International Monetary Fund

Fondo Monetario Internacional

Op-Ed/Commentary

Globalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Por qué los DEG pertenecen a los Estados, no a los Bancos Centrales
FT Alphaville, 8 de septiembre de 2021 Ver artículo en el sitio original In English En français La asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI añadió al sistema financiero mundial este 23 de agosto, tiene un potencial de liquidez de 650.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los países con las economías más afectadas del mundo tienen dificultades a la hora de utilizar esa liquidez, debido en parte a desacuerdos que existen sobre quién tiene el derecho de propiedad de estos fondos: los bancos centrales o los gobiernos. Dado que los DEG son relativamente desconocidos para muchos legisladores y políticos de América Latina; Latindadd, una organización de la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los impuestos, la deuda y el desarrollo, publicó en agosto un manual sobre el uso fiscal de los DEG con el fin de orientar la política económica en este ámbito. Como se señala en este manual, los DEG son un activo de reserva internacional, que fue creado por el FMI en 1969 para facilitar los pagos internacionales. Los DEG no constituyen una deuda o un préstamo, sino un derecho potencial sobre las monedas fuertes de libre uso de otros miembros del FMI. Históricamente, estos derechos se han utilizado ocasionalmente para pagar los programas de préstamos del FMI. Esto implica que los activos están, y siempre han estado, estrechamente relacionados con los presupuestos fiscales. Sin embargo, en México, el banco central del país, conocido como Banxico, publicó recientemente una declaración en la que afirma que es esta entidad, y no el gobierno, quien debe mantener el control sobre los 12.000 millones de dólares en DEG que el Estado ha recibido por parte del FMI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo. Él cree que los DEG deben ir al presupuesto del gobierno. Es López Obrador quien tiene la razón. Y es importante que la comunidad internacional entienda por qué es así, desde el punto de vista legal. Según los artículos XV y XVII del Convenio Constitutivo del FMI, los DEG pertenecen a los "miembros". Los miembros son los gobiernos de los países, no sus bancos centrales. La guía recientemente emitida por el FMI dice: Los miembros tienen un amplio grado de libertad en cuanto a la gestión de los DEG que se les asignan, en particular en lo referente a la participación de los bancos centrales en su gestión y a la posibilidad de utilizarlos directamente para el apoyo presupuestario. La anotación 13 dice: En algunos países, las autoridades contabilizan los DEG en el balance gubernamental y su legislación nacional especifica que un organismo gubernamental es el propietario final de los DEG. Con respecto a la legislación doméstica, Banxico argumenta que el artículo 20 de la propia Ley del Banco de México, cataloga a los DEG como parte de sus reservas internacionales, está confundiendo la naturaleza de los DEG como activos, con la naturaleza de los DEG como propiedad. En términos financieros, Banxico puede seguir manteniendo los DEG como parte de sus reservas, al mismo tiempo que reconoce que la asignación le pertenece al gobierno. Un ejemplo claro de este precepto es el siguiente. Cuando Pemex, la empresa petrolera de México, vende petróleo, obtiene dólares a cambio. Pemex deposita esos dólares en Banxico. Banxico acredita la cuenta de Pemex y aumenta sus reservas internacionales, pero los dólares son de propiedad de Pemex. Lo mismo debería ocurrir con los DEG: la Hacienda mexicana recibe la asignación de DEG, los registra como parte del presupuesto y luego deposita los DEG en Banxico. Haciendaaumenta sus propios saldos, Banxico aumenta sus reservas internacionales, pero los DEG son de propiedad del gobierno. ¿Se imaginan que sólo porque el artículo 20 de la ley de Banxico, enumere a los billetes en moneda extranjera, el oro y los depósitos en el extranjero como tipos de activos de reserva, Banxico se apropie propiedad de todos los billetes en dólares, el oro y los depósitos en el extranjero? Incluso si Banxico quiere imponer esta interpretación errónea de su legislación interna, el Convenio Constitutivo del FMI tiene carácter de tratado internacional, y por lo tanto prevalece sobre las leyes internas. Banxico dice que todos los DEG que se reciban, tienen que ser registrados como un activo y como un pasivo del banco central. Esto es un mito. La guía reciente del FMI dice: El Convenio Constitutivo del FMI no dispone un tratamiento contable específico para las asignaciones de DEG. Por consiguiente, los miembros no están obligados, en virtud de este Convenio Constitutivo, a seguir un marco contable o una metodología específica en relación con sus asignaciones. Cabríar esperar que los miembros que se hayan adherido voluntariamente a las mejores prácticas estadísticas específicas presenten y difundan sus datos de acuerdo con las mejores prácticas que hayan suscrito. La mejor práctica que "cabría esperar" procede de la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6). Pero el MBP6 es sólo un conjunto de recomendaciones estadísticas; en su capítulo introductorio queda muy claro su carácter no vinculante: 1.7 Las definiciones y tipificaciones de este Manual no pretenden hacer efectivas, ni interpretar diversas disposiciones (que se refieren a la caracterización jurídica de la acción u omisión oficial en relación con dichas transacciones) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Conforme a la creación de los DEG en 1969 como "oro de papel", la quinta versión del mismo manual (BPM5) (aplicada de forma destacada la última vez que se emitieron DEG, en 2009) decía claramente que "los DEG son activos de reservas internacionales creados por el FMI" y que "los miembros del FMI a los que se asignan DEG no contraen pasivos reales (incondicionales) para reembolsar las asignaciones de DEG". El apéndice del manual añade: “se trata de activos que no tienen obligaciones financieras pendientes como contrapartida.” La postura económica de López Obrador es la correcta. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha hecho un valiente llamado a los países más necesitados, señalando que las asignaciones de DEG de 2009 se utilizaron a menudo simplemente para aumentar las reservas. Esta vez espera que sea diferente: "Les pedimos -a los líderes- que utilicen estos recursos de forma estratégica, para las principales prioridades. Y, por supuesto, la auto-resiliencia en materia de salud es una prioridad absoluta", dijo. López Obrador propone utilizar los DEG en beneficio del pueblo y para reducir los pagos del servicio de la deuda de su gobierno. Aunque por mi parte preferiría que los DEG se destinaran a la recuperación económica, a préstamos en favor de las pequeñas empresas y a obras de infraestructura esenciales; le corresponde al pueblo mexicano -y a su gobierno democráticamente electo- decidir cuál es la mejor manera de utilizarlos, y no a los funcionarios de los bancos centrales que quieren neutralizar y guardar esta inyección de DEG que tanto trabajo ha costado conseguir en una reserva internacional que de por sí, ya está muy elevada. Sería una lástima que, después de todos los esfuerzos que la sociedad civil y diversos líderes a nivel mundial para lograr esta asignación de DEG, los DEG se quedaran sin utilizar en medio de una pandemia por culpa de falsos obstáculos tecnocráticos. La actuación de México en este caso sentará un precedente para el resto de países en vías de desarrollo.

Andrés Arauz / 14 Septiembre 2021

Op-Ed/Commentary

EcuadorFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo El FMI impone más recortes para Ecuador, aunque predica lo contrario
OpenDemocracy Ver artículo en el sitio original In English El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador. En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens "Historia de dos ciudades". Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió. La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que los recortes y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el "crecimiento inclusivo". Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de los recortes. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública. Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: ajustes, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como "proteger a los más vulnerables" junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo. Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende "avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior". El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador. La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19. Los ajustes sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público. El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de "eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital". El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos. El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso "impulsará la competitividad". Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una "racionalización de los gastos salariales" que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la "reforma laboral" apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios. Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital. El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica. El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente. >El programa para Ecuador es sola una señal de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones. Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años. El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando los recortes perjudicial, que aumenta la desigualdad. El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Lara Merling / 15 Octubre 2020

Op-Ed/Commentary

EcuadorGlobalización y comercioFondo Monetario InternacionalAmérica Latina y el CaribeEl Mundo Después de la debacle argentina, el FMI respalda controles de capital más débiles en Ecuador
Lara MerlingOpenDemocracy, 18 de diciembre de 2019 Ver artículo en la página web original In English El FMI respalda una reforma fiscal en Ecuador que permitirá la fuga de capitales e impone más austeridad. Durante el año pasado, un Fondo Monetario Internacional (FMI) relanzado regresó a América Latina con promesas de acuerdos de préstamo que serían diferentes a los temidos "programas de ajustes estructurales" del pasado. Detrás de las declaraciones de crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables, subyacen políticas similares a las implementadas con los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar del colapso del programa en Argentina, que dejó al país hundido en la pobreza y con una economía colapsada, el FMI parece decidido a implementar su acuerdo con Ecuador.   La situación no ha sido alentadora para esta organización en el país suramericano. Una ola de protestas masivas estalló luego de un intento de imponer un alza de precios de combustible, como parte del acuerdo con el FMI, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente el acuerdo con la organización. El FMI anunció recientemente sus planes de reanudar el programa con Ecuador después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara un proyecto de ley de reforma tributaria. Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el proyecto de ley incluye varias disposiciones que buscan debilitar y, fundamentalmente, hacer ineficaces los controles de capital en ese país. Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital en 2007, gravando las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Las medidas han logrado éxito en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y aumento de los ingresos del gobierno. Es importante considerar que el proyecto de ley original contemplaba que los ingresos para financiar actividades productivas y la permanencia en el país por al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no podían estar exentas del pago del impuesto. El nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador elimina la disposición sobre paraísos fiscales, reduce el período de espera para que algunas inversiones queden exentas del pago de impuesto y retira por completo esta contribución fiscal de los mercados de valores y acciones, así como de inversiones financieras.  Los cambios en la legislación efectivamente permiten la especulación financiera. Asimismo, al eliminar la disposición de los paraísos fiscales, el nuevo instrumento permite tanto a inversionistas nacionales como internacionales redirigir su dinero como "IED fantasma", lo que exonera el pago de impuestos tanto de entrada como de salida del capital.  Las medidas incluidas en este proyecto de ley contradicen expresamente la posición supuestamente evolucionada del fondo sobre controles de capital. Un artículo reciente publicado en el Financial Times elogió la tibieza del FMI hacia los controles de capital, por medio de una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios del organismo, en lo que catalogan de "gestión del flujo de capital.” Dichos pronunciamientos están en consonancia con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. La posición del ente reconoció que la liberalización de las cuentas de capital podría no ser la medida adecuada, bajo ninguna circunstancia, lo que distancia al organismo de sus posturas dogmáticas neoliberales de cuentas de capital abierto.   En los Artículos de Acuerdo del FMI se afirma que los recursos del fondo no pueden ser utilizados para "satisfacer una salida sostenida de capital". Sin embargo, fue exactamente lo que sucedió en Argentina, donde hubo una fuga de 36,6 mil millones de dólares del país con el desembolso del FMI de 44,5 mil millones de dólares. La fuga de capital sostenida innegablemente fue un factor que contribuyó al fracaso colosal del último programa del FMI implementado en Argentina. En ese sentido, y dado el contexto actual, parece natural preguntarse porqué el fondo está presionando la implementación de medidas que debilitan los controles de capital en Ecuador. Debido a que el impuesto a la salida de divisas ya no se aplica a las inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (reales) no puede justificar estas disposiciones.   Además, las medidas impopulares exigidas por el FMI, las cuales generaron protestas masivas a principios de octubre de este año, fueron pospuestas.  Todo parece indicar que el fondo redoblará un programa de austeridad en Ecuador, lo cual probablemente producirá una recesión prolongada y proyecciones de crecimiento que nunca se materializarán (una característica común en los programas del FMI).  Por lo tanto, es poco realista creer que las medidas condensadas en el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal atraerán nuevas inversiones productivas. Lo más probable es que se produzca un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazará aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el propio programa, el FMI reconoce que el ambiente actual, el cual solo ha empeorado desde la firma del acuerdo, pudiera no ser el más idóneo para implementar la eliminación del impuesto a las transferencias extranjeras.   Sin embargo, el fondo afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento robusto y sustentable, al tiempo que protege a los más vulnerables", pero el proyecto de ley de reforma tributaria no incluye ningún apartado al respecto. Por el contrario, permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno, facilita la evasión fiscal y la especulación e introduce medidas fiscales regresivas que colocan la carga de ajuste sobre los más vulnerables de Ecuador. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores cometidos en Argentina, el FMI parece repetirlos.

CEPR / 22 Diciembre 2019

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