US Foreign Policy

Política exterior de EE. UU.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

CEPR analyzes and critiques US foreign policy, including through institutions where the US has outsized influence, such as the IMF and the Organization of American States, as well through direct US intervention in other countries.

CEPR analiza y critica la política internacional de EEUU, incluso a través de instituciones donde EEUU tiene una influencia descomunal, como el FMI y la Organización de Estados Americanos, así como a través de la intervención directa de EEUU en otros países.

Op-Ed/Commentary

BrasilAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaPolítica exterior de EE. UU.El Mundo Asegurémonos de que, esta vez, el gobierno de EE.UU. respete la democracia en Brasil
Folha de S.Paulo Ver artículo original en portugués In English El pueblo brasileño ha votado el fin de la presidencia de un monstruo y ahora tiene la oportunidad de restaurar la democracia que había perdido. Bolsonaro tuvo una gestion pesima de la pandemia, difundiendo abundante información errónea sobre el Covid que contribuyó al número de muertos en Brasil de más de 600,000 personas. La deforestación de la Amazonía se aceleró: la cantidad deforestada en 2021 se incrementó en más del 70% que cuando asumió el cargo en 2018. También elogió y defendió la dictadura militar de Brasil y dijo que no acabó con la vida de suficientes personas. Al igual que Trump, Bolsonaro amenazó con rechazar los resultados de las elecciones si perdía. Lula da Silva derrotó a Bolsonaro por más de 2 millones de votos. Anteriormente fue un presidente de talante transformador (2003-2010) e inmensamente popular cuando dejó el cargo. Durante su presidencia, la tasa de pobreza de Brasil se redujo en un 50 por ciento y la pobreza extrema en un 49 por ciento. El ingreso por persona creció un 2,9 por ciento anual; más de 5 veces más rápido de lo que había crecido en los 20 años previos. El desempleo cayó del 13 al 8,5 por ciento. La mayor parte del mundo está celebrando justificadamente junto a la mayoría de los brasileños. Pero el mundo debería saber más acerca de cómo zozobró esta democracia y qué actores y eventos clave contribuyeron a este naufragio; para que no se repita. La democracia en Brasil se fue a pique cuando la presidenta Dilma Rousseff fue objeto de un impeachment sin haber cometido delito alguno. Y la democracia quedó sepultada cuando Lula da Silva fue encarcelado para evitar que se presentara a la reelección en 2018. Su condena fue posteriormente anulada luego de que los tribunales determinaran que el juez que lo condenó, Sergio Moro, carecía de imparcialidad. Moro fue designado como ministro de Justicia cuatro días después de la elección de Bolosonaro. La evidencia para la condena de Lula estuvo basada en el testimonio de un ejecutivo de una empresa constructora, quien había sido condenado por un escándalo de corrupción, y a quien se le redujo la pena carcelaria a cambio de su testimonio. De hecho, el periódico Folha de São Paulo informó que este ejecutivo no pudo negociar su pena (tras declararse culpable) hasta que no hubiese cambiado su testimonio para implicar a Lula en un presunto delito.  Cuando escribí sobre este juicio engañoso para la sección de opinión del New York Times en 2018, mi columna fue la primera publicación en los medios convencionales de EEUU que incluía estos hechos elementales, además de disponibles públicamente, y que muestran que el juicio de Lula fue claramente una persecución política. Estos hechos eran necesarios para tener una lectura de lo que la élite tradicional de Brasil estaba haciendo en realidad: destruir el estado de derecho y prescindir de la independencia del poder judicial para ganar lo que no pudieron ganar durante 14 años en las urnas, es decir, conseguir derrotar al Partido de los Trabajadores. ​​El Partido de los Trabajadores fue derrotado, pero no sin la ayuda significativa, quizás decisiva, del gobierno de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses tuvieron una serie de iniciativas públicas, tales como reuniones amistosas con los impulsores del impeachment de Dilma en Washington y Río de Janeiro mientras el juicio político estaba en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también contribuyó significativamente a la investigación que condujo a la persecución política y al encarcelamiento de Lula. Por ejemplo, en 2015, 17 funcionarios estadounidenses acudieron a la sede donde se investigaba la operación Lava Jato, a la vez que intentaron ocultar la visita del Ejecutivo estadounidense. Las autoridades de EEUU también acordaron transferir una parte de las multas recaudadas en EEUU a una fundación privada encabezada por los fiscales brasileños de Lava Jato. Este arreglo fue luego suspendido por la corte suprema de Brasil. Quienes consideran importante la democracia en Brasil tendrán que estar atentos a lo que haga el gobierno de Estados Unidos en los meses y años venideros.

Mark Weisbrot / 09 13:21:00 Noviembre 2022

Op-Ed/Commentary

ColombiaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo Washington le da una cálida bienvenida a controvertido expresidente colombiano
Nodal Responsible Statecraft Ver artículo en el sitio original In English El 7 de agosto, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, asumió como presidente de Colombia.  Ese mismo día, el antecesor de Petro, Iván Duque, dejó el cargo con un índice de aprobación abismal.  En palabras del New York Times, “las políticas fallidas de Duque (…) lo convirtieron en uno de los líderes más impopulares en la historia reciente de Colombia”.  Sin embargo, el expresidente aún podría tener un futuro brillante en Washington, DC.  Apenas dos días después de la asunción de Petro, el Woodrow Wilson Center, con sede en el corazón de la capital estadounidense, anunció que el expresidente había sido seleccionado como asociado distinguido (en inglés:  distinguished fellow) del Centro. La historia no recordará amablemente a Duque.  Mientras era presidente, desmanteló parcialmente el histórico acuerdo de paz de Colombia, con consecuencias desastrosas para las comunidades pobres de color en las zonas de conflicto. Supervisó la represión masiva de las protestas contra sus políticas económicas, lo que resultó en la muerte de decenas de jóvenes manifestantes.  Él y sus aliados interfirieron en la política interna en otros países, incluso en las elecciones estadounidenses de 2020.   Sin embargo, a partir del otoño, Duque recibirá un estipendio mensual de $ 10.000 y tendrá una cómoda oficina a un par de cuadras de la Casa Blanca.  ¿Qué onda?  ¿Por qué un destacado think tank de DC, uno que recibe fondos del gobierno de los EE. UU., otorga una beca a un expresidente muy vilipendiado que tiene un alarmante historial manchado de sangre?   La respuesta tal vez radica en la relación extraordinariamente estrecha – "la excepcional colaboración", como dijo el presidente Biden – que ha existido entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia. Líderes como Duque han apoyado enérgicamente muchas de las prioridades políticas de Washington, en Colombia y a nivel regional. A cambio, han recibido respaldo político incondicional y miles de millones de dólares de asistencia de la administración estadounidense.  Bajo el nuevo presidente progresista de Colombia, esta relación parece estar cambiando de rumbo, provocando ansiedad dentro de la élite de la política exterior de EE. UU. Duque fue elegido en 2018, en gran parte gracias al respaldo de su mentor político, el expresidente ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010).  Durante su presidencia, Uribe llevó a cabo una estrategia militar de tierra quemada contra grupos guerrilleros de izquierda, con un respaldo logístico y financiero sin precedentes de los Estados Unidos bajo la iniciativa del “Plan Colombia”.  Fuera de las devastadas zonas de conflicto de Colombia, Uribe siguió siendo una figura popular, a pesar de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares asesinos y narcotraficantes.  Duque, quien se acostumbró a referirse a Uribe como el “presidente eterno”, prometió continuar con sus políticas de línea dura.   El primer blanco a atacar fue el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la larga y trágica guerra entre la insurgencia guerrillera de las FARC y el Estado colombiano.  Según los informes, durante esta guerra de cinco décadas, 450.000 personas fueron asesinadas. Al menos 205.000 de estos asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares vinculadas al establishment policial y de seguridad de Colombia, según una Comisión de la Verdad independiente creada en virtud del acuerdo.  Los archivos desclasificados muestran que el gobierno de EE. UU. estaba al tanto de que el ejército colombiano llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y trabajó en conjunto con grupos paramilitares.  Sin embargo, las relaciones entre el Pentágono y el ejército colombiano se hicieron más profundas.  La ayuda de seguridad de EE. UU. continuó fluyendo, por una suma de $ 7,7 mil millones entre 1996 y 2016.   El acuerdo de paz le valió al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) el Premio Nobel de la Paz.  También le valió la cólera furiosa de su antiguo aliado Uribe.  La campaña presidencial de Duque en 2018, en la que Uribe tuvo una gran presencia, se centró en oponerse al acuerdo. Una vez en el poder, Duque encontró varias maneras de debilitarlo. Redujo drásticamente la financiación de programas fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional. Desvió fondos destinados a financiar programas para abordar la enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y para permitir que los cultivadores de coca hicieran la transición a cultivos lícitos.   Lo peor de todo es que Duque no hizo cumplir adecuadamente las garantías de seguridad para miles de combatientes de las FARC desmovilizados y líderes comunitarios.  Bajo Duque, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron ausentes en gran medida en las áreas de conflicto o no se desplegaron cuando se necesitaban.  Como resultado, los grupos armados ilegales se han multiplicado y la violencia se ha disparado a niveles observados durante el apogeo del conflicto armado. Mientras Duque estuvo en el cargo, 930 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 261 masacres en las que murieron 1.144 personas, según el grupo de derechos humanos Indepaz.   Lamentablemente, el desastroso historial de Duque como presidente no se detiene ahí. La presidencia de Duque fue marcada por las protestas más grandes de la historia colombiana contemporánea.  Aunque fueron una respuesta a las impopulares políticas de Duque en lo económico, lo educativo y lo sanitario, los niveles cada vez mayores de pobreza y de desigualdad de ingresos del país (los más altos de América Latina) también fueron factores que desencadenaron una indignación de gran alcance entre los jóvenes colombianos. Las protestas masivas fueron respondidas con una represión feroz y violenta por parte de las fuerzas policiales y militares.  Más de 80 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, fueron asesinadas, y muchas otras fueron torturadas o agredidas sexualmente. Duque y los funcionarios de su gobierno restaron importancia a los abusos de las fuerzas de seguridad y con frecuencia describieron las protestas como intentos de desestabilizar al gobierno en nombre de terroristas, narcotraficantes, gobiernos extranjeros y opositores políticos como Gustavo Petro.  Hablando en un evento de mayo de 2021 en el Wilson Center, Duque se refirió al contexto preelectoral e hizo referencias apenas veladas a Petro y su equipo como “personas que podrían querer (…) construir sus aspiraciones basadas en el caos”.  En el mismo evento, y mientras las protestas continuaban en Colombia, el presidente del Wilson Center, Mark Green, dijo a la audiencia que “el gobierno de Duque es un socio y aliado clave de los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestros intereses políticos, económicos y estratégicos, se superponen de muchas maneras”.   De hecho, a pesar de todas sus fallas, el presidente Duque fue un aliado leal de los Estados Unidos.  Al igual que su mentor Uribe, apoyó las prioridades clave de Estados Unidos, incluso cuando eran dañinas y contraproducentes.  Continuó prosiguiendo la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, basada en un enfoque agresivo y militarizado que a menudo criminaliza a comunidades enteras y se enfoca en la erradicación de cultivos a toda costa.  Se unió a los EE. UU. para apoyar la fumigación aérea de las plantaciones de coca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planteara su grave preocupación con respecto al impacto tóxico de la fumigación en la salud de los habitantes locales y en el medio ambiente.  La Comisión de la Verdad de Colombia ha criticado duramente el enfoque de la política antinarcóticos de Estados Unidos, culpándolo de endurecer el conflicto armado en el país.  Lo cual tampoco parece haber funcionado: la producción de cocaína en Colombia ha ido en constante aumento y ahora se encuentra en el triple del nivel observado en 2012.   Duque, como la mayoría de sus predecesores, también ha sido un promotor constante de los objetivos de la política estadounidense en otras partes de América Latina.  Apoyó firmemente los esfuerzos de la administración Trump respecto de un cambio de régimen en Venezuela, apoyando abiertamente los intentos de golpes militares allí y permitiendo que mercenarios y soldados venezolanos disidentes se entrenaran en Colombia.   Al igual que la administración de EE. UU., recibió con mucho agrado la destitución del presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, por parte de los militares y los políticos de extrema derecha.  En Ecuador, el procurador general de Duque, un amigo cercano, intervino agresivamente en las elecciones del país de 2021 en un claro esfuerzo por socavar al candidato de izquierda Andrés Arauz y reforzar la campaña del candidato de Washington, Guillermo Lasso (para total transparencia: Arauz es actualmente un economista en mi organización, CEPR).  Los aliados políticos de Duque, incluido Uribe, incluso se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2020, apoyando abiertamente a Trump y a los candidatos al Congreso en el sur de Florida. Aun así, Duque luego tuvo excelentes relaciones con la administración Biden. En cada oportunidad, pregonó su apoyo a la política latinoamericana de Biden, que en muchos sentidos es una continuación de la política de Trump.  Cuando Biden recibió críticas mordaces de muchos líderes regionales por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Duque utilizó su discurso en la cumbre para lanzar una larga diatriba contra los tres países. Duque recibió elogios en Washington por ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de migrantes venezolanos, al tiempo que apoyaba las sanciones de Estados Unidos que han sido responsables de decenas de miles de muertes de civiles en Venezuela y que contribuyeron al aumento de la emigración. La administración de Biden ha recompensado generosamente a Duque, con una serie de eventos de alto nivel con el secretario de Estado Tony Blinken y con el propio Biden.  En una ceremonia en la Casa Blanca en marzo, Biden designó a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, un impulso para el movimiento político de Duque solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Colombia.  La administración estadounidense también dejó perfectamente claras sus preferencias políticas con vistas a las elecciones presidenciales en Colombia de junio.  Altos diplomáticos estadounidenses emitieron declaraciones de preocupación sobre los temores de una intervención rusa, cubana y venezolana en las elecciones, con la implicación tácita de que apoyaban a Petro.  Los funcionarios estadounidenses también evitaron deliberadamente reunirse con Petro antes de las elecciones, mientras sí se reunían con otros candidatos destacados. Duque es ahora un asociado distinguido (de igual modo que Uribe que se convirtió en profesor visitante en la Universidad de Georgetown después de su presidencia).  Petro es presidente. Cabe notar que Biden llamó a Petro después de su elección y le dijo que esperaba trabajar juntos en la política climática y la implementación del acuerdo de paz.  Pero puede llevar un tiempo para que la administración estadounidense se acostumbre a la idea de que Colombia ya no es el principal agente de sus intereses en América Latina.  Entre otras cosas, Petro ya está restableciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y ha dejado en claro que tiene una visión muy diferente sobre la política de drogas que la que Estados Unidos ha promovido durante años.  Queda por verse si la administración estadounidense realmente aceptará la nueva realidad política en Colombia o si intentará socavar, o incluso derrocar, a su gobierno, como lo ha hecho tantas veces antes en América Latina.

Alexander Main / 24 08:29:00 Agosto 2022

Op-Ed/Commentary

HaitiAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.VenezuelaEl Mundo Cumbre de las Américas: la omisión del caso de Haití
El Diario Ver artículo en el sitio original In English La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos será la sede de la Cumbre de las Américas el próximo mes. La reunión de jefes de Estado se celebra aproximadamente cada tres años desde su primera reunión, y la última celebrada en Estados Unidos fue en 1994. Gran parte de la atención se ha centrado esta vez en quién no estará presente. Los funcionarios estadounidenses han señalando que no tienen intención de invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero se ha prestado menos atención a quién sí asistirá: el primer ministro de facto de Haití, un país que carece de jefe de Estado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio. La decisión de invitar a Ariel Henry, primer ministro en funciones de Haití, pone de manifiesto la hipocresía en la política exterior de Estados Unidos en la región y, por otro lado, la enorme ceguera de los gobiernos de América Latina y el Caribe ante el deterioro de la situación en Haití, en la que Estados Unidos y toda la región son cómplices.  “Creo que el presidente ha sido muy claro sobre la presencia de países que por sus acciones no respetan la democracia: no recibirán invitaciones”, dijo el mes pasado el máximo responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. La decisión de invitar a Henry socava este mensaje y deja claro que las exclusiones no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos o la democracia. Tienen que ver con la hegemonía. Las últimas elecciones en Haití tuvieron lugar en 2016; menos del 20% de los votantes registrados participaron, o se les permitió hacerlo. Moïse ganó la presidencia con los votos de sólo aproximadamente 5% de la población. En comparación, más del 20% de la población depositaron un voto a favor de tanto Ortega como de Maduro. Y para quienes consideran que la diferencia es que en Venezuela y Nicaragua estas cifras no son creíbles o que las condiciones de las elecciones no fueron buenas, harían muy bien en prestarle más atención a Haití. En 2020, los mandatos de casi todos los parlamentarios y de todas las autoridades locales expiraron, después de lo cual Moïse gobernó por decreto. En aquel momento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajó a Haití y apareció junto al presidente Moïse, dejando en claro que para la OEA esta situación no era un problema. El verano pasado, Moïse – que según muchos juristas ya había sobrepasado el límite de su mandato, pero que aún contaba con el respaldo de Estados Unidos y de la OEA – fue asesinado. En la actualidad, los únicos representantes electos en todo el país cuyo mandato no haya expirado son 10 senadores, pero juntos no tienen ni siquiera quórum para legislar. Pero el colapso de la democracia haitiana no se produjo en un vacío, y no sólo los dirigentes de Estados Unidos y la OEA tienen las manos manchadas de sangre. En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Casi ningún gobierno del hemisferio lo denunció. En Haití, las tropas estadounidenses fueron rápidamente sustituidas por una misión de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, para ayudar a consolidar el derrocamiento del presidente.  Diplomáticos estadounidenses describieron la misión como “una herramienta indispensable” para llevar a cabo la política de Estados Unidos, y señalaron, significativamente, que sin esa misión, Estados Unidos “recibiría mucha menos ayuda de nuestros socios hemisféricos... para manejar Haití”. Los países latinoamericanos fueron colocados a la cabeza; Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Guatemala contribuyeron con tropas, mientras que el ejército de Brasil estuvo a cargo de la misión. Esta intervención extranjera se profundizó tras el devastador terremoto de 2010, cuando se utilizaron miles de millones de dólares de ayuda extranjera como palanca para el control político. Ese mismo año, en medio de elecciones fatalmente defectuosas en el contexto de más de un millón de haitianos aún desplazados, se pidió a la OEA que revisara los resultados electorales. Sin un recuento completo ni ningún análisis estadístico, la OEA recomendó cambiar los resultados electorales. Estados Unidos y otros donantes amenazaron con no desembolsar la crítica ayuda financiera al menos que el gobierno aceptara este cambio de resultado. Un músico de derecha muy trumpiano, Michel Martelly, fue llevado a la presidencia. Una vez más, esta flagrante violación de la soberanía de Haití se llevó a cabo sin que la región reaccionara. Todo esto nos lleva al ascenso político de Ariel Henry. Por pedido de Martelly, Henry fue nombrado primer ministro por decreto presidencial pocos días antes del asesinato de Moïse, pero aún no había tomado posesión del cargo. En su lugar, el poder quedó inicialmente en manos del primer ministro de entonces, Claude Joseph. Pero, aproximadamente una semana después del magnicidio, el “Grupo Central”, un cuarto poder de facto que se formó tras el golpe de 2004 y compuesto en su totalidad por diplomáticos extranjeros, dio su apoyo a Henry. En pocos días, se convirtió en primer ministro. No fue la democracia la que llevó a Henry a asumir el poder, sino la intervención nociva de las potencias extranjeras. Esos mismos actores siguen apuntalando el débil gobierno de Henry, a pesar de los vínculos del primer ministro con el asesinato de Moïse. Uno de los principales sospechosos es un antiguo hombre de confianza de Henry, y los registros telefónicos muestran que ambos hablaron más de una docena de veces en el período previo al asesinato, y luego otra vez a las 4 de la mañana, apenas unas horas después del brutal crimen. Henry, no obstante, se ha negado a responder a las preguntas sobre lo que sabía y cuándo. En lugar de ello, despidió al fiscal que lo convocó a declarar, y ha socavado la autoridad de los jueces asignados al caso – el cuarto juez acaba de ser apartado del caso tras denunciar al gobierno por no proporcionarle protección y por “entregarle” a él y a su familia a “los asesinos”.  Tras más de nueve meses en el cargo, Henry no ha logrado consolidar una coalición capaz de dirigir el país y organizar nuevas elecciones. Se ha negado a abandonar el poder o a negociar con la oposición, incluida la histórica coalición de organizaciones de la sociedad civil que se han unido en torno a una agenda común para que el país vuelva a la democracia con soberanía. Mientras tanto, grupos de civiles armados, a menudo respaldados por policías y funcionarios gubernamentales corruptos, han llevado a cabo una campaña de terror en Puerto Príncipe, desplazando a miles de personas y matando a decenas. Líderes progresistas de todo el hemisferio han rechazado la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Argentina, que ostenta la presidencia pro témpore de la CELAC – una agrupación regional que, a diferencia de la OEA, no incluye a Estados Unidos ni a Canadá – ha criticado esta decisión, al igual que el Grupo de Puebla, que cuenta con un número importante de funcionarios y ex funcionarios de gobierno. El CARICOM comunicó que sus miembros están considerando un boicot a la cumbre si no se invita a Cuba, al igual que los presidentes de Bolivia y Honduras. El más directo ha sido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Voy a insistir ante el presidente Biden en que ningún país de las Américas sea excluido de la cumbre del próximo mes”, dijo a principios de mayo. López Obrador tiene razón, y el mismo principio debe aplicar a Haití. Excluir a Henry de la cumbre no es una solución, pero los líderes regionales deberían tener las ideas claras cuando le estrechen la mano en Los Ángeles en junio, y harían bien en recordar sus lecciones de historia. La realidad es que América Latina tiene una enorme deuda con Haití, que, tras su exitosa revuelta de esclavos contra los franceses en 1804, proporcionó protección, dinero y municiones a Simón Bolívar en su lucha por la independencia contra España. A pesar de esto, a lo largo del siglo XXI, América Latina ha sido menudo cómplice del neocolonialismo estadounidense en Haití. Ya es hora de corregir

Jake Johnston / 05 Junio 2022

Op-Ed/Commentary

Política exterior de EE. UU.El Mundo A salvo del precipicio: Argentina y el FMI negocian un mejor acuerdo
Perfil Foreign Policy Globedia Ver artículo en el sitio original In English El acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó al país y al mundo del borde de la cesación de pagos, lo que podría haber amenazado la estabilidad del sistema financiero internacional. Como con cualquier acuerdo negociado, no era ideal. Pero fue un acuerdo sin precedentes, ambas partes entendieron claramente los peligros de caer en el abismo de lo desconocido: ¿Qué pasaría si no se llegara a un acuerdo? Lo que es más importante, el FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. El acuerdo brinda a Argentina espacio para continuar con su recuperación económica. El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández enfrenta arduas adversidades producto de una enorme carga de deuda y otras restricciones heredadas del acuerdo con el FMI de 2018 realizado por el gobierno anterior de Mauricio Macri. También está lidiando con el flagelo del COVID-19. Pero el país logró una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento el año pasado, cuando los economistas habían pronosticado una recuperación mucho más tibia. Con una economía en crecimiento, lograron reducir su déficit fiscal primario en un 3,5 por ciento del PIB en 2021. Argentina simplemente quería la capacidad de continuar con su recuperación — sin las condiciones dañinas que tan a menudo se han incluido en programas anteriores del FMI. La mayoría de los economistas reconocen la importancia de que los gobiernos brinden apoyo fiscal a las economías que hoy se están desacelerando en medio de la pandemia y sus impactos económicos y de salud. Eso es lo que han hecho las administraciones de Trump y Biden en Estados Unidos. Eso es todo lo que Argentina había estado pidiendo para sí, dentro de los límites de sus propios recursos. Y logró una balanza comercial favorable. Argentina no estaba pidiendo una nueva entrada de fondos; el gobierno solo necesitaba evitar condiciones que sofocarían la recuperación económica o perjudicarían a los pobres y gente trabajadora. La ironía aquí es que la misión principal del FMI es proporcionar préstamos en moneda fuerte a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos. Pero los gigantescos pagos de la deuda al FMI se han convertido en el principal riesgo para la balanza de pagos de Argentina. Lo que hace que este acuerdo sea tan importante es que puede sentar un precedente para hacer frente a la reestructuración de la deuda y las crisis financieras que podrían surgir tras la pandemia. Los niveles de deuda han aumentado alrededor del mundo. Los países de altos ingresos como Estados Unidos pueden manejarlos, pero muchos países en desarrollo y mercados emergentes estarán estresados hasta el límite. El acuerdo les da la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso. Un poco de historia Un poco de historia explica cómo Argentina se metió en este lío. Su acuerdo con el FMI de 2018 requería que el gobierno ajustara su presupuesto en un 4,4 por ciento del PIB entre 2018 y 2020 para “restaurar la confianza del mercado”. Tuvo el efecto contrario, y la economía se contrajo. El FMI duplicó la apuesta y optó por un ajuste fiscal y monetario aún mayor. El FMI había proyectado resultados positivos crecimiento de 0,4 por ciento para 2018 y 1,5 por ciento para 2019 bajo su programa; en cambio, hubo recesión, con un crecimiento del PIB de -2,6 por ciento para 2018 y -2 por ciento para 2019. La pobreza aumentó en 50 por ciento. Cuando llegó la pandemia, la situación empeoró mucho, con una caída del PIB del 9,9% en 2020. Una evaluación interna del FMI publicada en diciembre de 2021 expresó una crítica sin precedentes a su contrato de préstamo 2018 y condiciones. El informe señaló que “el programa terminó con una postura de política procíclica y, se puede decir, empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, y que sus colegas debían haber previsto, basándose en investigaciones anteriores del FMI, que un ajuste presupuestario de esta magnitud podría ser un “autogol”. Los miles de millones de dólares que prestó el FMI, sin imponer controles de capital, permitieron a los ricos y bien conectados sacar su dinero de Argentina a un tipo de cambio más favorable — dejando al país sin nada que mostrar por los US$ 44 mil millones, salvo un enorme agujero en su balance. En febrero de 2020, el FMI concluyó que la deuda de Argentina era insostenible. Esto ayudó al nuevo gobierno a negociar con éxito una reestructuración de la deuda soberana con acreedores privados en 2020. Esta reestructuración no tuvo precedentes en algunos aspectos importantes. Permitió la recuperación económica, con un aumento del empleo de alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo. Según el gobierno cifras, la inversión también aumentó en un 35 por ciento. Algunos de los mismos debates económicos ocurrieron en los meses previos al acuerdo de la semana pasada entre Argentina y el FMI. El gobierno argentino, con sus economistas bien formados, insistió en que la austeridad es contractiva, algo que debería parecer obvio para cualquiera que tenga hecho un curso elemental de macroeconomía. Pero en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que sostiene que las políticas contractivas pueden ser expansivas; fue este punto de vista el que predominó en el préstamo de Macri de 2018. No funcionó entonces: no hay sorpresa. Prácticamente nunca ha funcionado. El “razonamiento” (si podemos dignificarlo con esa palabra) es que el compromiso por la austeridad devolverá la confianza, la confianza dará lugar a entradas de inversión, y estas entradas compensarán con creces las reducciones del gasto público. Lo que pasó en Argentina es lo que suele suceder: la recesión económica erosionó la confianza; la inversión cayó; y los bancos resultaron perjudicados, recortando los préstamos en un círculo vicioso descendente. Los peligros de que esto suceda en Argentina, de haberse impuesto la austeridad, serían especialmente grandes. Dadas las circunstancias de Argentina y la probabilidad de un aumento de las tasas de interés internacionales — probablemente habría poco en términos de flujos de capital o inversión extranjera. La idea de que recortar el gasto público restauraría mágicamente la confianza, lo que conduciría a una afluencia de dinero y compensar la pérdida de apoyo fiscal, es pura fantasía. Los defensores de la austeridad han criticado al gobierno actual por no reducir la tasa de inflación más rápido. La inflación fue otro legado adverso que el gobierno de Fernández heredó de Macri. Aunque la inflación ahora es un poco menor que antes de que asumiera el gobierno, ha habido pocos avances para reducirla. Pero si uno sopesa los costos y los beneficios de hacer más, el gobierno se ha inclinado por el lado correcto. Por lo general, hay tres preocupaciones acerca de la inflación: primero, que se vuelva desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, que destruya el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021, superando las secuelas de COVID-19. Y finalmente, que la inflación pueda aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El gobierno ha incrementado los programas antipobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema. El aumento del empleo en alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo debido a la recuperación de 2021 ha sacado a muchas personas de la pobreza. La pregunta relevante es, por lo tanto, contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno pusiera la reducción de la inflación, en lugar del crecimiento y la reducción de la pobreza, en el centro de su agenda? Es casi seguro que el crecimiento y el empleo habrían sido mucho menores y la pobreza mucho mayor. Ninguno de los críticos de las políticas de Argentina ha presentado una agenda económica creíble, dado el desbarajuste que heredó el gobierno y las realidades del COVID-19, por las cuales hubiera habido una mayor reducción de la inflación sin efectos desfavorables sobre la pobreza y el crecimiento. El gobierno de Macri demostró que se podía hacer mucho peor: obtener una alta inflación incluso con un crecimiento negativo y aumentos masivos de la pobreza. Sería hipócrita que quienes viven en países de altos ingresos defiendan lo que hicieron para enfrentar el desafío de la COVID-19 y luego exijan que Argentina haga exactamente lo contrario: una práctica familiar hecha sobre las políticas del FMI durante años. Habría habido una reacción política violenta y un rechazo generalizado de tales políticas económicamente destructivas en todo el mundo. Y dado que Estados Unidos es el único país con poder de veto del FMI, así como su influencia predominante en ese espacio, se habría culpado a Washington. Con toda la agitación que está pasando en el mundo, la administración Biden y sus aliados no necesitan otra crisis. En cambio, la admininstración Biden ha demostrado las ventajas de la cooperación global, asegurando que los expertos, en lugar de solo grupos de intereses especiales, tomen asiento en la mesa de la toma de decisiones. Aunque podemos celebrar este importante paso adelante, estamos lejos de estar fuera de peligro. Como señalamos, es probable que haya múltiples crisis en los próximos años. Argentina ha sido capaz de recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones, en macroeconomía, reformas estructurales y reestructuración de la deuda. Muchos otros no tendrán estas ventajas. El mundo necesita mejores mecanismos para asegurar que los intereses de todos los países — y especialmente los pobres dentro ellos — están representados en organizaciones que se supone que son multilaterales y se preocupan por todos los ciudadanos. En el FMI, Estados Unidos y sus aliados de altos ingresos tienen alrededor del 60 por ciento del poder de voto y, por lo tanto, toman casi todas las decisiones que afectan a sus 190 países miembros, a veces de manera bastante dramática, como en el acuerdo de préstamo argentino de 2018. Y cualquier programa como éste implica la vigilancia del FMI de las políticas de Argentina en los próximos años. Habrá una serie de eventos imprevistos e imprevisibles, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de Argentina como entre Argentina y el FMI. Con suerte, en los próximos años, ambas partes cumplirán con el espíritu de cooperación y compromiso con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza que marca a este acuerdo. Al final, es la voz de los ciudadanos de un país la que debe escucharse con más fuerza en una democracia. Por más mal diseño el acuerdo del FMI con el gobierno de Macri, por más mala implementación de dicho, es el gobierno actual y los ciudadanos argentinos los que han tenido que asumir las consecuencias. El gobierno, trabajando junto con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas ocasionadas por el COVID-19 y por las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto.

Joseph StiglitzMark Weisbrot / 04 Febrero 2022

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