US Foreign Policy

Política exterior de EE. UU.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

DemocracyHondurasLatin America and the CaribbeanUnited StatesUS Foreign Policy Once the US’s “Good Friend” in Honduras; Now on Trial for Drug Trafficking
The trial of Juan Orlando Hernández, once the seemingly untouchable and authoritarian president of Honduras, is officially set to begin on February 12. The US government supported Hernández from the beginning of his first presidential term and backed him even as evidence of his criminal involvement grew.

Dan BeetonAlexander Main / February 09, 2024

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

Fondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.Venezuela Omitiendo la evidencia: En lo que el FMI se equivoca sobre Venezuela
In English El 5 de diciembre de 2022, el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe titulado "Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis" (Efectos de derrame regional de la crisis venezolana), que evalúa las causas de la crisis económica de Venezuela, las causas de la emigración récord del país y el impacto que esta afluencia de emigrantes venezolanos ha tenido en los países vecinos. Aunque se trata de temas de investigación dignos de estudio y el informe tiene mucho valor, los autores Álvarez et al. omiten curiosamente una pieza fundamental del rompecabezas y uno de los factores más importantes que contribuyen a la actual situación económica y humanitaria de Venezuela: las sanciones económicas de Estados Unidos. En agosto de 2017, la Administración Trump promulgó la Orden Ejecutiva 13.808, por la que se prohibía al gobierno de Venezuela, incluida la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas conjuntas, el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Aunque Estados Unidos ya había impuesto sanciones a determinadas personas y entidades venezolanas con anterioridad, incluso en virtud de la O.E. 13.692 de la administración Obama, que declaró una emergencia nacional estadounidense con respecto a Venezuela, las sanciones de agosto de 2017 marcaron el inicio de una serie de sanciones radicales que definirían el enfoque de la administración Trump con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las sanciones se intensificaron aún más junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo a partir de 2019, más notablemente con la designación de PDVSA como entidad sancionada el 28 de enero, y la imposición en 2020 de sanciones secundarias contra las compañías navieras involucradas en el transporte de petróleo venezolano. La gran mayoría de estas sanciones siguen vigentes en la actualidad. El impacto de estas sanciones ha sido rápido y desastroso, sobre todo en la producción de petróleo de Venezuela, que es la principal fuente de ingresos extranjeros del país. Aunque no cabe duda de que hay múltiples factores que han contribuido a la precipitada caída de la producción de petróleo de Venezuela – de 2,4 millones de barriles diarios (bpd) antes de la crisis, a un mínimo de 0,4 millones de bpd a mediados de 2020 –, una preponderancia de pruebas apunta a las sanciones de EE. UU. como un motor significativo de la disminución. Un análisis de 2022 realizado por uno de los autores de este post, Francisco Rodríguez, atribuye la pérdida de 797.000 bpd a las sanciones financieras de 2017. Otros estudios que utilizan diferentes metodologías han fijado esta cifra en 698.000 bpd (por Equipo Anova [efn_note]Desde entonces, la metodología del Equipo Anova ha sido criticada por Rodríguez, pero esta crítica no se extiende a su estimación final de la disminución de la producción de petróleo[/efn_note]), y de 616.000 a 1.023.000 bpd (por Luis Oliveros). Y un reciente artículo de Rodríguez en la revista Latin American Economic Review utiliza la variación de la producción en la cuenca del Orinoco para estimar el impacto de las sanciones entre 255.000 y 637.000 bpd. A pesar de estos impactos bien documentados, las sanciones de EE. UU. a Venezuela se mencionan en el cuerpo del informe de 61 páginas del FMI sólo dos veces. Una vez, el informe sí parece insinuar algunos efectos adversos de las sanciones, aunque sugiriendo que se han mitigado: "Venezuela ha podido colocar su crudo pesado en el mercado asiático con un descuento sustancial en el precio, aliviando en parte el impacto de las sanciones." Sin embargo, la otra mención a las sanciones resta importancia específicamente a su impacto: "El fuerte descenso [de la producción de petróleo], que precedió a la  introducción de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos en enero de 2019, reflejó factores tanto internos como externos."[efn_note] Esta instancia va acompañada de un gráfico que compara la producción de petróleo de Venezuela con la introducción de sanciones en 2017 y 2019. Este gráfico es la única vez que se hace referencia a las sanciones financieras de 2017 en el informe y, contrariamente a la narrativa del texto, parece evidenciar el impacto adverso de las sanciones financieras sobre la producción de petróleo. [/efn_note] Esta última aserción es una afirmación repetida a menudo que, en el mejor de los casos, es engañosa. Si bien es cierto que el inicio del declive de la producción de petróleo, y de hecho el inicio de la propia crisis económica, precedieron a las sanciones financieras de 2017, esto no es en absoluto una prueba de que las múltiples oleadas de sanciones no hayan tenido un efecto causal significativo. De hecho, aunque la magnitud del impacto difiere entre las series de datos disponibles, todas muestran un descenso acelerado de la producción de petróleo tras la imposición de sanciones (ver Figura 1). Figura 1 Fuente: OPEP. Republicado de Francisco Rodríguez, "How Sanctions Contributed to Venezuela's Economic Collapse," Global Americans, 9 de enero de 2023. El reto de evaluar el impacto de las sanciones consiste en comparar este descenso acelerado con una hipótesis contrafactual en la que no se hubieran impuesto sanciones. Aunque una estimación de este tipo nunca puede ser exacta, esto es precisamente lo que intentan hacer los estudios citados mediante diversas metodologías econométricas, y cada uno de ellos concluye que una parte significativa del descenso de la producción de petróleo es atribuible a las sanciones, como cabría esperar por su propia naturaleza e intención. Esta omisión del informe del FMI es especialmente flagrante, dado que cita una larga lista de supuestas causas del desplome del petróleo, entre ellas algunas de las que hay pocas evidencias:  “la caída de la producción de petróleo se explica por el colapso mundial de los precios del petróleo en 2015, la grave mala gestión del sector petrolero a nivel nacional, la disminución de la inversión sectorial (reflejada por una caída en el recuento de plataformas petrolíferas a cero en junio de 2020), y una pérdida de capital humano ... Además, los cortes de energía fueron otro factor, impactando en la producción de petróleo y la actividad económica en general.” Aunque es posible que parte de la caída inicial de la producción respondiera a la caída de los precios, estos comenzaron a recuperarse en 2017, momento en el que otros países que habían experimentado un descenso similar vieron cómo su producción repuntaba. Venezuela no lo hizo. La "disminución de la inversión sectorial," por su parte, se debe en parte a las sanciones, y el número de plataformas petrolíferas se mantuvo dentro de los límites históricos hasta que se impusieron las sanciones. Una cosa sería sostener que las sanciones no son la causa principal del colapso; otra muy distinta es excluirlas de una larga lista de causas para las que existen diversos grados de evidencia. En particular, el único estudio citado en el informe que se refiere directamente al impacto de las sanciones es Bahar et al. (2019). Dejando de lado la práctica irregular de citar exclusivamente un estudio no arbitrado, mientras se omiten la evidencia proveniente de estudios arbitrados, es importante poner el estudio de Bahar et al. (2019) en contexto. El artículo se publicó en mayo de 2019, apenas cuatro meses después de la imposición de las sanciones petroleras. No hace ninguna afirmación sobre el efecto de las sanciones petroleras, sino que se centra puramente en el efecto de las sanciones financieras de 2017. Aun así, sus afirmaciones son bastante limitadas, ya que los autores argumentan que no hay "contrafactuales plausibles o suficientes datos disponibles públicamente para estimar rigurosamente un efecto causal en este momento."  Desde la publicación del artículo de Bahar et al. (2019), así como el de Hausmann y Muci (2019), un artículo publicado más o menos al mismo tiempo y que hacía afirmaciones similares, se han dado a conocer más de tres años de producción de petróleo. Los datos más recientes, que se han utilizado en los artículos citados anteriormente y se muestran en la Figura 1, son fuertemente consistentes con la tesis de que las sanciones tuvieron un impacto significativo en la producción de petróleo. Algunos de los autores de estos artículos incluso han revisado significativamente sus opiniones. Por ejemplo, Frank Muci escribió recientemente: "Las sanciones petroleras golpearon fuertemente a Venezuela en 2019, aunque el tamaño exacto del efecto no está claro." En otras palabras, la única investigación citada por el FMI sobre el efecto de las sanciones está tan desactualizada en este momento que es en gran medida irrelevante. Tras el análisis de la disminución de la producción de petróleo de Venezuela, el informe del FMI pasa a explorar las repercusiones económicas y humanitarias más amplias de la crisis del país, incluido el debilitamiento de los servicios sociales, el aumento de la frecuencia de los apagones, el incremento de los índices de pobreza, enfermedad y malnutrición, y la falta de acceso a las vacunas COVID-19. Pero en ningún momento se menciona en el informe el hecho de que cada una de estas variables se ve afectada por las sanciones. En un país que depende en gran medida del petróleo – antes de las sanciones de 2017, el petróleo representaba el 95% de las exportaciones de Venezuela – el colapso de la producción de petróleo se ha reflejado en una caída del 72% del PIB per cápita, que a su vez está estrechamente vinculado a una variedad de resultados de salud. En el punto álgido de la crisis, la tasa de pobreza venezolana alcanzó el 93%. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs mostraron que alrededor de 40.000 venezolanos murieron solo en 2018 como resultado de un aumento inusual de la mortalidad y argumentaron: "es prácticamente seguro que las sanciones económicas de EE. UU. contribuyeron sustancialmente a estas muertes."  Es por estas razones que el congresista estadounidense Jim McGovern (D-MA), entonces presidente del poderoso Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribió al presidente Biden en mayo de 2021, pidiéndole que "levante todas las sanciones secundarias y sectoriales impuestas a Venezuela por la Administración Trump." Señaló que "el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado, y a propósito así.... todo el punto de la campaña de ‘máxima presión’ es aumentar el costo económico para Venezuela de no cumplir con las condiciones que impone Estados Unidos. El dolor económico es el medio por el que se supone que funcionan las sanciones.” Más allá de los efectos generales de la contracción económica y la pérdida de divisas con las que comprar alimentos y medicinas, las sanciones de EE.UU. también han contribuido a que envíos de vacunas sean retenidos por bancos reticentes a procesar transacciones venezolanas, a la degradación de la red energética impulsada en parte por la dificultad para acceder a nuevas piezas y que provoca frecuentes cortes de electricidad, al deterioro de la sanidad pública, la educación, el agua y otros servicios públicos; y mucho más. En última instancia, según la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, las sanciones a Venezuela han "impedido la obtención de ingresos y el uso de recursos para mantener y desarrollar infraestructuras y para programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente – aunque no sólo – en quienes viven en la pobreza extrema, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o potencialmente mortales, y la población indígena." La omisión por parte del FMI de pruebas del impacto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela no es un descuido menor. Las sanciones son una parte integral de la historia del colapso económico de Venezuela y de la crisis migratoria resultante que ha visto a millones de venezolanos abandonar su país. Sin tener en cuenta adecuadamente este hecho, el informe cierra preventivamente la puerta a considerar la respuesta política potencial más impactante: alejarse de la política de "máxima presión" de la era Trump y levantar las sanciones que han contribuido poderosamente a los desafíos económicos de Venezuela. Las recientes medidas de la administración Biden en este sentido han sido positivas, pero completamente insuficientes.  Esta lección puede extrapolarse a otros países fuertemente sancionados, como Cuba, que actualmente atraviesa graves dificultades económicas y su mayor crisis migratoria en décadas. Aunque la administración Biden ha hecho del "tratamiento de las causas profundas" un lema clave de su política hacia la migración, aparentemente ha excluido las sanciones de su definición de "causas profundas." Las omisiones de este informe son tan flagrantes que generan serias preocupaciones sobre hasta qué punto la integridad del trabajo técnico del FMI puede haberse visto comprometida por la influencia desmesurada de Estados Unidos en el organismo multilateral. El hecho de que un informe del FMI evite tratar seriamente con los daños causados por la política estadounidense debería añadir aún más peso a los llamamientos que se vienen haciendo desde hace tiempo para la reforma democrática de la gobernanza del FMI. En definitiva, "Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis" es un informe relativamente menor, y gran parte de su análisis sigue siendo valioso a pesar de esta omisión. Pero es emblemático de una elusión más amplia, sistemática y perniciosa del análisis crítico con los profundos costes humanos de las políticas de sanciones estadounidenses, tanto en organizaciones intergubernamentales como el FMI, como en gran parte de los medios de comunicación (la BBC, por ejemplo, no mencionó las sanciones ni una sola vez en su cobertura del informe del FMI). Al excluir esta pieza del rompecabezas, los autores no sólo no captan la imagen completa de la crisis económica de Venezuela, sino que hacen un flaco favor a los muchos venezolanos cuyo bienestar depende de que el gobierno estadounidense afronte el profundo sufrimiento que ha causado y haga lo necesario para revertirlo: poner fin a estas medidas económicas coercitivas equivocadas y perjudiciales.

Francisco R. RodríguezMichael Galant / 20 Enero 2023

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaPolítica exterior de EE. UU.El Mundo Asegurémonos de que, esta vez, el gobierno de EE.UU. respete la democracia en Brasil
Folha de S.Paulo Ver artículo original en portugués In English El pueblo brasileño ha votado el fin de la presidencia de un monstruo y ahora tiene la oportunidad de restaurar la democracia que había perdido. Bolsonaro tuvo una gestion pesima de la pandemia, difundiendo abundante información errónea sobre el Covid que contribuyó al número de muertos en Brasil de más de 600,000 personas. La deforestación de la Amazonía se aceleró: la cantidad deforestada en 2021 se incrementó en más del 70% que cuando asumió el cargo en 2018. También elogió y defendió la dictadura militar de Brasil y dijo que no acabó con la vida de suficientes personas. Al igual que Trump, Bolsonaro amenazó con rechazar los resultados de las elecciones si perdía. Lula da Silva derrotó a Bolsonaro por más de 2 millones de votos. Anteriormente fue un presidente de talante transformador (2003-2010) e inmensamente popular cuando dejó el cargo. Durante su presidencia, la tasa de pobreza de Brasil se redujo en un 50 por ciento y la pobreza extrema en un 49 por ciento. El ingreso por persona creció un 2,9 por ciento anual; más de 5 veces más rápido de lo que había crecido en los 20 años previos. El desempleo cayó del 13 al 8,5 por ciento. La mayor parte del mundo está celebrando justificadamente junto a la mayoría de los brasileños. Pero el mundo debería saber más acerca de cómo zozobró esta democracia y qué actores y eventos clave contribuyeron a este naufragio; para que no se repita. La democracia en Brasil se fue a pique cuando la presidenta Dilma Rousseff fue objeto de un impeachment sin haber cometido delito alguno. Y la democracia quedó sepultada cuando Lula da Silva fue encarcelado para evitar que se presentara a la reelección en 2018. Su condena fue posteriormente anulada luego de que los tribunales determinaran que el juez que lo condenó, Sergio Moro, carecía de imparcialidad. Moro fue designado como ministro de Justicia cuatro días después de la elección de Bolosonaro. La evidencia para la condena de Lula estuvo basada en el testimonio de un ejecutivo de una empresa constructora, quien había sido condenado por un escándalo de corrupción, y a quien se le redujo la pena carcelaria a cambio de su testimonio. De hecho, el periódico Folha de São Paulo informó que este ejecutivo no pudo negociar su pena (tras declararse culpable) hasta que no hubiese cambiado su testimonio para implicar a Lula en un presunto delito.  Cuando escribí sobre este juicio engañoso para la sección de opinión del New York Times en 2018, mi columna fue la primera publicación en los medios convencionales de EEUU que incluía estos hechos elementales, además de disponibles públicamente, y que muestran que el juicio de Lula fue claramente una persecución política. Estos hechos eran necesarios para tener una lectura de lo que la élite tradicional de Brasil estaba haciendo en realidad: destruir el estado de derecho y prescindir de la independencia del poder judicial para ganar lo que no pudieron ganar durante 14 años en las urnas, es decir, conseguir derrotar al Partido de los Trabajadores. ​​El Partido de los Trabajadores fue derrotado, pero no sin la ayuda significativa, quizás decisiva, del gobierno de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses tuvieron una serie de iniciativas públicas, tales como reuniones amistosas con los impulsores del impeachment de Dilma en Washington y Río de Janeiro mientras el juicio político estaba en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también contribuyó significativamente a la investigación que condujo a la persecución política y al encarcelamiento de Lula. Por ejemplo, en 2015, 17 funcionarios estadounidenses acudieron a la sede donde se investigaba la operación Lava Jato, a la vez que intentaron ocultar la visita del Ejecutivo estadounidense. Las autoridades de EEUU también acordaron transferir una parte de las multas recaudadas en EEUU a una fundación privada encabezada por los fiscales brasileños de Lava Jato. Este arreglo fue luego suspendido por la corte suprema de Brasil. Quienes consideran importante la democracia en Brasil tendrán que estar atentos a lo que haga el gobierno de Estados Unidos en los meses y años venideros.

Mark Weisbrot / 09 13:21:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

ColombiaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Washington le da una cálida bienvenida a controvertido expresidente colombiano
Nodal Responsible Statecraft Ver artículo en el sitio original In English El 7 de agosto, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, asumió como presidente de Colombia.  Ese mismo día, el antecesor de Petro, Iván Duque, dejó el cargo con un índice de aprobación abismal.  En palabras del New York Times, “las políticas fallidas de Duque (…) lo convirtieron en uno de los líderes más impopulares en la historia reciente de Colombia”.  Sin embargo, el expresidente aún podría tener un futuro brillante en Washington, DC.  Apenas dos días después de la asunción de Petro, el Woodrow Wilson Center, con sede en el corazón de la capital estadounidense, anunció que el expresidente había sido seleccionado como asociado distinguido (en inglés:  distinguished fellow) del Centro. La historia no recordará amablemente a Duque.  Mientras era presidente, desmanteló parcialmente el histórico acuerdo de paz de Colombia, con consecuencias desastrosas para las comunidades pobres de color en las zonas de conflicto. Supervisó la represión masiva de las protestas contra sus políticas económicas, lo que resultó en la muerte de decenas de jóvenes manifestantes.  Él y sus aliados interfirieron en la política interna en otros países, incluso en las elecciones estadounidenses de 2020.   Sin embargo, a partir del otoño, Duque recibirá un estipendio mensual de $ 10.000 y tendrá una cómoda oficina a un par de cuadras de la Casa Blanca.  ¿Qué onda?  ¿Por qué un destacado think tank de DC, uno que recibe fondos del gobierno de los EE. UU., otorga una beca a un expresidente muy vilipendiado que tiene un alarmante historial manchado de sangre?   La respuesta tal vez radica en la relación extraordinariamente estrecha – "la excepcional colaboración", como dijo el presidente Biden – que ha existido entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia. Líderes como Duque han apoyado enérgicamente muchas de las prioridades políticas de Washington, en Colombia y a nivel regional. A cambio, han recibido respaldo político incondicional y miles de millones de dólares de asistencia de la administración estadounidense.  Bajo el nuevo presidente progresista de Colombia, esta relación parece estar cambiando de rumbo, provocando ansiedad dentro de la élite de la política exterior de EE. UU. Duque fue elegido en 2018, en gran parte gracias al respaldo de su mentor político, el expresidente ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010).  Durante su presidencia, Uribe llevó a cabo una estrategia militar de tierra quemada contra grupos guerrilleros de izquierda, con un respaldo logístico y financiero sin precedentes de los Estados Unidos bajo la iniciativa del “Plan Colombia”.  Fuera de las devastadas zonas de conflicto de Colombia, Uribe siguió siendo una figura popular, a pesar de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares asesinos y narcotraficantes.  Duque, quien se acostumbró a referirse a Uribe como el “presidente eterno”, prometió continuar con sus políticas de línea dura.   El primer blanco a atacar fue el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la larga y trágica guerra entre la insurgencia guerrillera de las FARC y el Estado colombiano.  Según los informes, durante esta guerra de cinco décadas, 450.000 personas fueron asesinadas. Al menos 205.000 de estos asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares vinculadas al establishment policial y de seguridad de Colombia, según una Comisión de la Verdad independiente creada en virtud del acuerdo.  Los archivos desclasificados muestran que el gobierno de EE. UU. estaba al tanto de que el ejército colombiano llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y trabajó en conjunto con grupos paramilitares.  Sin embargo, las relaciones entre el Pentágono y el ejército colombiano se hicieron más profundas.  La ayuda de seguridad de EE. UU. continuó fluyendo, por una suma de $ 7,7 mil millones entre 1996 y 2016.   El acuerdo de paz le valió al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) el Premio Nobel de la Paz.  También le valió la cólera furiosa de su antiguo aliado Uribe.  La campaña presidencial de Duque en 2018, en la que Uribe tuvo una gran presencia, se centró en oponerse al acuerdo. Una vez en el poder, Duque encontró varias maneras de debilitarlo. Redujo drásticamente la financiación de programas fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional. Desvió fondos destinados a financiar programas para abordar la enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y para permitir que los cultivadores de coca hicieran la transición a cultivos lícitos.   Lo peor de todo es que Duque no hizo cumplir adecuadamente las garantías de seguridad para miles de combatientes de las FARC desmovilizados y líderes comunitarios.  Bajo Duque, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron ausentes en gran medida en las áreas de conflicto o no se desplegaron cuando se necesitaban.  Como resultado, los grupos armados ilegales se han multiplicado y la violencia se ha disparado a niveles observados durante el apogeo del conflicto armado. Mientras Duque estuvo en el cargo, 930 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 261 masacres en las que murieron 1.144 personas, según el grupo de derechos humanos Indepaz.   Lamentablemente, el desastroso historial de Duque como presidente no se detiene ahí. La presidencia de Duque fue marcada por las protestas más grandes de la historia colombiana contemporánea.  Aunque fueron una respuesta a las impopulares políticas de Duque en lo económico, lo educativo y lo sanitario, los niveles cada vez mayores de pobreza y de desigualdad de ingresos del país (los más altos de América Latina) también fueron factores que desencadenaron una indignación de gran alcance entre los jóvenes colombianos. Las protestas masivas fueron respondidas con una represión feroz y violenta por parte de las fuerzas policiales y militares.  Más de 80 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, fueron asesinadas, y muchas otras fueron torturadas o agredidas sexualmente. Duque y los funcionarios de su gobierno restaron importancia a los abusos de las fuerzas de seguridad y con frecuencia describieron las protestas como intentos de desestabilizar al gobierno en nombre de terroristas, narcotraficantes, gobiernos extranjeros y opositores políticos como Gustavo Petro.  Hablando en un evento de mayo de 2021 en el Wilson Center, Duque se refirió al contexto preelectoral e hizo referencias apenas veladas a Petro y su equipo como “personas que podrían querer (…) construir sus aspiraciones basadas en el caos”.  En el mismo evento, y mientras las protestas continuaban en Colombia, el presidente del Wilson Center, Mark Green, dijo a la audiencia que “el gobierno de Duque es un socio y aliado clave de los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestros intereses políticos, económicos y estratégicos, se superponen de muchas maneras”.   De hecho, a pesar de todas sus fallas, el presidente Duque fue un aliado leal de los Estados Unidos.  Al igual que su mentor Uribe, apoyó las prioridades clave de Estados Unidos, incluso cuando eran dañinas y contraproducentes.  Continuó prosiguiendo la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, basada en un enfoque agresivo y militarizado que a menudo criminaliza a comunidades enteras y se enfoca en la erradicación de cultivos a toda costa.  Se unió a los EE. UU. para apoyar la fumigación aérea de las plantaciones de coca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planteara su grave preocupación con respecto al impacto tóxico de la fumigación en la salud de los habitantes locales y en el medio ambiente.  La Comisión de la Verdad de Colombia ha criticado duramente el enfoque de la política antinarcóticos de Estados Unidos, culpándolo de endurecer el conflicto armado en el país.  Lo cual tampoco parece haber funcionado: la producción de cocaína en Colombia ha ido en constante aumento y ahora se encuentra en el triple del nivel observado en 2012.   Duque, como la mayoría de sus predecesores, también ha sido un promotor constante de los objetivos de la política estadounidense en otras partes de América Latina.  Apoyó firmemente los esfuerzos de la administración Trump respecto de un cambio de régimen en Venezuela, apoyando abiertamente los intentos de golpes militares allí y permitiendo que mercenarios y soldados venezolanos disidentes se entrenaran en Colombia.   Al igual que la administración de EE. UU., recibió con mucho agrado la destitución del presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, por parte de los militares y los políticos de extrema derecha.  En Ecuador, el procurador general de Duque, un amigo cercano, intervino agresivamente en las elecciones del país de 2021 en un claro esfuerzo por socavar al candidato de izquierda Andrés Arauz y reforzar la campaña del candidato de Washington, Guillermo Lasso (para total transparencia: Arauz es actualmente un economista en mi organización, CEPR).  Los aliados políticos de Duque, incluido Uribe, incluso se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2020, apoyando abiertamente a Trump y a los candidatos al Congreso en el sur de Florida. Aun así, Duque luego tuvo excelentes relaciones con la administración Biden. En cada oportunidad, pregonó su apoyo a la política latinoamericana de Biden, que en muchos sentidos es una continuación de la política de Trump.  Cuando Biden recibió críticas mordaces de muchos líderes regionales por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Duque utilizó su discurso en la cumbre para lanzar una larga diatriba contra los tres países. Duque recibió elogios en Washington por ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de migrantes venezolanos, al tiempo que apoyaba las sanciones de Estados Unidos que han sido responsables de decenas de miles de muertes de civiles en Venezuela y que contribuyeron al aumento de la emigración. La administración de Biden ha recompensado generosamente a Duque, con una serie de eventos de alto nivel con el secretario de Estado Tony Blinken y con el propio Biden.  En una ceremonia en la Casa Blanca en marzo, Biden designó a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, un impulso para el movimiento político de Duque solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Colombia.  La administración estadounidense también dejó perfectamente claras sus preferencias políticas con vistas a las elecciones presidenciales en Colombia de junio.  Altos diplomáticos estadounidenses emitieron declaraciones de preocupación sobre los temores de una intervención rusa, cubana y venezolana en las elecciones, con la implicación tácita de que apoyaban a Petro.  Los funcionarios estadounidenses también evitaron deliberadamente reunirse con Petro antes de las elecciones, mientras sí se reunían con otros candidatos destacados. Duque es ahora un asociado distinguido (de igual modo que Uribe que se convirtió en profesor visitante en la Universidad de Georgetown después de su presidencia).  Petro es presidente. Cabe notar que Biden llamó a Petro después de su elección y le dijo que esperaba trabajar juntos en la política climática y la implementación del acuerdo de paz.  Pero puede llevar un tiempo para que la administración estadounidense se acostumbre a la idea de que Colombia ya no es el principal agente de sus intereses en América Latina.  Entre otras cosas, Petro ya está restableciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y ha dejado en claro que tiene una visión muy diferente sobre la política de drogas que la que Estados Unidos ha promovido durante años.  Queda por verse si la administración estadounidense realmente aceptará la nueva realidad política en Colombia o si intentará socavar, o incluso derrocar, a su gobierno, como lo ha hecho tantas veces antes en América Latina.

Alexander Main / 24 08:29:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

HaitiAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.VenezuelaEl Mundo Cumbre de las Américas: la omisión del caso de Haití
El Diario Ver artículo en el sitio original In English La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos será la sede de la Cumbre de las Américas el próximo mes. La reunión de jefes de Estado se celebra aproximadamente cada tres años desde su primera reunión, y la última celebrada en Estados Unidos fue en 1994. Gran parte de la atención se ha centrado esta vez en quién no estará presente. Los funcionarios estadounidenses han señalando que no tienen intención de invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero se ha prestado menos atención a quién sí asistirá: el primer ministro de facto de Haití, un país que carece de jefe de Estado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio. La decisión de invitar a Ariel Henry, primer ministro en funciones de Haití, pone de manifiesto la hipocresía en la política exterior de Estados Unidos en la región y, por otro lado, la enorme ceguera de los gobiernos de América Latina y el Caribe ante el deterioro de la situación en Haití, en la que Estados Unidos y toda la región son cómplices.  “Creo que el presidente ha sido muy claro sobre la presencia de países que por sus acciones no respetan la democracia: no recibirán invitaciones”, dijo el mes pasado el máximo responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. La decisión de invitar a Henry socava este mensaje y deja claro que las exclusiones no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos o la democracia. Tienen que ver con la hegemonía. Las últimas elecciones en Haití tuvieron lugar en 2016; menos del 20% de los votantes registrados participaron, o se les permitió hacerlo. Moïse ganó la presidencia con los votos de sólo aproximadamente 5% de la población. En comparación, más del 20% de la población depositaron un voto a favor de tanto Ortega como de Maduro. Y para quienes consideran que la diferencia es que en Venezuela y Nicaragua estas cifras no son creíbles o que las condiciones de las elecciones no fueron buenas, harían muy bien en prestarle más atención a Haití. En 2020, los mandatos de casi todos los parlamentarios y de todas las autoridades locales expiraron, después de lo cual Moïse gobernó por decreto. En aquel momento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajó a Haití y apareció junto al presidente Moïse, dejando en claro que para la OEA esta situación no era un problema. El verano pasado, Moïse – que según muchos juristas ya había sobrepasado el límite de su mandato, pero que aún contaba con el respaldo de Estados Unidos y de la OEA – fue asesinado. En la actualidad, los únicos representantes electos en todo el país cuyo mandato no haya expirado son 10 senadores, pero juntos no tienen ni siquiera quórum para legislar. Pero el colapso de la democracia haitiana no se produjo en un vacío, y no sólo los dirigentes de Estados Unidos y la OEA tienen las manos manchadas de sangre. En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Casi ningún gobierno del hemisferio lo denunció. En Haití, las tropas estadounidenses fueron rápidamente sustituidas por una misión de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, para ayudar a consolidar el derrocamiento del presidente.  Diplomáticos estadounidenses describieron la misión como “una herramienta indispensable” para llevar a cabo la política de Estados Unidos, y señalaron, significativamente, que sin esa misión, Estados Unidos “recibiría mucha menos ayuda de nuestros socios hemisféricos... para manejar Haití”. Los países latinoamericanos fueron colocados a la cabeza; Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Guatemala contribuyeron con tropas, mientras que el ejército de Brasil estuvo a cargo de la misión. Esta intervención extranjera se profundizó tras el devastador terremoto de 2010, cuando se utilizaron miles de millones de dólares de ayuda extranjera como palanca para el control político. Ese mismo año, en medio de elecciones fatalmente defectuosas en el contexto de más de un millón de haitianos aún desplazados, se pidió a la OEA que revisara los resultados electorales. Sin un recuento completo ni ningún análisis estadístico, la OEA recomendó cambiar los resultados electorales. Estados Unidos y otros donantes amenazaron con no desembolsar la crítica ayuda financiera al menos que el gobierno aceptara este cambio de resultado. Un músico de derecha muy trumpiano, Michel Martelly, fue llevado a la presidencia. Una vez más, esta flagrante violación de la soberanía de Haití se llevó a cabo sin que la región reaccionara. Todo esto nos lleva al ascenso político de Ariel Henry. Por pedido de Martelly, Henry fue nombrado primer ministro por decreto presidencial pocos días antes del asesinato de Moïse, pero aún no había tomado posesión del cargo. En su lugar, el poder quedó inicialmente en manos del primer ministro de entonces, Claude Joseph. Pero, aproximadamente una semana después del magnicidio, el “Grupo Central”, un cuarto poder de facto que se formó tras el golpe de 2004 y compuesto en su totalidad por diplomáticos extranjeros, dio su apoyo a Henry. En pocos días, se convirtió en primer ministro. No fue la democracia la que llevó a Henry a asumir el poder, sino la intervención nociva de las potencias extranjeras. Esos mismos actores siguen apuntalando el débil gobierno de Henry, a pesar de los vínculos del primer ministro con el asesinato de Moïse. Uno de los principales sospechosos es un antiguo hombre de confianza de Henry, y los registros telefónicos muestran que ambos hablaron más de una docena de veces en el período previo al asesinato, y luego otra vez a las 4 de la mañana, apenas unas horas después del brutal crimen. Henry, no obstante, se ha negado a responder a las preguntas sobre lo que sabía y cuándo. En lugar de ello, despidió al fiscal que lo convocó a declarar, y ha socavado la autoridad de los jueces asignados al caso – el cuarto juez acaba de ser apartado del caso tras denunciar al gobierno por no proporcionarle protección y por “entregarle” a él y a su familia a “los asesinos”.  Tras más de nueve meses en el cargo, Henry no ha logrado consolidar una coalición capaz de dirigir el país y organizar nuevas elecciones. Se ha negado a abandonar el poder o a negociar con la oposición, incluida la histórica coalición de organizaciones de la sociedad civil que se han unido en torno a una agenda común para que el país vuelva a la democracia con soberanía. Mientras tanto, grupos de civiles armados, a menudo respaldados por policías y funcionarios gubernamentales corruptos, han llevado a cabo una campaña de terror en Puerto Príncipe, desplazando a miles de personas y matando a decenas. Líderes progresistas de todo el hemisferio han rechazado la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Argentina, que ostenta la presidencia pro témpore de la CELAC – una agrupación regional que, a diferencia de la OEA, no incluye a Estados Unidos ni a Canadá – ha criticado esta decisión, al igual que el Grupo de Puebla, que cuenta con un número importante de funcionarios y ex funcionarios de gobierno. El CARICOM comunicó que sus miembros están considerando un boicot a la cumbre si no se invita a Cuba, al igual que los presidentes de Bolivia y Honduras. El más directo ha sido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Voy a insistir ante el presidente Biden en que ningún país de las Américas sea excluido de la cumbre del próximo mes”, dijo a principios de mayo. López Obrador tiene razón, y el mismo principio debe aplicar a Haití. Excluir a Henry de la cumbre no es una solución, pero los líderes regionales deberían tener las ideas claras cuando le estrechen la mano en Los Ángeles en junio, y harían bien en recordar sus lecciones de historia. La realidad es que América Latina tiene una enorme deuda con Haití, que, tras su exitosa revuelta de esclavos contra los franceses en 1804, proporcionó protección, dinero y municiones a Simón Bolívar en su lucha por la independencia contra España. A pesar de esto, a lo largo del siglo XXI, América Latina ha sido menudo cómplice del neocolonialismo estadounidense en Haití. Ya es hora de corregir

Jake Johnston / 05 Junio 2022

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