US Foreign Policy

Política exterior de EE. UU.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo La campaña “Paren el robo” de la candidata derrotada del Perú debe terminar
MarketWatch ALAI, 1 de julio de 2021  In English Perú se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en Estados Unidos en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elección fue robada. Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su régimen y promete liberarlo de la prisión si es elegida. Él fue condenado por corrupción y por su papel en brutales violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos políticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupción que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucción de la justicia. Acusaciones sin fundamento Las autoridades electorales del Perú, los observadores electorales nacionales e internacionales y otros expertos coinciden en que no hay fundamento para las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, y que sus impugnaciones al recuento de votos no pueden cambiar los resultados. Pero —al igual que Trump y sus partidarios de la insurrección del 6 de enero— ella no se rinde. Y cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los medios de comunicación del Perú, incluidos los noticieros de televisión. Cientos de militares retirados ya han llamado a un golpe de Estado si su oponente, Pedro Castillo, un maestro de izquierda de escuela rural, es confirmado como presidente. Su última jugada en curso es tratar de convencer al actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, de invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una "auditoría" de las elecciones. Esta es una jugada peligrosa, como saben quienes han seguido la historia reciente de la OEA, especialmente bajo el actual secretario general Luis Almagro. En octubre de 2019, la OEA tuvo un papel fundamental en volcar los resultados de una elección presidencial democrática en Bolivia, que había sido ganada por el actual presidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país con el mayor porcentaje de indígenas en las Américas. La OEA, que había enviado observadores a las elecciones, emitió un comunicado al día siguiente expresando “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”.  Un golpe de Estado en Bolivia respaldado por Trump Pero no existió tal cosa, y como informaría más tarde el New York Times, la declaración "errónea" de la OEA "aumentó las dudas sobre la imparcialidad del voto y alimentó una cadena de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Esto se refiere al golpe militar respaldado por Trump que reemplazó al Gobierno de Morales por uno que cometió dos masacres de indígenas a la semana de tomar el poder. Era fácil demostrar que las acusaciones de la OEA eran falsas, y esto se hizo de inmediato. No hubo un “cambio drástico o difícil de explicar en la tendencia” de este recuento de votos preliminar, como admitiría en privado un alto funcionario electoral de la OEA apenas un día después. Lo único que sucedió fue que los votos que se reportaron al final del conteo, provinieron de áreas más favorables al presidente y su partido. Este fenómeno —diferencias políticas entre áreas que informan en diferentes momentos; por ejemplo, rural versus urbano, o con mayor pobreza versus con mayores ingresos— es conocido para cualquiera que haya visto en el televisor los resultados de cualquier elección. El hecho de que la OEA —respaldada por el Gobierno de Trump— produjera varias declaraciones e informes sobre la elección de Bolivia sin siquiera abordar esta obvia explicación indica que sus repetidas declaraciones falsas no fueron errores técnicos sino mentiras deliberadas. Legisladores del Congreso de Estados Unidos —que proporciona la mayor parte de los fondos de la OEA— han planteado repetidamente estas mismas preguntas a los funcionarios de la OEA —incluido Almagro— durante más de un año y medio. No han recibido respuestas sustanciales y han exigido una investigación. Lo más probable es que eventualmente obtengan una. Mientras tanto, Perú no puede permitirse una “auditoría” de la OEA como la que hicieron para Bolivia en 2019 (también completamente desacreditada). Tácticas de dilación Las autoridades electorales del Perú han determinado que Pedro Castillo obtuvo 44 000 votos más que Keiko Fujimori. Sin embargo, aún no lo han declarado presidente electo, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de Keiko Fujimori a los resultados electorales. Este es un problema grave porque, a mayor espera, más tiempo tiene Fujimori —con la ayuda de la mayoría de los medios— para sembrar dudas sobre la legitimidad de la elección y seguir diversas estrategias, posiblemente incluso un golpe militar, para revertirla. Una estrategia de la derecha es retrasar la proclamación oficial del presidente electo mas allá del 28 de julio, cuando se supone que debería asumir el poder. De suceder así, el presidente del Congreso podría asumir el cargo, aumentando la probabilidad de que haya más caos y desestabilización. Las autoridades electorales están evaluando los recursos de Fujimori. Sin embargo, es claro que esto no puede continuar indefinidamente. En cuanto a la OEA, su Misión de Observación Electoral en el Perú para esta elección ha coincidido hasta ahora con las autoridades electorales peruanas en que la elección fue limpia. Mantengámoslo así.

Mark Weisbrot / 30 Junio 2021

Op-Ed/Commentary

BoliviaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Lo que la OEA le hizo a Bolivia
The Guardian In English Bolivia vive una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente electo de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre. Ese mes fue “el segundo mes más mortífero, en términos de muertes de civiles cometidas por fuerzas estatales, desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años”, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS, por sus siglas en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR, por sus siglas en inglés) publicado hace un mes. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, el país que tiene el mayor porcentaje de población indígena de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera desproporcionada a los indígenas bolivianos. El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes racistas, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005. La naturaleza racista de la violencia estatal se subraya en el informe de HLS & UNHR, incluyendo testimonios de testigos presenciales que relataron cómo las fuerzas de seguridad utilizaron “lenguaje racista y anti-indígena” cuando atacaron a los manifestantes; y también deja claro que el total de víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe fueron indígenas. Lo que ha recibido aún menos atención, pero es igualmente importante para comprender cómo la democracia de Bolivia fue destruida el pasado noviembre, es el papel de la Organización de los Estados Americanos en este terrible crimen. Como informó finalmente el New York Times el 7 de junio, el análisis "defectuoso" de la OEA inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre "alimentó una serie de eventos que cambió la historia de la nación sudamericana". Como señaló el Times, el análisis de la organización "planteó dudas sobre fraude electoral — y ayudó a derrocar a un presidente...”. De hecho, las acusaciones de la OEA fueron el principal fundamento político del golpe de Estado acontecido tres semanas después de las elecciones del 20 de octubre. Y las acusaciones continuaron durante muchos meses después del golpe. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un conteo preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras los votos son contabilizados. Cuando se contó el 84% de los votos en este conteo preliminar, Morales tenía el 45,7 por ciento de los votos y tenía una ventaja en votos de 7,9 puntos porcentuales por sobre el candidato en el segundo lugar. Luego, la información en este conteo no oficial y no vinculante se interrumpió durante 23 horas, y cuando se retomó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos porcentuales. Al final del recuento oficial fue del 10,5 por ciento. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40 por ciento de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin la necesidad de una segunda vuelta. La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencias para respaldar estas acusaciones, pues no había ninguna. Esto ha sido comprobado y verificado desde entonces, y en repetidas ocasiones, por una gran cantidad de estudios estadísticos especializados, incluido el que le dio los fundamentos al artículo del New York Times del 7 de junio. Como sucede a veces cuando las cifras se convierten en un tema de controversia política, los estudios estadísticos fueron necesarios principalmente para refutar otros — a menudo falsos— análisis estadísticos. Pero la verdad fue bastante clara y fácil de ver a través de los datos disponibles en línea inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), del que soy codirector, hizo uso de esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA un día después de que fueran vertidas; y continuó elaborando una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluyendo un amplio documento rebatiendo el informe final de auditoría de la OEA.  No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que reportaron más tarde sus votos eran más pro-Morales que las que reportaron antes, y esto debido a varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal y como había ido aumentando durante el conteo preliminar. Este es un fenómeno bastante común en las elecciones en todo el mundo. Pero después de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas que reportaron posteriormente sus votos tuvieran una tendencia política distinta que aquellas cuyos votos llegaron antes. Esto en sí mismo es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que de hecho sabían que sus acusaciones eran falsas. No nos cabe en la cabeza que esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se le ocurriese a los expertos electorales en los meses que duró la investigación. El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA “que se retracte de sus declaraciones engañosas sobre las elecciones”. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezados por la congresista Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA en la que formularon 11 preguntas elementales sobre el análisis de la OEA. Una se refería a si habían considerado la posibilidad de que las áreas que informaron sus votos al final fueran “diferentes de alguna manera que las hiciera más propensas a votar por Evo Morales — por un margen más amplio — en comparación con los votantes en los recintos típicos del primer 84% de los votos reportados?” Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido. En julio el Congreso de Estados Unidos celebró sesiones informativas con altos funcionarios de la OEA y los confrontó a algunas de las mismas preguntas; y no hubo ninguna respuesta sustantiva. Con las alegaciones originales — y políticamente decisivas — de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener su asalto a la legitimidad del proceso electoral. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, se desmoronaron ante el escrutinio. La OEA parece empeñada en justificar sus acusaciones iniciales — y claramente falsas — de irregularidades que impulsaron el golpe. Mientras tanto, Bolivia tiene a una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas. En enero advirtió a los votantes en contra de “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, en aparente referencia a la herencia indígena de Morales y de muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces. Las ruedas de la justicia avanzan demasiado despacio tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo del gobierno de Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa de “fraude”, y su declaración orwelliana después del derrocamiento de Morales elogió el golpe: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”. El senador Marco Rubio es uno de los personajes más influyentes en la política del gobierno de Trump hacia América Latina. En este caso se involucró en el asunto antes del primer comunicado de prensa de la OEA: “En #Bolivia todos los indicios creíbles señalan que Evo Morales no logró asegurar el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”, escribió al día siguiente de la votación, y había “cierta preocupación de que alteraría los resultados o el proceso para evitar esto”. Según Los Angeles Times, “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de las elecciones para que reporte un fraude generalizado, y presionó al gobierno de Trump para que apoye la expulsión de Morales”. Esta semana, los representantes estadounidenses Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García pidieron al Congreso de EEUU que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y se asegure de que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos". Este sería un buen comienzo. Traducción de Francesca Emanuele.

Mark Weisbrot / 18 Septiembre 2020

Op-Ed/Commentary

América Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo El ministerio de las Colonias estadounidenses
Le Monde diplomatique en español, mayo de 2020  Ver artículo en sitio original In English Creada en 1948, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye uno de los instrumentos de la proyección geopolítica de Washington en América Latina y los Estados del Caribe, los cuales fueron incorporándose a la organización, uno tras otro, a medida que obtenían su independencia entre las décadas de 1960 y 1980. Por su parte, Canadá, que sólo es miembro de la OEA desde 1990, en la mayoría de las ocasiones se limita a presentar una versión moderada de la línea defendida por la Casa Blanca. Al igual que hiciera Fidel Castro, la izquierda latinoamericana y caribeña percibe a la organización como el “Ministerio de las Colonias de Estados Unidos”; las elites, por su parte, le profesan una deferencia que roza lo sagrado. El puesto de embajador latinoamericano o caribeño en la OEA es uno de los destinos (...) Para más, visite Le Monde diplomatique en español

Guillaume Long / 12 Mayo 2020

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