Mark Weisbrot El Economista, 11 de marzo, 2016 Boston Review, 1 de marzo, 2016 Ver el artículo original. In English Las elecciones de diciembre en España fueron la prueba, si alguien la necesitaba, de que la lucha por el futuro económico y social de Europa está lejos de llegar a su fin. Por primera vez en tres décadas, ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado en España desde su transición incompleta a la democracia ha sido capaz de formar una coalición de gobierno. El partido de derechas en el gobierno en funciones, el Partido Popular –con raíces en la dictadura fascista de Francisco Franco– sigue siendo el partido con mayor presencia en el Congreso, pero su representación se ha reducido un tercio. Al partido de centro-izquierda (PSOE), que perdió su mayoría frente al PP en 2011 a causa de su respaldo de la austeridad, le fue incluso peor. Muchos de sus antiguos votantes fueron a parar principalmente a Podemos, un nuevo partido de izquierda, con menos de dos años de vida, que nació de las masivas protestas contra la austeridad. Podemos sorprendió a los gabinetes demoscópicos y a la mayoría de los medios de comunicación al conseguir el 20,7% de los votos, a sólo 1,3 puntos del PSOE. El PP obtuvo el 28,7% y un nuevo partido, denominado Ciudadanos, que algunos han calificado como “el Podemos de derecha”, obtuvo el 13,9%. La agitación política que rompió el sistema bipartidista en España forma parte de un proceso en curso que ha asediado a los gobiernos europeos desde la recesión mundial de 2009. Se estima que el PIB de los diecinueve países de la Eurozona ha crecido un 1,5% en 2015; algunos pueden haber pensado que una recuperación económica tan débil y la capitulación del gobierno griego ante las demandas europeas el pasado julio marcan el principio de una solución al malestar económico de Europa. Esto todavía dejaría una multitud de problemas, tanto reales como sobredimensionados: la crisis migratoria, el terrorismo, el referéndum propuesto en Reino Unido sobre la pertenencia a la UE. Pero el problema económico está en el centro de la mayor parte de problemas y puede dificultar considerablemente su solución. La llegada de hasta un millón de inmigrantes a una población europea de más de 503 millones de personas no sería tan volátil políticamente si la región no conociera además un desempleo masivo y una inseguridad económica prolongada. La solución del problema económico se enfrenta a dos obstáculos principales: primero, la pérdida de soberanía económica y democracia, que permitirá, en los casos en que no les fuerce, a los gobiernos cambiar de dirección frente al fracaso económico a largo plazo; y segundo, las narrativas falsas con las que generalmente se presenta al público la economía europea, propagando un diagnóstico equivocado. La pérdida de soberanía económica es la principal razón de que la zona Euro tenga una tasa de desempleo más de dos veces superior a la de Estados Unidos. Incluso si los votantes estadounidenses hubieran elegido a Mitt Romney en 2012, éste no se hubiera atrevido a hacer lo que los gobiernos de la Eurozona –especialmente los de los países más vulnerables– han hecho, ya que habría supuesto un obstáculo a su reelección. Los países de la Eurozona cedieron el control sobre sus políticas macroeconómicas más importantes: la política monetaria (incluidos los tipos de interés), la política de la tasa de cambio (adoptando el euro) y cuando empezaron los problemas descubrieron que también su política fiscal (impuesto y gasto público) podía ser incautada por una élite ajena a sus intereses. Sin soberanía económica nacional, hay poco lugar para la democracia en la política económica. Esta debiera de haber sido la lección que todos deberíamos haber extraído de los últimos siete años. Los países de la Eurozona entregaron su soberanía a un grupo de personas con una agenda política bastante hostil a los intereses de la mayoría de los europeos –un grupo al que los ciudadanos jamás hubieran votado–. Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas bajo el primer gobierno del primer ministro Alexis Tsipras entre enero y julio del año pasado, ha señalado que el Eurogrupo de ministros de economía y finanzas –con quienes trataba de negociar el futuro de Grecia– “ni fue elegido ni rinde cuentas a nadie” y que ni siquiera cuenta con un estatus legal. Pero la llamada “troika”, que ha dictado muchas de las decisiones económicas a Grecia en los últimos seis años de recesión –el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el FMI–, no es muy diferente. Hay una serie de documentos que detallan la agenda económica de la troika y el Eurogrupo. El artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI requiere que los países miembros mantengan reuniones regulares con el FMI y que éstas deriven en un informe que describa el estado actual de la economía y recomiende diferentes políticas. Una ojeada a 67 de las denominadas reuniones del artículo IV para los 27 países de la UE entre 2008 y 2011 muestra un patrón sorprendentemente consistente. Hay recomendaciones orientadas a reducir el empleo y los salarios en el sector público, recortar el gasto en pensiones y asistencia sanitaria, endurecer las condiciones para optar a seguro de desempleo y otras medidas para incrementar la fuerza de trabajo, modificar leyes para que reduzcan el poder de negociación de los trabajadoras, entre otros muchos cambios tendentes al aumento de la desigualdad. En la medida en que estos documentos son un producto de la negociación entre los funcionarios del ministerio de finanzas y el personal del FMI –dirigido por directores europeos– representan un consenso de élite muy alejado de lo que los ciudadanos de estos países querrían o manifestarían a través de su voto. Como era de esperar, son estas mismas políticas las que se han implementado, con especial insistencia en los países más vulnerables de la Eurozona, desde 2010. La lucha en curso es, por tanto, mucho más que el habitual conflicto entre acreedores y deudores, o incluso entre países acreedores y países deudores (a pesar del evidente liderazgo de Alemania en el bando de la austeridad). De hecho, los acreedores privados griegos vieron reducidos en un 50% en sus principales bonos a principios de 2012, a pesar de que pudo haberse evitado en su mayor parte con simple respaldo del BCE a los bonos griegos cuando empezaron a tener problemas en 2009. Esto es lo que teóricamente debe hacer un banco central y lo que el BCE finalmente hizo con los bonos españoles e italianos en julio de 2012, cuando el presidente del BCE Mario Draghi anunció que iba hacer “todo lo que sea necesario” para asegurar la estabilidad del euro. Estas cinco palabras pusieron fin a la parte financiera de la crisis europea; el momento crítico se hizo evidente en los intereses de los bonos de los gobiernos español e italiano, que cayeron de picos insostenibles de 6 e incluso 7% a alrededor de 1,6% en la actualidad (bonos italianos a diez años). La pregunta que quedó sin responder es: ¿por qué el BCE no hizo esto dos años antes, y evitó así las crisis que se repitieron en 2011 y 2012? La respuesta puede encontrarse en los documentos del Artículo IV del FMI, así como en las declaraciones de los funcionarios europeos. En una reunión del Artículo IV con Francia en 2009 se puede leer: “La experiencia histórica indica que consolidaciones fiscales exitosas se hicieron con frecuencia en medio de recesiones económicas o en estadios iniciales de recuperación”. En otras palabras, las autoridades europeas vieron la crisis financiera como una oportunidad para forzar a los gobiernos de la Eurozona a aceptar sus términos y condiciones. Es importante entender esto porque muestra hasta qué punto están comprometidos con ese consenso de élites para rehacer Europa. Estaban dispuestos a hacer pasar a la Eurozona dos años más de crisis y recesión –una desaceleración que los Estados Unidos, cuya Gran Recesión acabó en junio de 2009 (18 meses después de empezar), no conoció–. Este compromiso se manifestó en la brutalidad con la que las autoridades europeas trataron a Grecia cuando sus votantes, tras más de seis años de recesión inducida por la austeridad, eligieron al partido de izquierda Syriza el 25 de enero de 2015. Nueve días después de que Syriza tomase posesión, el BCE interrumpió su línea de crédito primaria y más barata. A continuación restringió la cantidad de crédito que los bancos griegos podían aportar al gobierno, algo que no había hecho con el gobierno conservador previo. Esto estrechó el nudo financiero alrededor del cuello de Grecia y contribuyó a la huida de capitales que favoreció otro empujón a Grecia hacia una nueva recesión. Entre diciembre de 2014 y el mes de abril siguiente, más de mil millones de euros (alrededor del 13% del PIB griego) salió de los depósitos bancarios griegos. Pero esto era sólo el principio. Enseguida se vio que las autoridades europeas, lideradas por el BCE, estaban siguiendo una estrategia de cambio de régimen en Grecia. Estaban debilitando la economía con la esperanza de que el daño erosionara el apoyo al gobierno. Hubo divisiones entre las autoridades europeas; el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Shäuble, habló abiertamente de forzar la salida de Grecia del euro. Pero como confirmó Varoufakis en las rondas de negociación europeas de alto nivel, quedó claro que la Canciller alemana Angela Merkel prefería mantener a Grecia en el euro, con Syriza fuera. La administración Obama resultó estar de acuerdo con esto por razones geopolíticas. A posteriori, quedó claro que no hubo negociaciones reales en marcha. Cuando las autoridades europeas se dieron cuenta de que Grecia nunca saldría del euro –independientemente del resultado de las negociaciones–, no tenían más motivos para hacer concesiones. Fue solo palo y nada de zanahoria. Cuando el primer ministro Alexis Tsipras anunció que habría un referéndum el 5 de julio sobre el plan de austeridad del Eurogrupo, se desató toda la furia de los jefes supremos. El BCE hizo algo que ningún banco central había hecho nunca a un gobierno bajo su jurisdicción: restringió lo suficiente el crédito como para forzar un bloqueo del sistema bancario, creando una grave crisis financiera en Grecia, forzando el establecimiento de controles de capitales que todavía hoy siguen haciendo daño a la economía. Los funcionarios europeos, que intentaron influir en el resultado declarando públicamente que un voto por el “No” significaría la salida de Grecia del euro, dejaron claro que este asalto al sistema financiero buscaba reducir a Grecia a la sumisión. Sorprendentemente, los votantes griegos rechazaron de forma abrumadora el plan de austeridad. Este desafío ante la violenta arremetida mediática y el bloqueo del sistema bancario es bastante extraordinario. Sin embargo, Tsipras y la mayor parte de los líderes de Syriza decidieron que no había más opción que aceptar las exigencias de las autoridades, a pesar de su larga campaña contra éstas y la austeridad en general. Quizá aún más extraordinariamente, a pesar de algunas deserciones en el ala izquierda del partido, fueron reelegidos en septiembre. Aunque Syriza perdió su batalla crucial sobre la política económica, la estrategia de cambio de régimen también fracasó porque un número suficiente de votantes griegos comprendieron que el gobierno no fue el culpable del daño económico que el BCE había infligido. La reelección de Syriza es la prueba no sólo de las excepcionales habilidades políticas de Tsipras, sino también de la presión ejercida por la camisa de fuerza en la que los griegos se consideraban atrapados. Llevo años defendiendo que Grecia podría haberse recuperado mucho antes si se hubiera salido del euro en lugar de firmar el primer acuerdo con el FMI en 2010, lo que les llevó a una espiral descendente que destruiría el 25% de la economía griega y empujaría a un cuarto de la fuerza de trabajo y a la mayoría de los jóvenes griegos al desempleo. Muchos economistas comparten esta visión. El ex-economista del FMI Arvind Subramanian escribió ya en 2012 que Grecia podría recuperarse tan exitosamente fuera del euro que podría convencer a otros muchos países de la Eurozona seguir el mismo camino. Ninguna de las crisis financieras y recesiones asociadas con devaluaciones en las últimas dos décadas, algunas de ellas bastante graves, se acerca a la recesión prolongada que ha sufrido Grecia. Y el país no está en ningún caso fuera de peligro: se prevé que su economía volverá a crecer en 2017 tras caer este año, pero los pronósticos del FMI para Grecia han sido excesivamente optimistas prácticamente todos los años desde 2010 y la insostenibilidad de la deuda del país hace que crisis adicionales sean probables. ¿Dónde deja esto a España? El relato de la derecha es que el país se está recuperando gracias a las políticas del gobierno y que los votantes no deberían arruinar el progreso generando inestabilidad política –esto es, votando a una alternativa de izquierda–. Un relato en cierto modo más extendido saca una lección simple de Grecia: desafiar a las autoridades europeas es contraproducente y no hay alternativas al actual programa económico y al desempleo masivo. Estos relatos son erróneos. Aunque la economía española creció un 3,2% en 2015, la parte del crecimiento que se puede atribuir al éxito de las políticas de austeridad es pequeña o incluso nula. El gobierno ha seguido una política de “devaluación interna”: ya que España no puede devaluar directamente el euro, puedo hacerlo efectivamente más barato reduciendo los precios y salarios internos. Esta devaluación se ha llevado a cabo a través de políticas que han generado recesión y un desempleo creciente, con la esperanza de que las exportaciones reaviven la economía. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento reciente no viene de las exportaciones netas, sino de la relajación de la austeridad presupuestaria así como de la caída de los precios del petróleo (que permite a los consumidores contar con más dinero para gastar) y de la flexibilización cuantitativa del BCE (que reduce los tipos de interés). España es la cuarta economía más grande de la Eurozona. No opera bajo un acuerdo de préstamo europeo o del FMI que la obligue a sabotear su propia economía. Sería significativamente más arriesgado, financiera y políticamente, para el BCE intentar bloquear el sistema bancario español, como hizo con Grecia. Y hay caminos hacia el pleno empleo y el progreso social en los que un gobierno español resuelto podría embarcarse manteniéndose dentro del euro. Algunos de éstos pueden verse en el programa económico de Podemos. Por estas razones, Podemos ha dejado claro que seguirá su programa económico dentro de la Eurozona. Esto tiene sentido, dadas las graves dificultades políticas actuales para cualquier gobierno que siquiera proponga salirse del euro. Sin embargo, desde un punto de vista puramente económico, abandonar el euro sería el camino más rápido hacia el pleno empleo y el retorno a una creciente mejora en nivel de vida de la mayoría. El liderazgo neoliberal de Europa está ofreciendo un futuro nefasto, especialmente a la juventud europea. En España, un quinto de la fuerza de trabajo está desempleada, incluyendo a la mitad de los jóvenes, y un 60 % de los desempleados llevan sin empleo desde hace más de un año. El FMI estima que el desempleo se mantendrá en el 16-17% cuando España alcance su plenitud productiva dentro de unos años. En otras palabras, este es el mejor escenario que puede alcanzar. Incluso para toda la Eurozona, el pronóstico de desempleo es de más de un 9% en 2020, cuando se prevé que la economía llegue a la plenitud de su producción potencial. Las autoridades europeas están intentando crear una nueva imagen del desempleo de masas, un Estado de bienestar reducido y un empeoramiento de la distribución de la renta como nueva norma para Europa, al igual que los salarios estancados y la desigualdad creciente se convirtieron en norma en la economía estadounidense desde los años 80. En su relato, los beneficios electorales de los partidos de la derecha, anti-inmigrantes y racistas, se deben a un sentimiento “antieuropeo”; en lo que respecta a la camisa de fuerza neoliberal –desde todos los puntos del espectro político– acumulan un criticismo válido. Son, precisamente, sus propias políticas y el daño que resulta de ellas lo que ha llevado, por ejemplo, a los trabajadores franceses a votar al Frente Nacional No hay ningún motivo económico para que los europeos se rindan a la agenda política que ya les ha sometido al fracaso económico prolongado. Pero para rechazar tal programa, necesitarán gobiernos progresistas suficientemente fuertes para implementar alternativas prácticas a nivel nacional. Será una carrera contrarreloj ver si estos esfuerzos pueden tener éxito antes de que se produzca un mayor daño estructural. Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C., y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro “Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy" (2015, Oxford University Press) (“Errados: en qué se equivocaron los ‘expertos’ acerca de la economía global”).