países ricos están prácticamente unidos en la oposición. Luego de la presentación de la resolución, varios analistas argumentaron que poner fin a la protección de la propiedad intelectual no aceleraría la expansión de las vacunas (aunque en general no abordaron la cuestión de los tratamientos y las pruebas). El argumento fue que la producción de vacunas supone complejos procesos de fabricación que otros productores no estarían en condiciones de replicar, aún cuando no estuvieran bloqueados por los monopolios de patentes. También argumentaron que existen límites para escalar la producción, y que estos limites no se verían afectados por la eliminación de los monopolios de las patentes. Sobre  el primer punto no hay discusión. Pfizer, Moderna y otros fabricantes de vacunas tienen un conocimiento específico de los procesos de fabricación que no está disponible de manera amplia; y si bien es probable que con el tiempo los productores de otros lugares sean capaces de replicar sus procesos, nos gustaría que estas empresas compartieran directamente sus conocimientos de fabricación. Y esto podría hacerse de dos maneras: podríamos pagarles para que transfieran sus conocimientos y organizar seminarios y consultas con los ingenieros de otros fabricantes para que se pongan al día lo antes posible. Lo ideal sería negociar unas condiciones que fueran aceptables para estas empresas. Ahora bien, supongamos que Pfizer, Moderna y el resto no estuvieran dispuestos a vender, o no quieren hacerlo a un precio razonable. Entonces tenemos una segunda posibilidad: ofrecerles mucho dinero de manera directa a las personas que tienen los conocimientos necesarios. Supongamos que les ofrecemos entre 5 y 10 millones de dólares a los ingenieros más aptos  durante un par de meses para que trabajen con ingenieros de todo el mundo. Obviamente que Pfizer y Moderna podrían demandarlos, entonces nosotros pagaríamos la cuenta de sus honorarios legales y el dinero que puedan perder en los acuerdos. Las sumas  son triviales en relación con las vidas que podrían salvarse y los daños que se evitarían con una difusión más rápida de las vacunas. Si estas empresas realmente emprendieran acciones judiciales, también sería una gran oportunidad, porque le mostrarían al mundo su afán de lucro  y la enorme corrupción del actual sistema de financiación de los monopolios de patentes. De acuerdo, supongamos que somos capaces de superar los obstáculos y lograr que los conocimientos de estas empresas se distribuyan libremente por todo el mundo. Todavía tenemos el argumento de que hay límites físicos para escalar la producción de vacunas. En este argumento hay dos puntos. En primer lugar, aunque es innegable que hay límites, todavía podríamos avanzar más deprisa. Nadie tenía vacunas en el mes de marzo de 2020, pero los principales productores tenían la capacidad de producir decenas de millones de dosis al mes en noviembre, un período de menos de ocho meses. Desafortunadamente es altamente probable que la pandemia siga siendo un problema grave en una buena parte del mundo en octubre de este año. Esto significa que si reprodujéramos las instalaciones de Pfizer, Moderna y los demás fabricantes principales, podríamos disponer de suministros adicionales en un plazo de tiempo en el que todavía sería enormemente útil, y el objetivo de octubre no supone ningún aprendizaje que acelere el proceso. Recientemente Pfizer anunció haber descubierto algunos cambios en su proceso de producción que permitirían casi duplicar el ritmo de su producción. Por supuesto es una gran noticia que además significa que quienes aseguraban que no había forma de acelerar la producción no estaban en lo cierto. Y este hallazgo de una producción más rápida por parte de Pfizer también hace que nos preguntemos si los ingenieros de Pfizer son los únicos en el mundo que tienen capacidad para descubrir nuevas formas de acelerar la producción. Digámoslo así: si el conocimiento del proceso de producción de Pfizer fuera libremente compartido con los ingenieros de todo el mundo, ¿sinceramente pensamos que no habría nadie con capacidad para aportar nuevas mejoras? La lucha contra las variantes Esto nos vuelve a mostrar la necesidad de pasar al código abierto para combatir la propagación de nuevas variantes resistentes a las vacunas. En este momento, tenemos más de media docena de vacunas que se están distribuyendo ampliamente en países de todo el mundo. Además de las estadounidenses y europeas, hay al menos dos de China (al parecer, el país acaba de aprobar una tercera), una vacuna de la India y otra de Rusia. Estas vacunas tienen tasas de eficacia diferentes y sin lugar a dudas también tendrán diferentes tasas ante las nuevas cepas. Ante las numerosas quejas sobre la falta de transparencia en los resultados de los fabricantes no estadounidenses y europeos, preciso es recordar que incluso los fabricantes estadounidenses y europeos no han sido totalmente abiertos con los resultados de sus ensayos. Sería ideal que todas estas empresas divulgaran plenamente los resultados de sus ensayos clínicos para que los investigadores de todo el mundo pudieran ver en qué grupos de personas fue más eficaz cada  una de las vacunas y qué resultados obtuvieron en la protección contra las distintas cepas. Huelga decir que conseguir la total divulgación es algo que habría que negociar, pero para eso dios creó los gobiernos. En principio, esto debería ser una tarea no imposible, porque finalmente el control de la pandemia lo antes posible nos beneficia a todos. La tarea no requiere tanto esfuerzo, los fabricantes de vacunas tienen los datos, sólo tenemos que lograr que se publiquen en la web. Si dispusiéramos de toda la información sobre la eficacia de cada vacuna, y  si los fabricantes de todo el mundo tuvieran permiso para producir cualquier vacuna sin tener que enfrentarse a juicios de propiedad intelectual, estaríamos mejor situados tanto para contener la pandemia como para responder rápidamente ante la aparición de nuevas cepas. Obviamente esto supone plantear si nuestro sistema actual de financiación de monopolios de patentes es la mejor manera de apoyar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, pero es un riesgo que vale la pena correr.

Dean Baker / 20 Marzo 2021

Op-Ed/Commentary

CoronavirusAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU. Exportación de COVID-19: Inmigración estadounidense realizó vuelos de deportación a 11 países de América Latina, según datos aéreos
Un análisis de CEPR revela que es probable que hubo 232 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a países de América Latina y el Caribe entre el 3 de febrero y el 24 de abril de 2020. [video width="1950" height="1390" mp4="https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/04/ice3.mp4"][/video] En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 267.258 personas, de las cuales el 96% eran de América Latina y el Caribe. A pesar de que la mayoría de los medios se han enfocado en México (49,7% del total), Guatemala, Honduras y El Salvador (que juntas suman 45,1% del total), ICE deportó al menos a una persona a cada país de América Latina en 2019. Diez países de la región aceptaron vuelos de deportación regulares realizados por las operaciones aéreas de ICE –conocidas como “ICE Air”– el año pasado. A pesar de que la mayoría de las deportaciones hacia México se realizan por tierra, ICE Air gestiona anualmente vuelos para decenas de miles de personas a todo el país y al mundo. En plena pandemia, que ha generado la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras de países, ICE Air continúa deportando a miles de inmigrantes retenidos en centros de detención de todo el país; instalaciones que se han convertido en epicentros de brotes de COVID-19. Esto significa que Estados Unidos está ahora exportando el virus a toda la región. Más allá de la recurrencia de los vuelos de deportación de ICE Air, y el grave riesgo que representa su continuación para la salud pública durante la pandemia, poco se sabe de la frecuencia y los destinos. Sin embargo, un nuevo análisis de datos de rastreos de vuelos arroja luces sobre el alcance de los vuelos de ICE Air y el impacto de estas deportaciones sobre los países de América Latina y el Caribe. Desde que la administración Trump declaró una emergencia nacional el 13 de marzo, una de los contratistas de ICE Air ha realizado al menos 72 presuntos vuelos de deportación a 11 naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil y Ecuador, países que están sufriendo los peores brotes de COVID-19 en la región y que han experimentado un incremento de vuelos de este tipo durante la gestión del actual gobierno estadounidense. Todo parece indicar que, del 15 de marzo al 24 de abril, ICE Air realizó 21 vuelos de deportación a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador; seis a Brasil; tres a Nicaragua, Ecuador, Haití y la República Dominicana respectivamente; uno a Colombia y uno a Jamaica. Se pueden observar todos los posibles vuelos de deportación de ICE Air desde febrero en el siguiente mapa interactivo. var divElement = document.getElementById('viz1588089737632'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='1100px';vizElement.style.height='1050px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='700px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); En 2019, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) obtuvieron los registros de vuelos de 2010 a 2018 por medio de una solicitud amparada en la Ley de Libertad de la Información. El análisis del UWCHR es el análisis más completo del alcance de las operaciones de ICE Air y el conjunto de datos completos puede ser consultado aquí. El informe también reveló que dos compañías de chárter privadas –Swift Air y Western Atlantic Airlines– fueron subcontratadas para realizar la mayoría de los vuelos de deportación de ICE Air. La data analizada para la presente publicación fue tomada de Flight Aware, una base de datos pública de rastreo de vuelos. Debido a que tanto Swift como Western realizan servicios de chárter regulares, no todos sus vuelos corresponden al sistema de deportación de ICE. Sin embargo, los vuelos incluidos en este análisis coinciden con vuelos de deportación conocidos, parten además de aeropuertos conocidos por realizar vuelos de deportación y siguen rutas conocidas por transportar detenidos de ICE. Es posible que algunos de los vuelos aquí incluidos no sean de deportación, pero es mucho más probable que estos cálculos sean muy por debajo del alcance real de las operaciones de ICE Air. El Servicio de Inmigración estadounidense también es conocido por utilizar aerolíneas comerciales para deportaciones y es posible que esté contratando los servicios de otras compañías de chárter. Durante el año fiscal 2017, más de 85% de las deportaciones de ICE Air se realizaron a través de servicios de chárter, según el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Deportaciones de ICE continúan, pero frecuencia disminuye En los primeros tres meses del 2020, ICE deportó a cerca de 20.833 personas por mes, una cifra que auguraba un número similar que en 2019. En contraste, el Washington Post reportó que durante los 11 primeros días del mes de abril de 2020, ICE deportó a 2.985 personas, lo que equivale a menos de la mitad del promedio anual. Ciertamente, los datos del rastreo de vuelos aquí analizados muestran una reducción en los vuelos de deportación, comenzando el 13 de marzo aproximadamente, como se puede apreciar en la tabla a continuación. table { font-family: arial, sans-serif; color: #000033; border-collapse: collapse; width: 100%; } table>caption { background-color:#000033; color: #ffffff; padding: 8px; text-align: left; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8f8f8; } table th { word-wrap:break-word; font-weight: bold; } table td { padding: 3px; } table td.parent { font-style:italic; } table td.child { padding-left:24px; } @media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 479px){ table { font-size: 10px; } } Tabla 1. Presuntos vuelos de deportación de ICE Air, por semana Semana El Salvador Nicaragua Guatemala Honduras Brasil Ecuador México Colombia Jamaica Haití República Dominicana Cuba Total Semana 1 (2/3 – 2/9) 3 1 13 5 1 2 2 0 0 1 1 0 29 Semana 2 (2/10 – 2/16) 3 0 11 6 1 1 2 0 0 0 0 0 24 Semana 3 (2/17 – 2/23) 3 1 11 6 1 2 2 0 0 1 1 0 28 Semana 4 (2/24 – 3/1) 3 0 10 7 0 1 2 1 1 0 0 1 26 Semana 5 (3/2 – 3/8) 4 1 9 5 2 3 3 0 0 1 1 0 29 Semana 6 (3/9 – 3/15 4 0 11 7 0 1 2 0 0 0 0 0 25 Semana 7 (3/16 – 3/22) 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 12 Semana 8 (3/23 – 3/29) 2 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14 Semana 9 (3/30 – 4/5) 2 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 14 Semana 10 (4/5 – 4/12) 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 8 Semana 11 (4/13 – 4/19) 2 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Semana 12 (4/20 – 4/26) 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 10 TOTAL 32 6 86 54 11 12 14 2 2 6 6 1 232 TOTAL DESDE EL 13 DE MARZO 12 3 21 18 6 3 1 1 1 3 3 0 72 Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. La caída que se puede apreciar en la tabla anterior parece ser el resultado de la interrupción de los vuelos chárter internacionales de Western Atlantic el 13 de marzo, cuando Estados Unidos declaró una emergencia nacional. El otro subcontratista de ICE Air, Swift Air, ha continuado los vuelos. A pesar de las restricciones de tráfico aéreo internacional, Swift mantuvo en marzo casi el mismo número de vuelos de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe que en febrero, aunque esa cifra se ha reducido ligeramente en abril (en meses recientes, los aviones de Swift han realizado viajes a un número adicional de países en la región, incluyendo Cuba, Surinam, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago, Aruba, Belice y Granada, sin embargo, estos no coinciden con los vuelos de deportación conocidos y han sido excluidos del análisis). A pesar de que se ha prestado mucha atención a los recientes vuelos de deportación con destino a Guatemala y Haití –ambos países han informado casos confirmados de COVID-19 entre esos deportados–, los datos revelan que probablemente muchos otros países están experimentando el mismo fenómeno. En 2019, la administración Trump comenzó las deportaciones de ICE Air a Brasil, país que anteriormente había bloqueado dichos vuelos. Estados Unidos se apoya en los gobiernos extranjeros que aprueban los vuelos de deportación y, bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, Brasil ha accedido. Los datos aéreos indican que dichos vuelos han continuado durante la pandemia. Desde el 13 de marzo, ha habido seis vuelos operados por Swift Air a Belo Horizonte, Brasil, que ya ha sido destino previo de estos vuelos de deportación. Actualmente, Brasil está viviendo el mayor brote de COVID-19 en la región. Algunos de los vuelos de Swift Air a Brasil han hecho escala en la ciudad portuaria de Guayaquil, quizás el epicentro del brote más mortal de COVID-19 en el mundo. Las deportaciones a Ecuador se incrementaron en un 78% en 2019, comparado al año anterior, debido a que, similar al gobierno brasileño, el país ha buscado fortalecer las relaciones con la administración de Trump. Como se puede notar en la tabla anterior, los presuntos vuelos de deportación a Ecuador se han reducido desde el surgimiento de la pandemia. Sin embargo, ha habido tres desde marzo, incluyendo uno el 17 de abril a Quito con al menos 70 personas, según abogados de inmigración. De manera interesante, a pesar de que las deportaciones hacia México han continuado –un deportado reciente dio positivo para COVID-19 y contagió al menos a 13 personas–, los vuelos regulares de ICE Air desde San Diego y el área de Phoenix con destino a Guadalajara parecen haberse detenido desde el 16 de marzo. Dichos vuelos han formado parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos para deportar personas hacia el interior del país. En la última semana, Swift Air ha operado 11 presuntos vuelos de deportación a siete países diferentes: Brasil, Haití, República Dominicana y Jamaica, así como a los centroamericanos de siempre, Guatemala, Honduras y El Salvador. ICE Air es una amenaza interna y externa La mayoría de los vuelos analizados salieron de dos aeropuertos conocidos por ser puntos de deportación de ICE: Brownsville, Texas; y Alexandria, Louisiana. Las instalaciones de ICE de Alexandria, manejadas por la compañía privada de prisiones GEO Group, se han visto severamente afectadas por casos de COVID-19, con al menos 11 empleados que han dado positivo. El avión que llevó un estimado de 40 casos confirmados de COVID-19 a Guatemala la semana pasada salió del aeropuerto de Alexandria. En total, el gobierno guatemalteco estima que 20% de los casos confirmados de COVID-19 en el país son inmigrantes que regresaron recientemente. Tabla 2. Presuntos vuelos de deportación de ICE después del 13 de marzo, por aeropuerto de salida Aeropuerto de salida Número de vuelos Porcentaje total Bownsville, Texas 18 27,3% Alexadria, Lousiana 17 25,8% El Paso, Texas 12 18,2% Houston, Texas 8 12,1% Phoenix, Arizona 3 4,5% San Antonio, Texas 2 3,0% Laredo, Texas 2 3,0% San Diego, California 1 1,5% Dallas, Texas 1 1,5% Miami, Florida 1 1,5% Harlingen, Texas 1 1,5% TOTAL 66 100,0% Fuente: Flight Aware, cálculos del autor. Nota: el número total de vuelos de esta tabla no coincide con el número total de vuelos después del 13 de marzo porque algunos viajes incluyeron múltiples paradas. A pesar de las obvias preocupaciones sanitarias, hasta el momento ICE se ha rehusado a realizar pruebas a los detenidos previo a su deportación, aunque funcionarios han indicado recientemente que comenzarían a hacer al menos pruebas parciales. El Washington Post reportó que “es poco probable que [ICE] aplique pruebas a cada deportado a menos que los gobiernos extranjeros lo exijan como condición para regresar a las personas”. La realidad es que en el oscuro mundo de ICE Air, existe poca información sobre el verdadero alcance del transporte de detenidos, y no solo internacionalmente, sino también a nivel nacional. ProPublica informó el mes pasado que un detenido fue transportado nueve veces dentro de Estados Unidos en un período de 10 días. Y no es el único caso. Expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de ICE representan un serio riesgo sanitario para los internos, así como para los empleados y las comunidades aledañas. Debido a que los detenidos viajan frecuentemente por todo el país y son retenidos en espacios confinados cerrados, es prácticamente imposible aislar de manera adecuada a quienes han contraído COVID-19 o asegurar que esos deportados no hayan estado expuestos al virus. Algunas municipalidades estadounidenses han tomado medidas para librarse del problema de las deportaciones de ICE. En 2019, el Condado de King en Washington prohibió al Servicio de Inmigración estadounidense realizar vuelos de deportación desde su aeropuerto local, aunque el gobierno de Trump demandó posteriormente a las autoridades locales. Sin embargo, al parecer varias comunidades intentan seguir este ejemplo en medio de la pandemia global. Líderes locales en El Paso manifestaron recientemente su preocupación por los continuos vuelos de deportación después de que un vuelo de ICE con un pasajero confirmado de COVID-19 pasara por el aeropuerto de la municipalidad. Pero ICE Air es también un gran negocio; de 2010 a 2017, el Servicio de Inmigración estadounidense gastó aproximadamente mil millones de dólares en su programa de deportaciones. En 2017, la administración Trump otorgó un nuevo contrato a Classic Air Charters, la misma compañía utilizada como parte del programa de centros clandestinos de detención de la CIA, conocidos como black sites o “lugares negros”, durante la administración Bush. El contrato de la CIA tiene un valor estimado de más de 300 millones de dólares, de los cuales 90 millones ya han sido desembolsados en el 2020 por parte de ICE. Debido a que tanto Swift Air como Western Atlantic operan como subcontratistas, no existe información pública del valor de los contratos firmados con el gobierno federal. El New York Times informó en 2017 que Swift recibió del gobierno cerca de 15 millones de dólares al año. Los contratistas de ICE Air cobran cerca de 8 mil dólares por hora de vuelo, independientemente del número de pasajeros. En 2019, iAero Group y Blackstone –una de las empresas privadas de capital de riesgo más grandes del mundo– compró Swift Air, aunque continúa operando con el mismo nombre. Rastreo de la flota aérea de ICE En las últimas 12 semanas, aparentemente ICE ha utilizado 22 aviones chárter únicos para realizar 232 presuntos vuelos de deportación. De esos aviones, 15 participaron en vuelos de deportación confirmados de ICE entre octubre de 2018 y mayo de 2019, según los datos más recientes compilados por el UNCHR. Anteriormente, un software de rastreo de vuelos permitía a usuarios ver todos los vuelos identificados con la sigla “RPN”, de “repatriación”, sin embargo, ya no se puede acceder al servicio y los vuelos de deportación actuales de ICE ya no usan la designación RPN. Una lista completa de los presuntos vuelos de deportación desde principios de febrero está disponible en este link (la información será actualizada regularmente). Los datos incluyen números de matrículas de 22 aviones identificados en un esfuerzo por suscitar la conciencia pública sobre los vuelos de deportación en curso. Por supuesto, es factible que alguno de estos vuelos sean servicios de chárter regulares y no de deportaciones de ICE. La semana pasada el Miami Herald informó, con base a declaraciones de un funcionario aeroportuario local, que se realizaron dos vuelos de deportación de Swift Air a Honduras y Brasil. Sin embargo, el funcionario posteriormente dijo haberse “equivocado” y declaró al Herald que los aviones habían sido operados por Royal Caribbean. Si Usted tiene información sobrevuelos en esta lista que no fueron vuelos de deportación de ICE, o si sabe de algún vuelo de deportación que no está incluido en la lista, por favor contáctese con el autor de este artículo ([email protected]). [Actualización de datos: desde la recolección de datos para el presente análisis, se han agregado a la base de datos dos vuelos con posibles deportados de ICE, los cuales permiten ilustrar lo útil que puede ser la data en la identificación del avance de estos vuelos. El lunes 27 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Pedro Sula, Honduras. Este es el quinto lunes consecutivo que un vuelo de esta aerolínea viaja a San Pedro Sula. El martes 28 de abril, un vuelo de Swift Air salió de Houston, Texas, a San Salvador, El Salvador. Este es el sexto martes consecutivo que Swift Air vuela a San Salvador. Por otro lado, el 27 de abril un avión de Swift Air voló a Guatemala, pero utilizó un número de vuelo no asociado previamente con los vuelos de deportación conocidos y fue excluido del conjunto de datos]. Mapas y visualizaciones creados por Kevin Cashman.

Jake Johnston / 05 Mayo 2020

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