Globalization and Trade

Globalización y comercio

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

CEPR looks at the impact of international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Trade Organization, on economic growth, poverty rates, and trade around the world.

CEPR analiza el impacto de las instituciones financieras internacionales, -especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el crecimiento económico, las tasas de pobreza y el comercio en todo el mundo.

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador
Mark WeisbrotPágina/12, 16 de septiembre, 2019 ALAI, 17 de septiembre, 2019The Guardian, 27 de agosto, 2019 Ver el artículo originalIn English Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo. Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros. Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ?la directora gerente del FMI en ese momento? este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”. ¿Pero es así? Lo primero que debe notarse es que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, alrededor del 6% del PIB en los próximos tres años (para hacernos una idea, esto es como si el presupuesto federal de Estados Unidos tuviera un ajuste de $1.4 billones, conseguido a través de una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos). En Ecuador esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre, y recortes a la inversión pública. El impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía hacia una recesión. El FMI proyecta una recesión relativamente leve hasta el próximo año; pero es probable que sea mucho más profunda y prolongada, como suele ocurrir cuando se opera bajo los programas del FMI. El desempleo aumentará ?incluso las proyecciones del programa del FMI lo reconocen? y también lo hará la pobreza. Una razón por la que probablemente la situación será mucho peor que lo proyectado por el FMI es que el acuerdo se basa en suposiciones que no son creíbles. Por ejemplo, el FMI proyecta que habrá una entrada neta del sector privado extranjero en la economía de $5.4 mil millones (alrededor del 5% del PIB) de 2019 a 2022. Pero si miramos los últimos tres años, hubo una salida de $16.5 mil millones (17% del PIB). ¿Qué haría que los inversores extranjeros repentinamente estén mucho más entusiasmados por llevar su dinero a Ecuador? Ciertamente, no lo hará la recesión que también pronostica el FMI. Hay otros supuestos inverosímiles e incluso algunos que proceden de errores de contabilidad, y lamentablemente todos van en la misma dirección. Parece poco probable que la “austeridad expansiva” del programa ?una estrategia que casi nunca funciona? convierta a Ecuador en una excepción mundialmente famosa, donde la economía crezca a medida que la demanda agregada se reduzca. El programa también busca remodelar la economía en formas que para muchos ecuatorianos parecerían tener un carácter político. Harán que el Banco Central sea más autónomo; los bienes públicos serán privatizados; y la legislación laboral será reformada de manera que otorgue a los empleadores un mayor poder sobre los trabajadores. Algunos de estos cambios ?por ejemplo, la disociación del Banco Central de otras decisiones gubernamentales? dificultarán aún más la recuperación económica. Todo esto tiene lugar bajo un Gobierno que si bien fue elegido en 2017 en una plataforma de supuesta continuidad, ahora busca revertir las reformas políticas de la década anterior. Estas reformas fueron, si nos basamos en indicadores económicos y sociales, bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38% y la pobreza extrema en un 47%; la inversión pública ?incluidos hospitales, escuelas, carreteras y acceso a energía eléctrica? se duplicó como porcentaje de la economía. Pero el Gobierno anterior era un Gobierno de izquierda con mayor independencia de Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, cerró la base militar estadounidense en su territorio. Ya pueden imaginarse cómo pinta el panorama, tomando en cuenta que ahora el Gobierno de Trump ha adquirido un enorme poder sobre Ecuador no solo a través del préstamo del FMI de $4.2 mil millones, sino también de los otros $6 mil millones en préstamos para el país otorgados por instituciones multilaterales con sede en Washington, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (esto representa aproximadamente el 10% del PIB anual ecuatoriano, equivalente a más de $2.1 billones en el caso de Estados Unidos). En realidad, ni tenemos que imaginar mucho, ya que el nuevo presidente, Lenín Moreno, se ha alineado con la política exterior y económica de Trump en la región. Al mismo tiempo, su Gobierno está persiguiendo a su predecesor presidencial, Rafael Correa, con acusaciones falsas que incluso Interpol no respaldará con una orden de captura internacional. Otros líderes de la oposición huyeron del país para evitar la detención preventiva ilegal (en el caso del excanciller Ricardo Patiño, por pronunciar un discurso que no le gustó al Gobierno). Dado que Washington controla la toma de decisiones del FMI para este hemisferio, el Gobierno de Trump y el FMI están implicados en la represión política en Ecuador, así como en el intento más amplio de reconvertir la economía y las políticas del país en lo que a Trump y Pompeo les gustaría ver, pero por la que la mayoría de ecuatorianos no votaron. Todo esto proporciona aún más razones para que haya una reforma seria en el FMI, comenzando por convertirlo en una institución más multilateral, como pretende ser. En los últimos 20 años, el Congreso de Estados Unidos —que se encarga de aprobar los aumentos de fondos para el FMI— ha intervenido en contadas ocasiones para eliminar algunos abusos. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, millones de niños pobres en África obtuvieron acceso a la educación primaria y a la atención médica porque el Congreso de EEUU impidió que el FMI y el Banco Mundial exigieran a los gobiernos el cobro de tarifas a los usuarios de estos servicios básicos; algo que estas instituciones habían estado haciendo por años. Es casi un hecho que en las próximas semanas el FMI elegirá un nuevo europeo, rico y blanco, para dirigir la institución. Los miembros progresistas del Congreso, preocupados por lo que la política exterior de Estados Unidos le hace al resto del mundo, deberían intervenir exigiendo algunas reformas. Traducción por Francesca Emanuele

Mark Weisbrot / 16 Septiembre 2019

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioEl Mundo 'Big tech' busca concretar el colonialismo digital en la OMC
Deborah JamesAmérica Latina en movimiento, no 542, Junio 2019 Ver el artículo original In English Los datos son el recurso más valioso del mundo y el motor de la economía digital. Un objetivo central de las corporaciones más grandes del mundo hoy en día es que sus representantes gubernamentales utilicen acuerdos comerciales para obtener control de los datos del mundo entero. Quieren consagrar el derecho de la Big Tech (las grandes corporaciones tecnológicas) a transferir datos a cualquier parte del mundo sin restricciones, y a poder utilizarlos exclusivamente para fines privados. La Big Tech y sus defensores gubernamentales dieron un gran paso hacia su objetivo en marzo 2019 al iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre comercio electrónico en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Están presionando a países en desarrollo para que se unan a las conversaciones utilizando la promesa del "comercio electrónico para el desarrollo". Pero su objetivo va mucho más allá del "comercio electrónico" y es un esfuerzo por conseguir la plena liberalización de la economía digital del futuro, y especialmente el control sobre los datos. Sus esfuerzos para obtener nuevos derechos para la Big Tech y limitar la supervisión y el poder públicos son un intento encubierto de reescribir las reglas de la futura economía digital, para lograr una ‘OMC 2.0’. La única manera en que los países en desarrollo tendrán una oportunidad de luchar por la soberanía económica es si son capaces de preservar el control y la propiedad de sus datos. Para ello, deben asegurarse de que las normas que otorgarían a las empresas el derecho a privatizar y controlar los datos no estén consagradas en el derecho internacional a través de tratados comerciales. Afortunadamente, muchos líderes de países en desarrollo están ampliando su comprensión del valor de los datos y su importancia para la industrialización digital y el desarrollo impulsado por el interés público. En diciembre de 2017, varios gobiernos africanos, apoyados por la resistencia de la sociedad civil, bloquearon nuevas negociaciones en la OMC sobre comercio electrónico en la undécima reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires. Pero todos los gobiernos desarrollados, más algunos en desarrollo con regímenes de derecha, firmaron una "Declaración Conjunta" apoyando nuevas negociaciones sobre temas de comercio digital. A lo largo del año 2018, se reunieron mensualmente y distribuyeron más de 50 propuestas. (Lamentablemente, el Director General Roberto Azevêdo ha alentado las conversaciones y la Secretaría de la OMC ha estado desempeñando funciones de anfitrión de las mismas, a pesar de que los Estados Miembros excluyeron específicamente esta función de su mandato en la Conferencia Ministerial de diciembre de 2017). A principios del 2019, en el marco del Foro Económico Mundial, los signatarios de la Declaración Conjunta anunciaron su intención de iniciar negociaciones, a pesar de la falta de mandato en la OMC. Delegados de 76 países asistieron a las primeras conversaciones "plurilaterales" sobre comercio digital en la OMC en marzo. Celebraron su primera ronda de conversaciones en mayo, con planes para futuras reuniones mensuales. En el futuro, la Big Tech y sus defensores harán todo lo posible por presionar a otros países para que se adhieran y lleguen a un acuerdo –o al menos demuestren una masa crítica para un nuevo mandato multilateral– hasta junio de 2020, cuando se celebrará la duodécima reunión ministerial en Kazajstán. Algunos posibles impactos negativos del acuerdo propuesto Los posibles impactos negativos de las normas propuestas en la vida de las personas, en la economía digital global del futuro, van mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy en día. Dado nuestro conocimiento de la OMC y nuestra experiencia colectiva con la Big Tech, ya son claras las repercusiones en el espacio de políticas para el desarrollo; en el empleo y la prosperidad compartida; en el derecho de los gobiernos a reglamentar en aras del interés público, incluidas las políticas antimonopolio; en la privacidad y otros derechos humanos, económicos y laborales; en la tributación justa; y en muchas otras cuestiones. Para empezar, necesitamos una gobernanza más democrática sobre la industria de las Big Tech. El capitalismo de vigilancia está perjudicando el funcionamiento democrático en nuestros medios de comunicación, conocimiento, cultura, transporte, educación, justicia, comercio, salud y otros sectores, y nuestros procesos democráticos. Incluso en áreas aparentemente no digitales como la agricultura, las corporaciones Big Tech agrícolas están utilizando cada vez mayores cantidades de datos para controlar insumos, crédito, logística y comercialización, erosionando el poder y la independencia de agricultores locales que no tienen acceso a sus propios datos. Las reglas propuestas darían a la Big Tech más, no menos, poder sobre más aspectos de nuestras vidas. Las políticas sobre datos de interés público son esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad en todos los países, y especialmente en los países en desarrollo. La práctica de las Big Tech de extraer datos de todo el mundo con fines de lucro privado, utilizando reglas de comercio para obtener derechos para operar en mercados, mientras impiden la capacidad de los gobiernos para asegurar que sus poblaciones se beneficien, es colonialismo digital. Como la inteligencia artificial se potencia con los datos, estos son el sistema nervioso de la economía del futuro y quienquiera que los controle, dominará la economía. Es por eso que la propuesta de la Big Tech en la OMC de otorgarles el derecho a las transferencias de datos transfronterizas no reguladas, a veces llamadas "libre circulación de datos", es la más peligrosa de todas. Todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan beneficiarse del valor de los datos para su desarrollo económico en el interés público, y para la industrialización digital. Deben mantener la facultad de definir políticas sobre la gobernanza de datos, incluyendo el posible resguardo de datos a nivel local o regional cuando ello sea de interés nacional o comunitario. Además del control sobre la transferencia de datos, las propuestas de la OMC para prohibir que los países puedan exigir el almacenamiento de datos nacionales o utilizar servidores locales limitarían gravemente la capacidad de los países para garantizar que sus ciudadanos se beneficien de la digitalización. Las políticas digitales deben promover empleos decentes para la prosperidad compartida, no reducir el poder de los trabajadores. Esto significa la creación de empleos y medios de vida decentes, derechos sociales y económicos asociados, y no la expansión de los modelos de explotación laboral de corporaciones como Uber y Amazon. El capital se está llevando una parte cada vez mayor de las ganancias de productividad de los trabajadores, en parte porque las empresas han utilizado sus excedentes de riqueza para reescribir las reglas. Las reglas de comercio electrónico propuestas, tales como otorgar a las corporaciones "derechos" para operar en los mercados y, al mismo tiempo, prohibir a los gobiernos que puedan exigir a esas corporaciones que tengan una presencia local o beneficiar a la economía local, tienen por objeto aumentar aún más esta disparidad de poder. La estrategia más importante para garantizar que los beneficios de la digitalización sean generalizados e inclusivos es que los gobiernos se comprometan con el pleno empleo, centrado en la equidad, incluyendo derechos laborales sólidos, trabajos y condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadores; igualdad de género; derechos de los trabajadores a la información; y una protección social integral y portátil que incluya a los trabajadores de las plataformas. Estas normas no figurarán en ningún acuerdo de la OMC. Las reglas del comercio electrónico también pondrían en peligro las protecciones, privacidad y derechos de los consumidores. Las normas propuestas por la OMC privilegiarían los derechos de las empresas a la transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos por encima de la protección de los consumidores y los derechos de privacidad de ciudadanos de una manera que no puede ser resuelta por normas de la propia OMC. La toma de decisiones algorítmica, que puede exacerbar la discriminación racial, de género y laboral, debe estar sujeta a la supervisión pública, no oculta como secretos comerciales, como ocurre en las propuestas de la OMC para prohibir que los gobiernos puedan exigir la divulgación de "códigos fuente". Los derechos humanos, laborales, de consumo, económicos y civiles deben aplicarse por igual en la esfera digital sin ser relegados a la categoría de "barreras al comercio" indeseables. Las normas antimonopolio y su aplicación deben aplicarse con urgencia en los planos nacional e internacional. Casi todo el comercio digital está dominado por unos pocos actores globales de Estados Unidos y China, como Google que integra datos extraídos de su motor de búsqueda, navegador web, correo electrónico, mapas, publicidad, calendario, almacenamiento en la nube, mensajería, traducción, intercambio de vídeos, teléfonos móviles y sus sistemas operativos, altavoces inteligentes y otras empresas, para dominar esos sectores. Una fuente cada vez mayor de ganancias de la Big Tech se deriva de la compra de competidores y la evasión la regulación. Además de crear nuevas regulaciones antimonopolio y fortalecer las existentes, los gobiernos deben considerar la posibilidad de desmantelar las empresas que se dedican a prácticas monopolísticas perjudiciales. Hasta que esto ocurra, sería una tontería inclinar la balanza a favor del poder de los monopolistas aún más al aceptar sus propuestas en la OMC. Una tributación más justa se vería gravemente limitada por las normas de comercio electrónico propuestas en la OMC, que incluyen al menos siete mecanismos para limitar las obligaciones tributarias de las Big Tech, como la prohibición directa de los derechos de aduana sobre los productos digitales. Una investigación de la UNCTAD mostró recientemente que el 97% de las pérdidas de ingresos arancelarios de los productos digitalizables serían sufragadas por los países en desarrollo. Pero la Big Tech también quiere prohibir las políticas que los países usan para calcular los impuestos sobre las ganancias corporativas, tales como requerir que las corporaciones tengan una presencia local cuando operan en el extranjero o requerir una copia local de los registros financieros para propósitos de supervisión de las autoridades tributarias. Las empresas digitales están aprovechando la intangibilidad de los bienes y servicios digitales para evitar impuestos, y ahora quieren codificar esa evasión a través de tratados comerciales. Los países no podrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin ampliar el apoyo tributario a la infraestructura para mejorar el acceso a agua y electricidad, y para asegurar servicios públicos de calidad accesibles en educación, salud e infraestructura social que permitan reducir el trabajo de cuidado no remunerado y mal remunerado en el hogar, realizado en su mayoría por mujeres. El contexto mundial y la OMC Hay otros asuntos de interés para las empresas mundiales que algunos países desarrollados están impulsando en la OMC, como la facilitación de las inversiones, la limitación de los subsidios a la pesca y la ampliación de la liberalización de servicios. Pero el mayor ataque de los países desarrollados fuera de los temas de negociación es cambiar la arquitectura fundamental de la OMC. Dentro de la OMC, los países se designan a sí mismos como ‘desarrollados’ o ‘en desarrollo’, aplicando una flexibilidad ligeramente mayor de las normas a estos últimos. Los países en desarrollo lucharon por estas flexibilidades porque sospechaban con razón que las reglas que se estaban negociando en la OMC, que a menudo limitaban el uso de las mismas políticas que los países ricos creaban, beneficiarían fundamentalmente a las corporaciones de los países ricos más que a sus propias poblaciones. Ahora, Estados Unidos y otros países están tratando de abolir estas pequeñas flexibilidades, limitando su uso sólo a los Países Menos Desarrollados (PMDs). Según esta propuesta, se aplicarían las mismas normas a Kenia, Ecuador o Vietnam que a Estados Unidos, la UE o Australia. Este tema está en el centro de algunas de las propuestas de "reforma de la OMC" que serán el centro de las discusiones durante la Cumbre del G20 en Japón el próximo mes de junio. Pero los países desarrollados también están tratando de introducir nuevas "geometrías" de negociación que colocan a los países en desarrollo en una situación aún más desventajosa. Están formulando propuestas –abogando por la misma agenda neoliberal que ahora también abarca el comercio electrónico– en torno a cuestiones de "género" y también de "micro, pequeñas y medianas empresas" o MiPyMES. Debido a que las mujeres y las MiPyMES se encuentran en todos los países, y debido a que los proponentes afirman que el comercio digital es beneficioso para las mujeres y las MiPyMES, ellos entonces –sin ironía– argumentan que cualquier nueva norma sobre el comercio digital sería buena para las mujeres y las MiPyMES. La realidad, por supuesto, es que las propuestas serían extremadamente perjudiciales para las mujeres productoras y consumidoras, especialmente en el Sur global, y beneficiarían a las grandes empresas transnacionales (ETNs) a expensas de las MiPyMES de todo el mundo. Al mismo tiempo, las cuestiones que preocupan a los países en desarrollo siguen siendo marginadas en la OMC. El principal objetivo de los países en desarrollo durante muchos años ha sido transformar las normas que rigen la agricultura para que puedan distribuir alimentos a sus poblaciones más pobres de una manera que también apoye los medios de subsistencia de los agricultores, a través de la práctica bien establecida de mantener existencias públicas. Desafortunadamente, esta práctica generalmente no está permitida bajo las reglas de la OMC, y los EE.UU. y otros países han bloqueado las negociaciones al respecto durante muchos años. La otra cuestión importante que debería debatirse en la OMC es el programa de desarrollo, que se centra en permitir a los países en desarrollo una mayor flexibilidad con respecto a determinadas normas de la OMC que han perjudicado directamente su capacidad para desarrollar sus propias economías y fomentar la industrialización. Los países en desarrollo a menudo se han dado cuenta de que las normas de la OMC los atrapan en los niveles más bajos de las cadenas de suministro mundiales, lo que dificulta el aumento del valor añadido de su producción. Sin embargo, Estados Unidos, la UE y otros países desarrollados se han negado a concluir la agenda de desarrollo en la OMC durante más de 20 años. Todo esto ocurre en un contexto en el que el ‘multilateralismo’ está siendo atacado por la administración Trump y otros aliados de derecha. Algunos defensores de la OMC están utilizando estos ataques como una forma de reforzar el apoyo a la institución. Pero Trump y sus contrapartes son el resultado del fracaso del proyecto neoliberal más amplio de elevar el nivel de vida de millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo. La verdadera lucha no es entre el multilateralismo y el nacionalismo, sino entre una forma de globalización pro-corporativa (neoliberalismo) y el verdadero multilateralismo por la prosperidad compartida: lo que implicaría transformar integralmente el sistema comercial actual en uno que sea justo, democrático y sostenible. ¿Qué dirección para la economía digital? Si bien los proponentes han estado ocupados lanzando negociaciones plurilaterales en la OMC sobre el comercio digital, muchos países en desarrollo han incrementado su interés y comprensión del valor económico de sus propios datos para su futuro desarrollo. Los miembros de la red mundial Our World Is Not for Sale (OWINFS) han estado haciendo campaña contra las reglas del comercio digital en la OMC sobre la base de que los datos deben utilizarse con fines de interés público, incluida la industrialización digital, y no sólo para obtener beneficios empresariales. Algunos países en desarrollo están planteando esta cuestión en la OMC, y también ahora en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde en una reunión reciente no se llegó a un acuerdo sobre las recomendaciones porque la UE bloqueó cualquier mención de la cuestión de los datos. El tema clave del control de datos va a ser, de hecho, el principal punto de conflicto entre los defensores corporativos y los que defienden el desarrollo y el interés público en los años venideros; de hecho, las guerras de recursos del futuro se librarán por el control de los datos. Quién se beneficia de la digitalización, como con cualquier tecnología, dependerá en gran medida del panorama político en el que se aplique la tecnología. Esto incluye las normas mundiales establecidas en los acuerdos comerciales. Para que la digitalización tenga un impacto positivo en la sociedad y en nuestro entorno común, la sociedad civil debe desempeñar un papel en la formulación de esas políticas. La sociedad civil puede abogar por que los gobiernos que participan en las conversaciones se retiren, como lo hizo Uruguay durante las conversaciones sobre el propuesto Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA) después de que una evaluación interna de varios ministerios revelara que tendría innumerables impactos negativos en la vida de la población uruguaya. En América Latina, los participantes en las negociaciones de comercio electrónico son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. (Curiosamente, El Salvador, Honduras y Nicaragua no se habían unido en 2017, pero lo hicieron en 2019, ¿tal vez bajo la presión de un vecino del norte?) Desafortunadamente, Chile, México y Perú ya adoptaron algunas de las disposiciones sobre comercio digital cuando implementaron el llamado Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP), a pesar de que las disposiciones digitales habían sido propuestas por los Estados Unidos, que abandonaron el acuerdo). La sociedad civil también puede desempeñar un papel importante alentando a los países que no participan en el proceso plurilateral (en América Latina: Bolivia, Ecuador, Venezuela y, lo que es más importante, los países del Caribe) para mantener sus posiciones a favor del desarrollo. Necesitamos una nueva agenda para las políticas económicas digitales y para la economía global en general. Los países deben elaborar su propio programa de industrialización digital. No deben avanzar las reglas de comercio electrónico desarrolladas por corporaciones multinacionales como Amazon, Google, Facebook y Alibaba. Otros modelos, incluidas las políticas de industrialización digital con fuertes derechos laborales y de los usuarios, pueden distribuir de manera más equitativa los beneficios de la economía digital. Los países desarrollados han argumentado que es mejor que los países en desarrollo participen en las conversaciones para garantizar un resultado más favorable al desarrollo. Pero este resultado no puede lograrse en la OMC porque las normas y políticas necesarias para la industrialización digital son contrarias a las normas de la OMC, que otorgan derechos a las empresas al tiempo que limitan el papel del Estado en la regulación. Más de 315 organizaciones de más de 90 países presentaron estos y otros argumentos en una carta (inglés; español) enviada a todos los miembros de la OMC, instándoles "a que abandonen su impulso a las negociaciones comerciales digitales en la OMC y se centren urgentemente en la transformación de las reglas del comercio mundial para la prosperidad compartida por todos". ¿Concluirán los defensores de las Big Tech un nuevo acuerdo ‘plurilateral’ entre 76 (o más) miembros para junio de 2020? ¿U obtendrán un nuevo mandato en la OMC entre los 164 miembros? Su éxito dependerá en gran medida del esfuerzo que la sociedad civil movilice para exigir que los gobiernos defiendan los intereses económicos de los ciudadanos contra las ambiciones coloniales depredadoras de las corporaciones de las Big Tech. Deborah James es Directora de Programas Internacionales del Center for Economic and Policy Research (www.cepr.net) y coordina la red mundial Our World Is Not for Sale (OWINFS) (www.ourworldisnotforsale.net). Traducción Adriana Foronda

CEPR / 26 Junio 2019

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